/ sábado 16 de octubre de 2021

Pesada carga para Veracruz, deudas, laudos y no pagos al SAT

Representan para los veracruzanos deber 56 mil 153 millones de pesos, expone la Secretaría de Finanzas

Desde hace al menos cinco años el Gobierno del Estado tenía una deuda pendiente de casi 73 mil millones de pesos, cantidad correspondiente a pasivos, laudos, pagos con el SAT y con proveedores y contratistas tanto del Ejecutivo como de diferentes dependencias y organismos descentralizados, según el reporte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). De acuerdo con la dependencia, las deudas de diferentes tipos fueron heredadas por la administración de Javier "N" y no fueron pagadas en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que se debieron generar planes de ahorro para ir cubriendo.

El monto general de la deuda es de 72 mil 965 millones 981 mil 846 pesos, de los cuales 59 mil 653 millones corresponde a pasivos; 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos del ISR que las dependencias debían al SAT; 3 mil 325 millones 533 mil 347 pesos que la UV tenían pendientes con SAT; mil 594 millones 269 mil 172 pesos de laudos; y 354 millones 562 mil 308 pesos de la Fiscalía General del Estado.

Al corte de agosto pasado la administración de Cuitláhuac García Jiménez de estos 72 mil millones de pesos ya había cubierto 16 mil 812 millones 981 mil 846 pesos.

Lo anterior, dado que se logró pagar la deuda de las dependencias, la UV y la FGE con el SAT, se destinaron 94 millones 269 mil 172 pesos a pagos de laudos y se pagaron 5 mil millones de pesos de pasivos.

Además, se realizaron pagos a proveedores por 710 millones 348 mil 099 pesos.

PAGOS A PROVEEDORES

Del 1 de diciembre al mes de agosto de este año la Sefiplan ha realizado pagos a proveedores de nueve dependencias, que en total suman un monto de 710 millones 348 mil 099 pesos. De la propia Sefiplan se ha cubierto la cantidad de 484 millones 064 mil 460 pesos; de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) se han pagado 121 millones 899 mil 965 pesos; y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se cubrieron 34 millones 707 mil 695 pesos. 22 millones 232 mil 527 pesos se han pagado por deudas con proveedores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); 17 millones 893 mil 863 pesos se han cubierto por las deudas de la Secretaría de Gobierno; y 12 millones 212 mil 480 pesos por las deudas de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Por la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) se hizo un pago de 8 millones 002 mil 707 pesos; por la Coordinación General de Comunicación Social se cubrió un monto de 7 millones 682 mil 002 pesos; y por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 1 millón 652 mil 400 pesos.

LAUDOS

Por el cobro de laudos y sentencias de extrabajadores de diferentes dependencias, la Sefiplan ha destinado.

En los tres años de administración actual se han destinado recursos para pagar deudas que se tenían desde hace cinco o seis años. En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han cubierto 42 millones 127 mil 908 pesos; en la SEV 14 millones 810 mil 750 pesos; en la Secretaría de Gobierno 9 millones 927 mil 608 pesos; en Sedesol 5 millones 826 mil 682 pesos; en Sefiplan 4 millones 396 mil 038 pesos; en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) 4 millones 325 mil 168 pesos; y en la Contraloría General del Estado 4 millones 038 mil 722 pesos. En la SIOP se cubrió un monto de 3 millones 780 mil 849 pesos; en Sectur 1 millón 673 mil 059 pesos; en la Secretaría de Protección Civil 1 millón 215 mil 758 pesos; en la Secretaría de Gobierno 972 mil 103 pesos; en Sedema 959 mil 084 pesos; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 547 mil 537 pesos; en Sedarpa 446 mil 477 pesos; y en la Oficina del Programa de Gobierno 121 mil 428 pesos.

DISMINUCIÓN DE LA DEUDA

En septiembre pasado el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, dio a conocer que del 2018 a la fecha la deuda total del Estado ha disminuido casi 5 mil millones de pesos.

A finales de 2018, con el inicio de la actual administración, los pasivos eran de casi 59 mil 653 millones de pesos; sin embargo, para 2019 hubo una disminución de 4 mil millones y en 2020 se logró la reducción de casi mil millones de pesos.

Para cumplir con los pagos de la deuda se hizo uso del crédito de adelanto de FISEM de casi mil millones y otros 2 mil millones de pesos de deuda con largo plazo, una parte con Banobras y otra con Banorte, instituciones bancarias que ganaron la licitación pública nacional.

Asimismo, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el pago de recursos retenidos a municipios en administraciones pasadas fueron cubiertos mil 949 millones 301 mil 139 pesos.

Mientras que por pendientes al Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre la Contraloría General del Estado (CGE), la Sefiplan, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), y Educación de Veracruz (SEV), quedaron saldados 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos. De este total se pagaron 98 millones 561 mil 102 pesos de la CGE; 106 millones 103 mil 784 pesos de Sefiplan; 181 millones 322 mil 445 pesos de SIOP; y 7 mil 652 millones 629 mil 767 pesos por la SEV.

Por la Universidad Veracruzana se cubrieron 3 mil 325 millones 533 mil 347 pesos, y de la Fiscalía General del Estado (FGE) 354 millones 562 mil 308 pesos.

CRISIS DEL PODER JUDICIAL

De manera pública se dio a conocer la crisis económica por la que atraviesa el Poder Judicial, lo que motivó a la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, a solicitar un aumento presupuestal mayor a los 500 millones de pesos.

Dicha crisis provocó que para el ahorro de recursos se pusiera en marcha un Plan de Austeridad con el cual se disminuyó un 30 por ciento el salario de los magistrados, se eliminaron los bonos, algunas prestaciones y lo que se determinó que eran lujos de los servidores públicos de alto nivel.

Pese a los ajustes en los gastos, los recursos son insuficientes para cubrir los compromisos de fin de año, por lo que la magistrada presidenta solicitó la ampliación presupuestal. La mencionada petición se encuentra detenida en el Congreso local, ya que por dos semanas consecutivas fue retirado de la orden del día el Dictamen generado por la Comisión de Hacienda del Estado en el que se autorizaba a la Sefiplan otorgar al Poder Judicial un aumento presupuestario de 200 millones de pesos.

En el Dictamen se pide al Poder Judicial continuar con las políticas que permiten la ampliación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible.

Tanto en la sesión extraordinaria del pasado 29 de septiembre como en la del 6 de octubre se pretendía incluir el Dictamen para su análisis y, en su caso, aprobación; sin embargo, fue retirado de la orden del día.

La magistrada presidenta solicitó una ampliación de 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que fueron aprobados por el Congreso en diciembre del 2020.

Pese a ello, la Sefiplan determinó que, de acuerdo con su capacidad presupuestal, se podrán otorgar únicamente 200 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal 2021.

El Poder Judicial reportó un déficit presupuestal de 468 millones de pesos más para cumplir con las funciones jurisdiccionales y administrativas, así como para cubrir el pago de las asociaciones público-privadas y para la construcción de ciudades judiciales.

Asimismo, se cuenta con una insuficiencia presupuestal en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en el Consejo de la Judicatura en el capítulo 1000 relacionado con los Servicios Personales y 3000 respecto a los Servicios Generales. Además, se necesitan 33 millones 650 mil pesos para la entrada en funciones de los Tribunales Laborales locales.

ORGANISMOS QUE HAN RECIBIDO INCREMENTO

A lo largo de este 2021 la Sefiplan redirigió más de 2 mil millones adicionales a organismos autónomos, para cumplir con compromisos contraídos.

Se trata del organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad Veracruzana (UV).

El organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) recibieron dinero extra para la organización de los comicios del pasado 6 de junio.

En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad Veracruzana (UV) recibieron recursos de más para poder cumplir con créditos fiscales que se generaron a partir del incumplimiento de impuestos como el ISR.

En diciembre del 2020 los legisladores locales aprobaron un proyecto de presupuesto para el actual ejercicio fiscal que involucra el gasto de 128 mil 420 millones de pesos de parte de los poderes públicos, órganos autónomos y municipios.

Considerando esa distribución al OPLE se le asignaron mil 61 millones de pesos y al Tribunal TEV se le etiquetaron 93 millones 597 mil pesos.

El 18 de febrero la mayoría del Congreso validó la ampliación presupuestal por 352 millones de pesos para el OPLE con la intención de organizar las 242 elecciones locales.

Esto en atención a la acción de inconstitucionalidad 241/2020 en la que se invalidó la reforma electoral, que reducía en un 50 por ciento el gasto a partidos políticos.

En el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), aunque no se señala daño patrimonial, se indican observaciones por pagos pendientes, entre los que se incluyen: el ISR, el IVA, el impuesto sobre nómina, seguro social y otras cuentas pendientes por liquidar de los años 2016 al 2020.

En tanto, el TEV recibió una ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, derivado de la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación para calificar las elecciones locales. En el proyecto de presupuesto se estableció que la Fiscalía General recibiría mil 466 millones 108 mil pesos; sin embargo, se le otorgaron 347 millones 147 mil 918 pesos para cumplir con el pago de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El Orfis observó en la Cuenta Pública 2020 que la Fiscalía debe explicar el manejo de más de 630 millones de pesos, ya que se debe aclarar el uso de 58 millones de pesos de seguridad social, ISR, aportaciones al IPE, cuotas de nueva generación e impuesto sobre nómina de ejercicios anteriores y del 2020. La máxima casa de estudios recibió 5 mil 848 millones 692 mil pesos; además, se le aprobó una ampliación presupuestal por mil 682 millones 467 mil 895 pesos para el pago de impuestos. En este caso, la UV fue observada por el órgano fiscalizador por el manejo financiero de 995 mil pesos que se pagaron de más al Ceneval, además, de gastos adicionales en la construcción de la facultad de Matemáticas en Veracruz.

Desde hace al menos cinco años el Gobierno del Estado tenía una deuda pendiente de casi 73 mil millones de pesos, cantidad correspondiente a pasivos, laudos, pagos con el SAT y con proveedores y contratistas tanto del Ejecutivo como de diferentes dependencias y organismos descentralizados, según el reporte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). De acuerdo con la dependencia, las deudas de diferentes tipos fueron heredadas por la administración de Javier "N" y no fueron pagadas en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que se debieron generar planes de ahorro para ir cubriendo.

El monto general de la deuda es de 72 mil 965 millones 981 mil 846 pesos, de los cuales 59 mil 653 millones corresponde a pasivos; 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos del ISR que las dependencias debían al SAT; 3 mil 325 millones 533 mil 347 pesos que la UV tenían pendientes con SAT; mil 594 millones 269 mil 172 pesos de laudos; y 354 millones 562 mil 308 pesos de la Fiscalía General del Estado.

Al corte de agosto pasado la administración de Cuitláhuac García Jiménez de estos 72 mil millones de pesos ya había cubierto 16 mil 812 millones 981 mil 846 pesos.

Lo anterior, dado que se logró pagar la deuda de las dependencias, la UV y la FGE con el SAT, se destinaron 94 millones 269 mil 172 pesos a pagos de laudos y se pagaron 5 mil millones de pesos de pasivos.

Además, se realizaron pagos a proveedores por 710 millones 348 mil 099 pesos.

PAGOS A PROVEEDORES

Del 1 de diciembre al mes de agosto de este año la Sefiplan ha realizado pagos a proveedores de nueve dependencias, que en total suman un monto de 710 millones 348 mil 099 pesos. De la propia Sefiplan se ha cubierto la cantidad de 484 millones 064 mil 460 pesos; de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) se han pagado 121 millones 899 mil 965 pesos; y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se cubrieron 34 millones 707 mil 695 pesos. 22 millones 232 mil 527 pesos se han pagado por deudas con proveedores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); 17 millones 893 mil 863 pesos se han cubierto por las deudas de la Secretaría de Gobierno; y 12 millones 212 mil 480 pesos por las deudas de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Por la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) se hizo un pago de 8 millones 002 mil 707 pesos; por la Coordinación General de Comunicación Social se cubrió un monto de 7 millones 682 mil 002 pesos; y por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 1 millón 652 mil 400 pesos.

LAUDOS

Por el cobro de laudos y sentencias de extrabajadores de diferentes dependencias, la Sefiplan ha destinado.

En los tres años de administración actual se han destinado recursos para pagar deudas que se tenían desde hace cinco o seis años. En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han cubierto 42 millones 127 mil 908 pesos; en la SEV 14 millones 810 mil 750 pesos; en la Secretaría de Gobierno 9 millones 927 mil 608 pesos; en Sedesol 5 millones 826 mil 682 pesos; en Sefiplan 4 millones 396 mil 038 pesos; en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) 4 millones 325 mil 168 pesos; y en la Contraloría General del Estado 4 millones 038 mil 722 pesos. En la SIOP se cubrió un monto de 3 millones 780 mil 849 pesos; en Sectur 1 millón 673 mil 059 pesos; en la Secretaría de Protección Civil 1 millón 215 mil 758 pesos; en la Secretaría de Gobierno 972 mil 103 pesos; en Sedema 959 mil 084 pesos; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 547 mil 537 pesos; en Sedarpa 446 mil 477 pesos; y en la Oficina del Programa de Gobierno 121 mil 428 pesos.

DISMINUCIÓN DE LA DEUDA

En septiembre pasado el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, dio a conocer que del 2018 a la fecha la deuda total del Estado ha disminuido casi 5 mil millones de pesos.

A finales de 2018, con el inicio de la actual administración, los pasivos eran de casi 59 mil 653 millones de pesos; sin embargo, para 2019 hubo una disminución de 4 mil millones y en 2020 se logró la reducción de casi mil millones de pesos.

Para cumplir con los pagos de la deuda se hizo uso del crédito de adelanto de FISEM de casi mil millones y otros 2 mil millones de pesos de deuda con largo plazo, una parte con Banobras y otra con Banorte, instituciones bancarias que ganaron la licitación pública nacional.

Asimismo, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el pago de recursos retenidos a municipios en administraciones pasadas fueron cubiertos mil 949 millones 301 mil 139 pesos.

Mientras que por pendientes al Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre la Contraloría General del Estado (CGE), la Sefiplan, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), y Educación de Veracruz (SEV), quedaron saldados 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos. De este total se pagaron 98 millones 561 mil 102 pesos de la CGE; 106 millones 103 mil 784 pesos de Sefiplan; 181 millones 322 mil 445 pesos de SIOP; y 7 mil 652 millones 629 mil 767 pesos por la SEV.

Por la Universidad Veracruzana se cubrieron 3 mil 325 millones 533 mil 347 pesos, y de la Fiscalía General del Estado (FGE) 354 millones 562 mil 308 pesos.

CRISIS DEL PODER JUDICIAL

De manera pública se dio a conocer la crisis económica por la que atraviesa el Poder Judicial, lo que motivó a la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, a solicitar un aumento presupuestal mayor a los 500 millones de pesos.

Dicha crisis provocó que para el ahorro de recursos se pusiera en marcha un Plan de Austeridad con el cual se disminuyó un 30 por ciento el salario de los magistrados, se eliminaron los bonos, algunas prestaciones y lo que se determinó que eran lujos de los servidores públicos de alto nivel.

Pese a los ajustes en los gastos, los recursos son insuficientes para cubrir los compromisos de fin de año, por lo que la magistrada presidenta solicitó la ampliación presupuestal. La mencionada petición se encuentra detenida en el Congreso local, ya que por dos semanas consecutivas fue retirado de la orden del día el Dictamen generado por la Comisión de Hacienda del Estado en el que se autorizaba a la Sefiplan otorgar al Poder Judicial un aumento presupuestario de 200 millones de pesos.

En el Dictamen se pide al Poder Judicial continuar con las políticas que permiten la ampliación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible.

Tanto en la sesión extraordinaria del pasado 29 de septiembre como en la del 6 de octubre se pretendía incluir el Dictamen para su análisis y, en su caso, aprobación; sin embargo, fue retirado de la orden del día.

La magistrada presidenta solicitó una ampliación de 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que fueron aprobados por el Congreso en diciembre del 2020.

Pese a ello, la Sefiplan determinó que, de acuerdo con su capacidad presupuestal, se podrán otorgar únicamente 200 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal 2021.

El Poder Judicial reportó un déficit presupuestal de 468 millones de pesos más para cumplir con las funciones jurisdiccionales y administrativas, así como para cubrir el pago de las asociaciones público-privadas y para la construcción de ciudades judiciales.

Asimismo, se cuenta con una insuficiencia presupuestal en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en el Consejo de la Judicatura en el capítulo 1000 relacionado con los Servicios Personales y 3000 respecto a los Servicios Generales. Además, se necesitan 33 millones 650 mil pesos para la entrada en funciones de los Tribunales Laborales locales.

ORGANISMOS QUE HAN RECIBIDO INCREMENTO

A lo largo de este 2021 la Sefiplan redirigió más de 2 mil millones adicionales a organismos autónomos, para cumplir con compromisos contraídos.

Se trata del organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad Veracruzana (UV).

El organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) recibieron dinero extra para la organización de los comicios del pasado 6 de junio.

En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad Veracruzana (UV) recibieron recursos de más para poder cumplir con créditos fiscales que se generaron a partir del incumplimiento de impuestos como el ISR.

En diciembre del 2020 los legisladores locales aprobaron un proyecto de presupuesto para el actual ejercicio fiscal que involucra el gasto de 128 mil 420 millones de pesos de parte de los poderes públicos, órganos autónomos y municipios.

Considerando esa distribución al OPLE se le asignaron mil 61 millones de pesos y al Tribunal TEV se le etiquetaron 93 millones 597 mil pesos.

El 18 de febrero la mayoría del Congreso validó la ampliación presupuestal por 352 millones de pesos para el OPLE con la intención de organizar las 242 elecciones locales.

Esto en atención a la acción de inconstitucionalidad 241/2020 en la que se invalidó la reforma electoral, que reducía en un 50 por ciento el gasto a partidos políticos.

En el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), aunque no se señala daño patrimonial, se indican observaciones por pagos pendientes, entre los que se incluyen: el ISR, el IVA, el impuesto sobre nómina, seguro social y otras cuentas pendientes por liquidar de los años 2016 al 2020.

En tanto, el TEV recibió una ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, derivado de la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación para calificar las elecciones locales. En el proyecto de presupuesto se estableció que la Fiscalía General recibiría mil 466 millones 108 mil pesos; sin embargo, se le otorgaron 347 millones 147 mil 918 pesos para cumplir con el pago de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El Orfis observó en la Cuenta Pública 2020 que la Fiscalía debe explicar el manejo de más de 630 millones de pesos, ya que se debe aclarar el uso de 58 millones de pesos de seguridad social, ISR, aportaciones al IPE, cuotas de nueva generación e impuesto sobre nómina de ejercicios anteriores y del 2020. La máxima casa de estudios recibió 5 mil 848 millones 692 mil pesos; además, se le aprobó una ampliación presupuestal por mil 682 millones 467 mil 895 pesos para el pago de impuestos. En este caso, la UV fue observada por el órgano fiscalizador por el manejo financiero de 995 mil pesos que se pagaron de más al Ceneval, además, de gastos adicionales en la construcción de la facultad de Matemáticas en Veracruz.

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