/ sábado 5 de diciembre de 2020

Para el gobierno no hubo violación en caso Ernestina Ascencio

La respuesta demuestra profundo desdén en este caso, reprocha abogada

Xalapa, Ver.- El estado mexicano consideró que en el caso de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario “no se realizaron violaciones a los Derechos Humanos y se respaldó que la veracruzana no fue víctima de violación y falleció a causa de causas externas, esto durante la Audiencia Pública sobre el caso 13.425: Ernestina Ascencio Rosario y otras vs. México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de que las peticionarias del caso denunciaron que Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual y su muerte ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y adultas mayores, el Estado Mexicano representado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) respondió que se realizaron investigaciones eficaces, apegadas al derecho, respetando los derechos de las víctimas y las garantías de debido proceso en el caso.

El Fiscal Coordinador Especializado en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, Hernán Cortés Hernández respaldó los resultados de la investigación realizada en 2007 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se determina que la muerte de la mujer de 73 años falleció a causa de anemia aguda por sangrado y ulceras gástricas y no había sido resultado de la violación sexual cometida en su contra por parte de elementos militares que se encontraban desplegados en la zona como lo denunciaron sus familiares y organizaciones civiles.

Además, aseguró que la entonces Procuraduría General de Veracruz (ahora Fiscalía General del Estado) dio “cabal cumplimiento” a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, informó que a raíz de esta se sancionó a un médico legisla de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y en el marco de un procesamiento administrativo también se sancionó al entonces delegado de servicios periciales de Orizaba.

El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario (sic) y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, aseguró el funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Cortés Hernández añadió, aunque los familiares de Ascencio Rosario tuvieron acceso al expediente y fueron debidamente informados de las diligencias realizadas, “en aras del compromiso del Estado Mexicano” al caso la ahora Fiscalía ofreció a los familiares directos pleno acceso al expediente. “Con lo anterior queda de manifiesto que en el presente caso no se violaron los artículos octavos y 21 de la Comisión Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expuso.

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Por su parte, Cristopher Ballinas Valdés, titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que en virtud de los expuesto como parte del estado se puede concluir que en las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer el motivo de la muerte de la señora Ernestina Ascencio y con el apoyo de las investigaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se corrigieron los errores iniciales en el peritaje de la necropsia realizada tras su muerte, “por lo que se acredita la no violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.

Tras el desahogo de ambas partes, las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaron a cabo las preguntas necesarias sobre este caso a los representantes de las autoridades mexicanas respecto al caso de la indígena veracruzana a fin de llevar a cabo un análisis de fondo sobre el tema.

Entre los cuestionamientos de las comisionadas, encabezadas por Esmeralda Arosemena de Troitiño se encontraron las causas por las qué se cambió de manera completa la información del peritaje inicial que determinaba una violación, el pronunciamiento y respaldo que dio el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa sobre la segunda versión así como los horarios del batallón que se encontraba en esos momentos en Tetlatzinga, Soledad Atzompa.

Tras la respuesta de las autoridades y a nombre de las peticionarias, Carmen Herrera García, abogada asociada de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) lamentó que con la respuesta del Estado en la audiencia que solo se reafirma y confirma de la “verdad histórica” que se acostumbra construir en México y señaló que esta respuesta demuestra el profundo desdén en este caso y hacia las peticionarias y a las víctimas.

El estado mexicano tiene hasta el 3 de enero para responder a los cuestionamientos hechos por las integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Xalapa, Ver.- El estado mexicano consideró que en el caso de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario “no se realizaron violaciones a los Derechos Humanos y se respaldó que la veracruzana no fue víctima de violación y falleció a causa de causas externas, esto durante la Audiencia Pública sobre el caso 13.425: Ernestina Ascencio Rosario y otras vs. México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de que las peticionarias del caso denunciaron que Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual y su muerte ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y adultas mayores, el Estado Mexicano representado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) respondió que se realizaron investigaciones eficaces, apegadas al derecho, respetando los derechos de las víctimas y las garantías de debido proceso en el caso.

El Fiscal Coordinador Especializado en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, Hernán Cortés Hernández respaldó los resultados de la investigación realizada en 2007 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se determina que la muerte de la mujer de 73 años falleció a causa de anemia aguda por sangrado y ulceras gástricas y no había sido resultado de la violación sexual cometida en su contra por parte de elementos militares que se encontraban desplegados en la zona como lo denunciaron sus familiares y organizaciones civiles.

Además, aseguró que la entonces Procuraduría General de Veracruz (ahora Fiscalía General del Estado) dio “cabal cumplimiento” a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, informó que a raíz de esta se sancionó a un médico legisla de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y en el marco de un procesamiento administrativo también se sancionó al entonces delegado de servicios periciales de Orizaba.

El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario (sic) y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, aseguró el funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Cortés Hernández añadió, aunque los familiares de Ascencio Rosario tuvieron acceso al expediente y fueron debidamente informados de las diligencias realizadas, “en aras del compromiso del Estado Mexicano” al caso la ahora Fiscalía ofreció a los familiares directos pleno acceso al expediente. “Con lo anterior queda de manifiesto que en el presente caso no se violaron los artículos octavos y 21 de la Comisión Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expuso.

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Por su parte, Cristopher Ballinas Valdés, titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que en virtud de los expuesto como parte del estado se puede concluir que en las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer el motivo de la muerte de la señora Ernestina Ascencio y con el apoyo de las investigaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se corrigieron los errores iniciales en el peritaje de la necropsia realizada tras su muerte, “por lo que se acredita la no violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.

Tras el desahogo de ambas partes, las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaron a cabo las preguntas necesarias sobre este caso a los representantes de las autoridades mexicanas respecto al caso de la indígena veracruzana a fin de llevar a cabo un análisis de fondo sobre el tema.

Entre los cuestionamientos de las comisionadas, encabezadas por Esmeralda Arosemena de Troitiño se encontraron las causas por las qué se cambió de manera completa la información del peritaje inicial que determinaba una violación, el pronunciamiento y respaldo que dio el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa sobre la segunda versión así como los horarios del batallón que se encontraba en esos momentos en Tetlatzinga, Soledad Atzompa.

Tras la respuesta de las autoridades y a nombre de las peticionarias, Carmen Herrera García, abogada asociada de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) lamentó que con la respuesta del Estado en la audiencia que solo se reafirma y confirma de la “verdad histórica” que se acostumbra construir en México y señaló que esta respuesta demuestra el profundo desdén en este caso y hacia las peticionarias y a las víctimas.

El estado mexicano tiene hasta el 3 de enero para responder a los cuestionamientos hechos por las integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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