A bordo del buque Artic Sunrice de la agrupación internacional Greenpeace, ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades federales para revisar nuevamente la autorización al estudio de impacto ambiental que presentó la Administración del Sistema Portuario Veracruzano (ASIPONA) para continuar con las obras de ampliación del puerto.
En conferencia de prensa, recordaron que el 9 de febrero del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia de amparo en favor de residentes de la zona conurbada en contra del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, en el que dejaba sin efecto 14 autorizaciones que se dieron por parte de autoridades ambientales.
De acuerdo con el resolutivo de los togados, se detectó que la administración portuaria fragmentó los manifiestos de impacto ambiental para tramitar 14 licencias, sin que en el análisis estos tuvieran alguna concordancia o se profundizara en la relación entre ellos, a pesar de tratarse de un mismo entorno ambiental.
Para el 30 de diciembre del 2022, la ASIPONA presentó una nueva solicitud de licencia y la autoridad ambiental aprobó el manifiesto de impacto ambiental, pero ambientalistas afirman que sigue sin cumplir los requerimientos que estableció la SCJN, que eran en el sentido de integrar los 14 estudios presentados antes para evaluar su impacto de forma conjunta.
Javier Martínez Esponda, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señala que incluso algunas de las autorizaciones que se echaron abajo fueron de proyectos que ya están terminados, en donde se generó un impacto negativo al medio ambiente, como fue el libramiento ferroviario y la escollera norte.
“La ampliación se hizo en sitio Ramsar, es parte del Sistema Arrecifal y se prefirió sacrificar pese al derecho a un ambiente sano. Se tenía que volver a evaluar todo. No se contempló el trabajo de ciencia sobre los ecosistemas, aunque es vital; además el Sistema Arrecifal tienen capacidad de resiliencia alta, más que en el caribe, y aun así se sacrificó”.
El especialista incluso señala que los estudios ambientales tuvieron que realizarse en un perímetro de influencia más grande y no solo limitarse a la bahía del puerto de Veracruz, ya que se tuvo que revisar los impactos en regiones sur y norte del estado.
A este pronunciamiento se sumaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), Gente Sustentable, A.C., Sendas, A.C. y Pronatura Veracruz, A.C.
