/ jueves 19 de noviembre de 2020

Magistrada presidenta reconoce impunidad en presidencialismos pasados

Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del TSJ se comprometió a continuar trabajando, para lo cual anunció que pronto inaugurarán cuatro ciudades judiciales

Xalapa, Ver.- Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, presentó el primer informe de actividades 2019-2020, con el reconocimiento de que pesan sobre los poderes que integran al Estado una crisis de credibilidad entre la ciudadanía, la cual califica el trabajo que realizan “como deficiente y hasta lleno de actos de corrupción”.

La magistrada dijo que uno de los mayores males que heredaron de presidencialismos autoritarios pasados son la injusticia y la impunidad. Apuntó además que con la alternancia política los poderes se cimbran y éste no es la excepción.

 

 

A pesar del panorama, se comprometió a continuar trabajando, para lo cual anunció que pronto inaugurarán cuatro ciudades judiciales más que “permitirán dar mejor servicio a la ciudadanía”.

En su discurso, expuso que no fue sino hasta hace pocos años que han tenido acceso a los presupuestos, con los cuales han creado espacios necesarios donde los ciudadanos puedan dirimir de mejor manera sus conflictos frente a los jueces.

Este esfuerzo por dignificar la administración de justicia paulatinamente se va concretando al construir las ciudades judiciales a lo largo del estado, al tener salas en el nuevo sistema oral

La Magistrada pidió se diseñe de manera conjunta entre los poderes Legislativo y judicial los mecanismos financieros para que los gobernados tengan una justicia pronta, expedita y absoluta.

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Foto: Cortesía | Gobierno del estado de Veracruz

Con respecto a la pandemia por el Covid-19, explicó que seguir las indicaciones para evitar la propagación del virus y no mantenerse activos en su totalidad llevó a que el concepto de justicia pronta y expedita volviera a quedar en entredicho.

Además, evidenció que se desarrollaron tres fenómenos: “una compresible irritación de los justiciables, al alargarse los plazos para la solución de sus problemas; el enojo de los abogados postulantes que vieron fuertemente afectado su trabajo y sintieron con dureza la crisis sanitaria, convertida en una crisis económica que afectó a su familias, así como el estrés y angustia de jueces y personal que integra los juzgados, pues tenía que continuar su servicio, aunque fuera disminuido y con guardias escalonadas”.

En presencia del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y Adriana Paola Linares, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la magistrada presidenta presentó la numeralia de actividades realizadas en las distintas áreas, tanto en casos específicos como en capacitaciones, coloquios, foros y encuentros.

Foto: Cortesía | Gobierno del estado de Veracruz


Xalapa, Ver.- Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, presentó el primer informe de actividades 2019-2020, con el reconocimiento de que pesan sobre los poderes que integran al Estado una crisis de credibilidad entre la ciudadanía, la cual califica el trabajo que realizan “como deficiente y hasta lleno de actos de corrupción”.

La magistrada dijo que uno de los mayores males que heredaron de presidencialismos autoritarios pasados son la injusticia y la impunidad. Apuntó además que con la alternancia política los poderes se cimbran y éste no es la excepción.

 

 

A pesar del panorama, se comprometió a continuar trabajando, para lo cual anunció que pronto inaugurarán cuatro ciudades judiciales más que “permitirán dar mejor servicio a la ciudadanía”.

En su discurso, expuso que no fue sino hasta hace pocos años que han tenido acceso a los presupuestos, con los cuales han creado espacios necesarios donde los ciudadanos puedan dirimir de mejor manera sus conflictos frente a los jueces.

Este esfuerzo por dignificar la administración de justicia paulatinamente se va concretando al construir las ciudades judiciales a lo largo del estado, al tener salas en el nuevo sistema oral

La Magistrada pidió se diseñe de manera conjunta entre los poderes Legislativo y judicial los mecanismos financieros para que los gobernados tengan una justicia pronta, expedita y absoluta.

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Foto: Cortesía | Gobierno del estado de Veracruz

Con respecto a la pandemia por el Covid-19, explicó que seguir las indicaciones para evitar la propagación del virus y no mantenerse activos en su totalidad llevó a que el concepto de justicia pronta y expedita volviera a quedar en entredicho.

Además, evidenció que se desarrollaron tres fenómenos: “una compresible irritación de los justiciables, al alargarse los plazos para la solución de sus problemas; el enojo de los abogados postulantes que vieron fuertemente afectado su trabajo y sintieron con dureza la crisis sanitaria, convertida en una crisis económica que afectó a su familias, así como el estrés y angustia de jueces y personal que integra los juzgados, pues tenía que continuar su servicio, aunque fuera disminuido y con guardias escalonadas”.

En presencia del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y Adriana Paola Linares, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la magistrada presidenta presentó la numeralia de actividades realizadas en las distintas áreas, tanto en casos específicos como en capacitaciones, coloquios, foros y encuentros.

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