/ lunes 19 de julio de 2021

Lo que ganan no les alcanza a 2 millones de veracruzanos

Tienen condiciones de trabajo precario, sin Seguro Social y no les alcanza ni para la canasta básica, advierte organización

En la entidad veracruzana hay 2 millones 260 mil personas en condiciones de trabajo precario, que carecen de seguro social y/o un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, de acuerdo con el Semáforo de Trabajo Digno realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Hasta el primer trimestre del año, sólo 329 mil veracruzanos contaban con un trabajo formal, con un ingreso laboral superior al costo de la canasta familiar (el costo de dos canastas básicas, es decir, que ganan más de 7 mil 500 pesos) y con afiliación al seguro social.

Foto: Archivo | Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

A pesar de que Veracruz cuenta con un población productiva potencial de 4 millones 744 mil personas en condición y en edad para trabajar, hay 1 millón 792 mil personas excluidas del campo laboral. Esta exclusión, explica el Observatorio de Trabajo Digno, comprende a las personas desempleadas (las desocupadas y las disponibles para trabajar) y las personas que no están disponibles para trabajar por realizar trabajos domésticos y de cuidados.

El análisis sobre la situación laboral en el estado revela que dentro de 1 millón 174 mil personas en Veracruz que no están disponibles para trabajar por atender las labores domésticas y necesidades de cuidados, el 96 por ciento son mujeres.

El Semáforo de Trabajo Digno por Estados de la Región Sur- Sureste, que analiza los reportes trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), informa que esta región es la que registra menor desarrollo en el país: de 20 millones de personas en edad y posibilidades de trabajar, tiene apenas 1.5 millones de personas beneficiadas por el trabajo digno.

Esta región –integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán– suma 7 millones de personas que están totalmente excluidas del mercado laboral porque no encuentran trabajo o porque no pueden buscarlo por estar ocupadas en los quehaceres domésticos.

El estudio apunta que la pandemia de Covid-19 sólo agravó una situación que ya era insostenible. La pobreza en México aumentó en 12 millones de personas; 3 millones más se quedaron sin empleo; 2.6 millones de personas quedaron subocupadas y, entre los empleos perdidos, se perdieron 2.3 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir salarios por arriba del costo de la canasta familiar.

Para atender esta problemática, los expertos proponen el aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, superior a 7 mil pesos mensuales; una reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; además de promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Asimismo considera que un punto clave para el nuevo paradigma laboral es la creación, con presupuesto propio, de un sistema nacional de cuidados que atienda las necesidades de niñas y niños, adultos mayores, de personas con discapacidad, y facilite que millones de mujeres dediquen su tiempo a lo que prefieran, entre otras, al empleo remunerado, al trabajo digno.

En la entidad veracruzana hay 2 millones 260 mil personas en condiciones de trabajo precario, que carecen de seguro social y/o un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, de acuerdo con el Semáforo de Trabajo Digno realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Hasta el primer trimestre del año, sólo 329 mil veracruzanos contaban con un trabajo formal, con un ingreso laboral superior al costo de la canasta familiar (el costo de dos canastas básicas, es decir, que ganan más de 7 mil 500 pesos) y con afiliación al seguro social.

Foto: Archivo | Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

A pesar de que Veracruz cuenta con un población productiva potencial de 4 millones 744 mil personas en condición y en edad para trabajar, hay 1 millón 792 mil personas excluidas del campo laboral. Esta exclusión, explica el Observatorio de Trabajo Digno, comprende a las personas desempleadas (las desocupadas y las disponibles para trabajar) y las personas que no están disponibles para trabajar por realizar trabajos domésticos y de cuidados.

El análisis sobre la situación laboral en el estado revela que dentro de 1 millón 174 mil personas en Veracruz que no están disponibles para trabajar por atender las labores domésticas y necesidades de cuidados, el 96 por ciento son mujeres.

El Semáforo de Trabajo Digno por Estados de la Región Sur- Sureste, que analiza los reportes trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), informa que esta región es la que registra menor desarrollo en el país: de 20 millones de personas en edad y posibilidades de trabajar, tiene apenas 1.5 millones de personas beneficiadas por el trabajo digno.

Esta región –integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán– suma 7 millones de personas que están totalmente excluidas del mercado laboral porque no encuentran trabajo o porque no pueden buscarlo por estar ocupadas en los quehaceres domésticos.

El estudio apunta que la pandemia de Covid-19 sólo agravó una situación que ya era insostenible. La pobreza en México aumentó en 12 millones de personas; 3 millones más se quedaron sin empleo; 2.6 millones de personas quedaron subocupadas y, entre los empleos perdidos, se perdieron 2.3 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir salarios por arriba del costo de la canasta familiar.

Para atender esta problemática, los expertos proponen el aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, superior a 7 mil pesos mensuales; una reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; además de promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas.

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