/ martes 29 de mayo de 2018

Lento, el nuevo sistema penal en Veracruz; no da resultado esperado

Se tardaría hasta 40 años en lograr nivel óptimo de operación

Xalapa, Ver.- El 83% de las carpetas de investigación iniciadas en 2017 hasta enero de 2018 registró un rezago, a pesar de que uno de los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) era reducir los tiempos de atención.

De acuerdo con datos publicados en el Sistema Infomex Veracruz, la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que —durante 2017 hasta el 10 enero de 2018— se iniciaron 67 mil 207 carpetas de investigación, de las cuales 56 mil 207 se reportaron en trámite, mientras que 8 mil 271 casos fueron clasificados bajo el estatus de archivo temporal.




Del total de las carpetas iniciadas en este periodo, 11 mil contaron con determinación, que representan casi 17%, lo cual puede indicar que la capacidad de investigación y los procesos preparativos se encontraron con obstáculos al interior del sistema de justicia y de seguridad.

Dentro de los objetivos básicos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es contar con investigaciones sólidas que garanticen el esclarecimiento de los hechos y permitan identificar y sancionar a los responsables de los delitos.

EL PRESUPUESTO

Para la implementación del SJP en Veracruz, la Federación destinó un total de $291,870,871.02, mismos que se integraron con la aportación del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al SJP por parte de Banobras ($198,878,371) en el periodo 2014-2016, y el subsidio SETEC que fue de $92,992,500.02, en el periodo 2010-2016.

En la distribución presupuestal para este año, a la Fiscalía General del Estado (FGE) se le destinó un monto total de $1,445,026,868, de los cuales $166,016,401 correspondían a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); sin embargo, el pasado mes de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer una inversión para Veracruz de $308,485,027, una cifra mayor a lo previsto.

DESAFÍOS DEL SISTEMA

En julio de 2017 el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) presentó un ranking del avance de consolidación del NSJP, donde los estados que registraron un porcentaje bajo fueron Guerrero, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Nayarit y Tlaxcala.

Se estima que las entidades con peor rezago en impartición de justicia bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal podrían tardar de 30 a 40 años para lograr un nivel óptimo de operación.

Asimismo la CIDAC considera que para garantizar los más altos estándares “es imperante que se atiendan las muchas brechas y los vacíos del proceso que aún persisten y que representan un obstáculo para el acceso a una justicia de calidad”.



Entre las cuestiones prioritarias, apunta que es fundamental fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares en las entidades federativas.

Al respecto, en el Autodiagnóstico Nacional 2017 sobre la Implementación del Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, presentado el pasado 26 abril por el SESNSP, la entidad veracruzana se autocalificó con un avance promedio bajo.

El autodiagnóstico se realizó con base en tres ejes rectores que contempla el Modelo Homologado de UMECAS, pieza fundamental del Sistema de Justicia Penal: Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Procesos y Manuales, así como el eje de Gestión de Calidad.

Dentro de esta autoevaluación, Veracruz reportó un alto grado de avance en la elaboración de procesos y manuales; en cambio, en Infraestructura y Equipamiento informó estar sin avances, mientras que en Recursos Humanos y Gestión de Calidad el avance aún es bajo.

El fortalecimiento de las UMECAS en cada entidad federativa permite aportar información para que los jueces determinen la medida cautelar idónea para un imputado (incluyendo la prisión preventiva), incluso cuando el delito que se le imputa no se encuentra en el catálogo de delitos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Actualmente las entidades con mayor avance son Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

Mientras que Veracruz, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Tabasco y Campeche aún registran avances bajos para el fortalecimiento de las UMECAS.

Xalapa, Ver.- El 83% de las carpetas de investigación iniciadas en 2017 hasta enero de 2018 registró un rezago, a pesar de que uno de los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) era reducir los tiempos de atención.

De acuerdo con datos publicados en el Sistema Infomex Veracruz, la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que —durante 2017 hasta el 10 enero de 2018— se iniciaron 67 mil 207 carpetas de investigación, de las cuales 56 mil 207 se reportaron en trámite, mientras que 8 mil 271 casos fueron clasificados bajo el estatus de archivo temporal.




Del total de las carpetas iniciadas en este periodo, 11 mil contaron con determinación, que representan casi 17%, lo cual puede indicar que la capacidad de investigación y los procesos preparativos se encontraron con obstáculos al interior del sistema de justicia y de seguridad.

Dentro de los objetivos básicos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es contar con investigaciones sólidas que garanticen el esclarecimiento de los hechos y permitan identificar y sancionar a los responsables de los delitos.

EL PRESUPUESTO

Para la implementación del SJP en Veracruz, la Federación destinó un total de $291,870,871.02, mismos que se integraron con la aportación del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al SJP por parte de Banobras ($198,878,371) en el periodo 2014-2016, y el subsidio SETEC que fue de $92,992,500.02, en el periodo 2010-2016.

En la distribución presupuestal para este año, a la Fiscalía General del Estado (FGE) se le destinó un monto total de $1,445,026,868, de los cuales $166,016,401 correspondían a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); sin embargo, el pasado mes de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer una inversión para Veracruz de $308,485,027, una cifra mayor a lo previsto.

DESAFÍOS DEL SISTEMA

En julio de 2017 el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) presentó un ranking del avance de consolidación del NSJP, donde los estados que registraron un porcentaje bajo fueron Guerrero, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Nayarit y Tlaxcala.

Se estima que las entidades con peor rezago en impartición de justicia bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal podrían tardar de 30 a 40 años para lograr un nivel óptimo de operación.

Asimismo la CIDAC considera que para garantizar los más altos estándares “es imperante que se atiendan las muchas brechas y los vacíos del proceso que aún persisten y que representan un obstáculo para el acceso a una justicia de calidad”.



Entre las cuestiones prioritarias, apunta que es fundamental fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares en las entidades federativas.

Al respecto, en el Autodiagnóstico Nacional 2017 sobre la Implementación del Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, presentado el pasado 26 abril por el SESNSP, la entidad veracruzana se autocalificó con un avance promedio bajo.

El autodiagnóstico se realizó con base en tres ejes rectores que contempla el Modelo Homologado de UMECAS, pieza fundamental del Sistema de Justicia Penal: Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Procesos y Manuales, así como el eje de Gestión de Calidad.

Dentro de esta autoevaluación, Veracruz reportó un alto grado de avance en la elaboración de procesos y manuales; en cambio, en Infraestructura y Equipamiento informó estar sin avances, mientras que en Recursos Humanos y Gestión de Calidad el avance aún es bajo.

El fortalecimiento de las UMECAS en cada entidad federativa permite aportar información para que los jueces determinen la medida cautelar idónea para un imputado (incluyendo la prisión preventiva), incluso cuando el delito que se le imputa no se encuentra en el catálogo de delitos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Actualmente las entidades con mayor avance son Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

Mientras que Veracruz, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Tabasco y Campeche aún registran avances bajos para el fortalecimiento de las UMECAS.

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