Del 2007 a la fecha el Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado más de 350 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presunto daño patrimonial, las cuales, en su conjunto, significan un monto mayor a 35 mil millones de pesos.
La auditora general, Delia González Cobos, señaló que dichas denuncias se presentaron por el presunto uso indebido de recursos en administraciones pasadas y el gobierno actual.
“Tuvimos un periodo, que todo mundo sabe, que fue difícil en cuanto al uso de recursos desviados en su momento en alguna administración”, expuso.
En entrevista, mencionó que durante la administración actual se han presentado 171 denuncias, equivalentes a un monto de 850 millones de pesos de presunto daño patrimonial.
“Hemos estado trabajando en esta administración sobre las conductas que consideramos que podrían ser constitutivas de delitos y se las hemos estado enviando a la Fiscalía, a partir de que iniciamos la administración tenemos 171 denuncias que significan un monto de alrededor de 850 millones de pesos por el servicio público que se ha prestado por entes fiscalizables ante los hechos que se considera derivarían en una acción del tipo penal”, dijo.
Indicó que los expedientes se han ido actualizando conforme a lo solicitado por la Fiscalía, a fin de que sean resueltos por el juez a cargo.
“Evidentemente esto lleva tiempo, no es inmediato, esto significa una variación, un expediente tal vez se puede integrar más rápido que otras, pero estamos atendiendo los requerimientos que la Fiscalía nos señale”, expresó.
MUNICIPIOS ACUMULAN MÁS OBSERVACIONES
Manifestó que los municipios son los que representan el mayor número de observaciones, debido a que la aplicación del recurso es en obras, “no sólo es si la obra quedó inconclusa, fue fallida o se pagó de más, sino de factores relacionados con la entrega de documentación”.
Detalló que en la etapa de fiscalización al revisar los documentos se ha identificado que las obras están funcionando, pero falta un permiso de alguna autoridad como Conagua, CAEV o la CFE, lo que señala como presunto daño patrimonial. Además, se realizan observaciones cuando la obra no se realiza en un terreno propiedad del ayuntamiento, ya que el recurso se aplica en un espacio que no es propio.
“Muchas veces tiene que ver con la urgencia de la realización de obras, aunque la ley es clara y hemos insistido en la capacitación, a veces se conoce que se requieren estos permisos y se hace por la presión social porque hay urgencia en llevar a cabo una situación relacionada con un problema de la comunidad, entonces ante la presión de los ciudadanos se hace la obra y luego se ve cómo se obtienen los documentos, pero al postergar se hacen observaciones y presuntos daños patrimoniales”, comentó.
Derivado de ello, planteó la posibilidad de generar una modificación al marco jurídico para que se otorgue una liberación para disminuir los obstáculos y no se deje de hacer obra cuando se requiere, pero que los entes fiscalizables no tengan daño patrimonial observado por la falta de entrega de documentos.
RECUPERACIÓN DE RECURSOS LLEVA TIEMPO
En torno a la recuperación de los recursos, la auditora explicó que en los casos en donde se señalan las conductas irregulares, éste acto se generaría hasta que el juez emita una sentencia en la que determine una reparación del daño.
“Dentro de la resolución puede incluirse esa instrucción judicial de reparar el daño, lo que significaría una recuperación de recursos para el Estado muy importante, ahorita hay una cantidad importante que podría recuperarse, pero está sujeta a una sentencia judicial, podría ser una parte o el total, según lo determine el juez, se trata de una resolución que lleva determinado tiempo”, puntualizó.
Destacó que la Sefiplan, dependencia encargada de la recuperación de recursos, debe realizar las acciones para que, al convertirse en créditos fiscales, puedan cobrarse.
“Se puede ejercer el procedimiento económico coactivo para que esos bienes puedan ser recuperados por el Estado y dependiendo de ello habrá una disposición en los términos que la ley señala y eso se entiende a que la libre disposición está sujeta a los parámetros de la ley, sí esperaríamos que la Sefiplan recuperara esas cantidades que son importantes”, agregó.
