/ viernes 8 de febrero de 2019

Pese a alertas de género, acciones de gobierno no dan resultados ante violencia feminicida

Veracruz no cuenta con sanciones para servidores públicos que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio como lo establece el Código federal

La falta de interés por parte de autoridades estatales para cumplir con las recomendaciones del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ha atentado contra el carácter de emergencia para reaccionar frente a los crecientes casos de violencia feminicida, sin que hasta el momento exista una evaluación sobre las líneas de seguridad, prevención y justicia que permita, incluso, identificar los patrones delictivos en la entidad.

Desde el 23 de noviembre de 2016, fecha en la que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera la Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida en 11 municipios veracruzanos, a la que posteriormente se sumó la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado —declarada el 13 de diciembre de 2017— el pasado gobierno de Veracruz no mostró interés real por atender puntualmente las medidas establecidas dentro de las dos declaratorias.

En 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) —a través del Informe Sombra sobre el Seguimiento de las Recomendaciones sobre la Alertas de Violencia de Género— dio a conocer al Estado Mexicano algunos incumplimientos por parte del gobierno de Veracruz para atender efectivamente las declaratorias de AVGM.

Como parte de las medidas de seguridad a implementar —con carácter obligatorio— se establece la difusión estratégica de los alcances de las Alertas de Género con información para toda la población; no obstante, hasta la fecha, el gobierno de Veracruz no presenta un sitio web independiente y sigue sin presentar datos actualizados sobre los resultados de las alertas, mismo que se puede revisar en el enlace habilitado dentro de la página oficial de Gobierno.

En el rubro de medidas de armonización legislativa, Veracruz no cuenta con sanciones para aquellos servidores públicos que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio como lo establece el Código federal. Hasta el año pasado, únicamente 14 estados planteaban sanciones dentro de sus códigos (Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

Cabe mencionar que las penas establecidas varían entre los 40 a 70 años como máxima sanción.

Asimismo, apunta el informe de la Cedaw, la carencia de plazos establecidos para que las autoridades hagan efectivas las recomendaciones del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género ha atentado contra el carácter de emergencia para atender los crecientes casos de violencia contra las mujeres por parte de las autoridades, dando lugar al incumplimiento y falta de resultados.

Un caso que ilustra este punto es el retraso en el cumplimiento de las Medidas de Justicia y Reparación, que se encuentra plenamente relacionada con la Fiscalía General del Estado, la cual obliga a crear una Unidad de Análisis y Evaluación de Labores de Investigación y Proceso de los Delitos de Género que se denuncien; sin embargo, tuvieron que transcurrir poco más de dos años para que el funcionario estatal anunciara —a principios de enero de 2019— la creación de la Unidad de Análisis y Contexto para cumplir con los requerimientos establecidos en la Declaratoria de AVGM emitida en 2016.

La importancia de la creación de esta “Unidad de Análisis y Contexto” en las entidades federativas con Declaratoria de AVGM es que permite analizar cómo, dónde y por quién se están cometiendo los asesinatos de mujeres, lo cual permite identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi.


AVGM, sin evaluación ni fiscalización

El análisis sobre la pertinencia de la evaluación y fiscalización del Mecanismo de la Alerta contra la Violencia de Género no ha aterrizado en el campo de acción institucional de Poder Ejecutivo del Estado y Legislativo.

Hasta el momento, lo que existe es el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el pasado 4 de febrero, en el cual el Congreso de Veracruz exhorta al mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez atender una serie de acciones, entre las que destacan las siguientes: “nombrar a la persona responsable de coordinarse con la Conavim; informar los montos preliminares para las Alertas de Violencia de Género; la integración de una Comisión Técnica de Seguimiento a las Alertas de Violencia de Género”.

Y continúa: “… a que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz y el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se elaboren con alineación a las acciones que indican las Alertas de Violencia de Género emitidas por la Conavim y que sean incorporados, de forma directa, al Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, como programas urgentes de atención inmediata; a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública a revisar y reforzar el Programa de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que opera el C-4, a declarar públicamente y comprometerse a trabajar por la Tolerancia Cero a la Violencia de Género…”.

En contraste —en el nivel nacional— senadoras, especialistas y representantes de la sociedad civil que participaron en las Audiencias Públicas para Integrar las Agendas Legislativas de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres, realizadas en el Senado de la República, el pasado martes 5 de febrero, coinciden en que es importante evaluar las 18 declaratorias de AVGM y, en los estados donde sea un fracaso, modificar el mecanismo de Alerta de Género, de tal manera que se plantee cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres.

También consideran necesario “separar el monitoreo y evaluación de las obligaciones de actores gubernamentales, de las acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados”.

Por su parte, el investigador Carlos Javier Echarri Cánovas expuso que “ya es tiempo de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

De esta manera, la omisión e ineficiencia de las autoridades para investigar los casos de muertes violentas contra mujeres, la falta de evaluación y fiscalización de los recursos y medidas establecidas para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la reticencia y negativas a visibilizar los problemas graves de la violencia feminicida sólo ha permitido reforzarla, sin que hasta el momento se finquen responsabilidades de aquellos funcionarios públicos que han puesto en riesgo la vida de las mujeres.

Por otra parte, la Conavim e Inmujeres, dentro de su informe de evaluación del funcionamiento del Mecanismo AVGM, realizado en junio de 2018, concluyeron que la aplicación de estas alertas en las entidades federativas “ha sido lenta y fragmentada”, donde las autoridades estatales suelen confundir el mecanismo “de emergencia” de las Alertas de Violencia de Género con un Programa de Política Pública.

Asimismo, la reticencia al que se enfrentan las AVGM por parte de las autoridades estatales se debe a que éstas siguen considerando las AVGM como un mecanismo sancionador, una herramienta política partidaria utilizada para desacreditar al partido opuesto.

Sin embargo, el objetivo claro de estas alertas reside en buscar soluciones técnicas a situaciones donde las autoridades han fallado.

En resumen, este mecanismo de alerta, contra los obstáculos, ha permitido visibilizar los problemas graves de la violencia feminicida.


EL DESTINO DE LOS RECURSOS

A pesar de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos contra las mujeres registrados en la entidad, la inversión estatal para atender la Alerta de Violencia de Género disminuyó para el presente ejercicio fiscal 2019, al asignar sólo 13 millones 035 mil 149 pesos, 9% menos a lo destinado en 2018, que fue de 14 millones 329 mil 821 pesos, mientras que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, ejercicio 2017, ni siquiera se contó con una partida presupuestal para la AVGM.

Por otra parte, la falta de lineamientos claros sobre el destino de los recursos públicos de la AVGM ha permitido la opacidad en el manejo del dinero, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2017, la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) transfirió a la Secretaría de Gobierno de Veracruz un monto de 5 millones de pesos para el “Proyecto de Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”; sin embargo, de un total de 20 documentos presentados para informar los avances de dicho proyecto, ninguno detalla el destino de los recursos recibidos.

También es importante subrayar que el estado de Veracruz cuenta con dos declaratorias, aunque sólo presenta información respecto de la Declaratoria de Violencia Feminicida y no para el correspondiente a Agravio Comparado.

Finalmente, respecto a la participación de los municipios, no existe un procedimiento para que éstos participen de manera activa en la aportación de información.

Mientras tanto, las cifras de violencia contra las mujeres ubican a la entidad en segundo lugar nacional por el delito de feminicidio, con ocho municipios dentro de la lista de los primeros 100 con incidencia de violencia feminicida (Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Xalapa, Tierra Blanca y Tuxpan).

La falta de interés por parte de autoridades estatales para cumplir con las recomendaciones del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ha atentado contra el carácter de emergencia para reaccionar frente a los crecientes casos de violencia feminicida, sin que hasta el momento exista una evaluación sobre las líneas de seguridad, prevención y justicia que permita, incluso, identificar los patrones delictivos en la entidad.

Desde el 23 de noviembre de 2016, fecha en la que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera la Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida en 11 municipios veracruzanos, a la que posteriormente se sumó la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado —declarada el 13 de diciembre de 2017— el pasado gobierno de Veracruz no mostró interés real por atender puntualmente las medidas establecidas dentro de las dos declaratorias.

En 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) —a través del Informe Sombra sobre el Seguimiento de las Recomendaciones sobre la Alertas de Violencia de Género— dio a conocer al Estado Mexicano algunos incumplimientos por parte del gobierno de Veracruz para atender efectivamente las declaratorias de AVGM.

Como parte de las medidas de seguridad a implementar —con carácter obligatorio— se establece la difusión estratégica de los alcances de las Alertas de Género con información para toda la población; no obstante, hasta la fecha, el gobierno de Veracruz no presenta un sitio web independiente y sigue sin presentar datos actualizados sobre los resultados de las alertas, mismo que se puede revisar en el enlace habilitado dentro de la página oficial de Gobierno.

En el rubro de medidas de armonización legislativa, Veracruz no cuenta con sanciones para aquellos servidores públicos que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio como lo establece el Código federal. Hasta el año pasado, únicamente 14 estados planteaban sanciones dentro de sus códigos (Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

Cabe mencionar que las penas establecidas varían entre los 40 a 70 años como máxima sanción.

Asimismo, apunta el informe de la Cedaw, la carencia de plazos establecidos para que las autoridades hagan efectivas las recomendaciones del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género ha atentado contra el carácter de emergencia para atender los crecientes casos de violencia contra las mujeres por parte de las autoridades, dando lugar al incumplimiento y falta de resultados.

Un caso que ilustra este punto es el retraso en el cumplimiento de las Medidas de Justicia y Reparación, que se encuentra plenamente relacionada con la Fiscalía General del Estado, la cual obliga a crear una Unidad de Análisis y Evaluación de Labores de Investigación y Proceso de los Delitos de Género que se denuncien; sin embargo, tuvieron que transcurrir poco más de dos años para que el funcionario estatal anunciara —a principios de enero de 2019— la creación de la Unidad de Análisis y Contexto para cumplir con los requerimientos establecidos en la Declaratoria de AVGM emitida en 2016.

La importancia de la creación de esta “Unidad de Análisis y Contexto” en las entidades federativas con Declaratoria de AVGM es que permite analizar cómo, dónde y por quién se están cometiendo los asesinatos de mujeres, lo cual permite identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi.


AVGM, sin evaluación ni fiscalización

El análisis sobre la pertinencia de la evaluación y fiscalización del Mecanismo de la Alerta contra la Violencia de Género no ha aterrizado en el campo de acción institucional de Poder Ejecutivo del Estado y Legislativo.

Hasta el momento, lo que existe es el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el pasado 4 de febrero, en el cual el Congreso de Veracruz exhorta al mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez atender una serie de acciones, entre las que destacan las siguientes: “nombrar a la persona responsable de coordinarse con la Conavim; informar los montos preliminares para las Alertas de Violencia de Género; la integración de una Comisión Técnica de Seguimiento a las Alertas de Violencia de Género”.

Y continúa: “… a que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz y el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se elaboren con alineación a las acciones que indican las Alertas de Violencia de Género emitidas por la Conavim y que sean incorporados, de forma directa, al Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, como programas urgentes de atención inmediata; a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública a revisar y reforzar el Programa de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que opera el C-4, a declarar públicamente y comprometerse a trabajar por la Tolerancia Cero a la Violencia de Género…”.

En contraste —en el nivel nacional— senadoras, especialistas y representantes de la sociedad civil que participaron en las Audiencias Públicas para Integrar las Agendas Legislativas de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres, realizadas en el Senado de la República, el pasado martes 5 de febrero, coinciden en que es importante evaluar las 18 declaratorias de AVGM y, en los estados donde sea un fracaso, modificar el mecanismo de Alerta de Género, de tal manera que se plantee cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres.

También consideran necesario “separar el monitoreo y evaluación de las obligaciones de actores gubernamentales, de las acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados”.

Por su parte, el investigador Carlos Javier Echarri Cánovas expuso que “ya es tiempo de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

De esta manera, la omisión e ineficiencia de las autoridades para investigar los casos de muertes violentas contra mujeres, la falta de evaluación y fiscalización de los recursos y medidas establecidas para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la reticencia y negativas a visibilizar los problemas graves de la violencia feminicida sólo ha permitido reforzarla, sin que hasta el momento se finquen responsabilidades de aquellos funcionarios públicos que han puesto en riesgo la vida de las mujeres.

Por otra parte, la Conavim e Inmujeres, dentro de su informe de evaluación del funcionamiento del Mecanismo AVGM, realizado en junio de 2018, concluyeron que la aplicación de estas alertas en las entidades federativas “ha sido lenta y fragmentada”, donde las autoridades estatales suelen confundir el mecanismo “de emergencia” de las Alertas de Violencia de Género con un Programa de Política Pública.

Asimismo, la reticencia al que se enfrentan las AVGM por parte de las autoridades estatales se debe a que éstas siguen considerando las AVGM como un mecanismo sancionador, una herramienta política partidaria utilizada para desacreditar al partido opuesto.

Sin embargo, el objetivo claro de estas alertas reside en buscar soluciones técnicas a situaciones donde las autoridades han fallado.

En resumen, este mecanismo de alerta, contra los obstáculos, ha permitido visibilizar los problemas graves de la violencia feminicida.


EL DESTINO DE LOS RECURSOS

A pesar de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos contra las mujeres registrados en la entidad, la inversión estatal para atender la Alerta de Violencia de Género disminuyó para el presente ejercicio fiscal 2019, al asignar sólo 13 millones 035 mil 149 pesos, 9% menos a lo destinado en 2018, que fue de 14 millones 329 mil 821 pesos, mientras que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, ejercicio 2017, ni siquiera se contó con una partida presupuestal para la AVGM.

Por otra parte, la falta de lineamientos claros sobre el destino de los recursos públicos de la AVGM ha permitido la opacidad en el manejo del dinero, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2017, la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) transfirió a la Secretaría de Gobierno de Veracruz un monto de 5 millones de pesos para el “Proyecto de Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”; sin embargo, de un total de 20 documentos presentados para informar los avances de dicho proyecto, ninguno detalla el destino de los recursos recibidos.

También es importante subrayar que el estado de Veracruz cuenta con dos declaratorias, aunque sólo presenta información respecto de la Declaratoria de Violencia Feminicida y no para el correspondiente a Agravio Comparado.

Finalmente, respecto a la participación de los municipios, no existe un procedimiento para que éstos participen de manera activa en la aportación de información.

Mientras tanto, las cifras de violencia contra las mujeres ubican a la entidad en segundo lugar nacional por el delito de feminicidio, con ocho municipios dentro de la lista de los primeros 100 con incidencia de violencia feminicida (Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Xalapa, Tierra Blanca y Tuxpan).

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