XALAPA, Ver.- El dirigente del partido estatal “Podemos”, Francisco Garrido Sánchez, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma electoral, aprobada en junio pasado, en la que se establece la reducción de un 50% al financiamiento de los partidos políticos.
El dirigente indicó que la solicitud se realizó como parte de la vigilancia que se tiene hacia las acciones realizadas en el Congreso local, donde se decidió aprobar dicha reforma.
Hace algunos días prometimos presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, hoy la presentamos para ser responsables con Veracruz porque esa es la condición que nos dieron los veracruzanos, de poder ser una plataforma política social responsable que vigile y cuide el comportamiento del Congreso del Estado
Refirió que está en manos de la Corte, por lo que confió en que se obtendrá una decisión favorable, “respetaremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia”.
En la solicitud se expuso la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto para aplicar la reforma el mismo día en el que fue conocido por el pleno, por lo que no se respetó el término de 48 horas que se considera como el mínimo para que las y los diputados conozcan y analicen el documento.
Asimismo, se expuso la violación al principio de supremacía constitucional e inobservancia del Decreto de Reforma a la Constitución Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Lo anterior, debido a que se restringe de manera injustificada a los veracruzanos gozar de todos los derechos que en materia política prevé la Constitución Federal, lo que se traduce en un acto de discriminación de parte de las y los diputados que integran la actual Legislatura.
Se considera que la reforma es ilegítima porque no se consensuó con ningún actor u organismo (OPLE, Tribunal Estatal Electoral, sociedad civil o academia), además de que fue presentada y aprobada por el Congreso local en medio de dos crisis: La de salud y la económica.
En ese mismo sentido, se indicó la ambigüedad en las reglas plasmadas en dicha reforma que genera la sombra del fraude electoral, poniendo, incluso, en riesgo la vida de las personas, ya que, al eliminar los Consejos Municipales, y al no haber claridad de quien va a contar los votos, se puede generar un clima de violencia.
