Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz solicitó al congreso local la autorización para poder modificar los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción de las 20 ciudades judiciales.
A través de la correspondencia recibida en el Poder Legislativo se dio entrada al oficio 505/2020, remitido el pasado 15 de julio, en el que se pide poder cambiar las condiciones por las que se aprobó la construcción de ciudades judiciales.
“Solicita autorización para la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta veinte centros de impartición de justicia del poder judicial”, se indica en el documento.
La petición se remitió a las comisiones permanente unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y Hacienda del Estado para ser dictaminado.
En datos públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial se da a conocer que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales
Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña, expresidente del Poder Judicial.
Los empresarios Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas.
El Poder Judicial tendrá que pagar más de 6 mil millones de pesos para la edificación de las ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de entre 25 y 27 años; además, se tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 millones de pesos anuales.
