Bajo el argumento de generar independencia administrativa y económica para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el grupo legislativo de Morena propuso elevar de rango esta área para que sea un organismo autónomo.
A través de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia la iniciativa, la diputada morenista, Janix Liliana Castro Muñiz presentó ante el Pleno esta iniciativa con la que, dijo, se busca que este nuevo órgano cuente con autonomía e independencia plenas en el ejercicio de su función.
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¿De qué forma lograrían darle autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción?
Para poder lograr esta acción, se busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a fin de que la Fiscalía Anticorrupción sea considerada el Ministerio Público con competencia exclusiva en los delitos por hechos de corrupción.
“Se busca equiparar su grado jerárquico al de la Fiscalía General del Estado sólo por cuanto al conocimiento de los asuntos que le competen a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, se expone en la propuesta.
Conforme a lo establecido al documento presentado por el grupo legislativo de Morena se pretende dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, específicamente en cuatro categorías: Administrativa, técnica, de gestión y de decisión.
En el área administrativa se busca que esta Fiscalía cuente con la facultad de decidir de forma independiente sobre el régimen laboral y administrativo, cese o baja de sus servidores públicos, fijación de montos salariales, creación o supresión de áreas.
En el área técnica se podrá disponer libremente los actos, métodos y procedimientos, adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y objetivos.
En el área de gestión se integra la disposición de recursos propios y suficientes para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con las necesidades y exigencias que requiera el servicio.
Mientras que en el área de decisión se incluye a la competencia específica y particular para emitir sus propias determinaciones en los asuntos puestos a su conocimiento, sin necesidad de recurrir a recomendación u opinión de un agente externo.
De aprobarse esta modificación la Fiscalía quedaría limitada en sus competencias en materia de combate a la corrupción, con el objetivo de que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción, correspondan exclusivamente a esta área.
De la misma forma, se modificaría la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad se circunscribe únicamente para dicha entidad.
En la propuesta también se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado; eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante cualquier organismo o entidad.
Entre las acciones de beneficio para la Fiscalía Especializada, se integra que se genere el fortalecimiento de la misma y para su titular, quien contará con un amplio catálogo de funciones y atribuciones que le permitan ejercer su encargo sin mayor limitante que la propia ley, dotando de un marco de seguridad jurídica que respalde su actuación frente a los particulares sujetos a sus procedimientos como a la colaboración con otras entidades y organismos.
En la propuesta se integra la posibilidad de desaparecer las áreas de la FGE que lleven a cabo funciones en materia de combate a la corrupción para ser trasladadas a la estructura orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, la cual atraerá todos los asuntos que se encuentren en trámite para asumir su conocimiento, seguimiento y resolución.
En caso de aprobarse esta iniciativa, la FGE tendría que realizar las adecuaciones administrativas y financieras para cumplir con las disposiciones de la modificación, garantizando la subsistencia actual de los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía Especializada.
Para ello, el Congreso local iniciaría el procedimiento de nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, para lo cual contará con 30 días naturales para emitir la convocatoria respectiva, una vez que quede aprobada esta iniciativa.
