/ jueves 28 de abril de 2022

Congreso debe reinstalar a magistrado de 70 años; juez federal lo ordena

Se le deben pagar los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido

El Congreso del Estado deberá autocorregirse y oficializar la reinstalación del magistrado Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso por haber cumplido 70 años de edad y, tras recurrir a juzgados federales, en enero pasado se determinó que debía regresar al cargo que ocupaba en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este viernes en sesión extraordinaria, a desarrollarse a las 16:00 horas, se presentará un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se modifica los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, la 270 número extraordinario del 7 de julio y la 304 del 30 de julio, ambas de 2020.

En octubre del año pasado la dirección jurídica notificó a la Mesa Directiva sobre la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 402/2019 promovido en el Juzgado Decimosétimo de Distrito.

Te puede interesar: Magistrada Concepción Flores gana amparo; ¿qué beneficios obtiene?

El magistrado fue removido por la pasada Legislatura en junio del 2020, aplicando el argumento de ley en el que se establece que al cumplir 70 años debía aplicársele el retiro forzoso.

Ante ello, en sesión extraordinaria, que se realizará vía remota, el pleno del Congreso local modificará el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 270 del 7 de julio de 2020, tomo III, después de que se resolvió la vacante definitiva de Dorantes Romero.


Además, se pretende modificar el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de número extraordinario 304, Tomo III, publicado en 30 julio 2020, en el que se nombró como magistrada a María Lilia Viveros Ramírez en sustitución de Dorantes Romero.

Fue en enero pasado que el magistrado fue reincorporado a la función judicial como visitador, reinstalación con la que, conforme a las resoluciones de los amparos que obtuvo, se le debían pagar los salarios caídos desde julio de 2020, cuando se dio su remoción.

Desde abril del 2021 un juez federal puso un ultimátum a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, para que reinstalara al magistrado en su cargo.

En la resolución se estableció que se contaba con un término de tres días, que vencían el viernes 16 de abril, para que el magistrado fuera incorporado a su cargo y se le pagaran los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido por el Congreso local en julio del año pasado.

Lo anterior, luego de que el pasado 24 de marzo el mismo Juez federal emitió un plazo de tres días, que vencieron el 29 de marzo, para que la presidenta del Poder Judicial reinstalara a Dorantes Romero en la magistratura, hecho que no sucedió.

En dicha resolución se estableció que en caso de incumplir con la sentencia se le aplicaría una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 962 pesos.

Ante el incumplimiento de mencionada determinación, el juez federal confirmó el amparo solicitado por el magistrado y en el que se establece que: “Se deje insubsistente el acto de remoción del quejoso de su cargo como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz vigente a partir del 27 de diciembre de 2017”.

Asimismo, se determinó que en caso de haber sido removido materialmente se provea lo conducente para que se reinstale al quejoso en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrirse desde que fue separado.

La determinación del juzgador indicó que se debería cumplir su nombramiento hasta el 2025 y establecía que todo acto realizado por la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien lo suplió en el espacio que ocupaba en la Octava Sala, tendría validez.

El acuerdo, además, señaló que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz debían abstenerse de nombrar a un nuevo magistrado, ya que Roberto Dorantes tenía un amparo que limitaba sustituirlo en el cargo.

Sin embargo, el Poder Judicial se negó a acatar el anterior amparo con el argumento de que ya había una persona que lo sustituye, por lo que se ordenó tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo actuar en el ámbito de su competencia.

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicarle el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años de edad.

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución por cumplir 70 años de edad era violatoria a sus derechos.

Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.

Pese a ello, el 5 de agosto del 2020 el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero. Ese día se adscribió a María Lilia Viveros Ramírez a la Octava Sala en el espacio que ocupaba Dorantes Romero.

Su actividad laboral

El primero de noviembre de 1987 fue designado Secretario de Trámite y Proyectista, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa; ascendió a secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Coatzacoalcos; impartiendo cursos de capacitación para los empleados del Juzgado que era de nueva creación.

En 1990, por acuerdo Plenario se le otorgó el cargo de juez de Primera Instancia, donde se desempeñó en Juzgados Mixtos y de Primera Instancia, hasta en repetidas ocasiones, en los distritos judiciales de Huayacocotla, Chicontepec, Misantla, Coatepec, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan, Jalacingo, Acayucan, Xalapa y Huatusco.

A partir del 11 de mayo de 2013, con el inicio del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, se le designó juez de Control y de Juicio Oral, para aplicarlo en el Distrito Judicial de Córdoba.

El Congreso del Estado deberá autocorregirse y oficializar la reinstalación del magistrado Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso por haber cumplido 70 años de edad y, tras recurrir a juzgados federales, en enero pasado se determinó que debía regresar al cargo que ocupaba en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este viernes en sesión extraordinaria, a desarrollarse a las 16:00 horas, se presentará un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se modifica los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, la 270 número extraordinario del 7 de julio y la 304 del 30 de julio, ambas de 2020.

En octubre del año pasado la dirección jurídica notificó a la Mesa Directiva sobre la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 402/2019 promovido en el Juzgado Decimosétimo de Distrito.

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El magistrado fue removido por la pasada Legislatura en junio del 2020, aplicando el argumento de ley en el que se establece que al cumplir 70 años debía aplicársele el retiro forzoso.

Ante ello, en sesión extraordinaria, que se realizará vía remota, el pleno del Congreso local modificará el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 270 del 7 de julio de 2020, tomo III, después de que se resolvió la vacante definitiva de Dorantes Romero.


Además, se pretende modificar el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de número extraordinario 304, Tomo III, publicado en 30 julio 2020, en el que se nombró como magistrada a María Lilia Viveros Ramírez en sustitución de Dorantes Romero.

Fue en enero pasado que el magistrado fue reincorporado a la función judicial como visitador, reinstalación con la que, conforme a las resoluciones de los amparos que obtuvo, se le debían pagar los salarios caídos desde julio de 2020, cuando se dio su remoción.

Desde abril del 2021 un juez federal puso un ultimátum a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, para que reinstalara al magistrado en su cargo.

En la resolución se estableció que se contaba con un término de tres días, que vencían el viernes 16 de abril, para que el magistrado fuera incorporado a su cargo y se le pagaran los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido por el Congreso local en julio del año pasado.

Lo anterior, luego de que el pasado 24 de marzo el mismo Juez federal emitió un plazo de tres días, que vencieron el 29 de marzo, para que la presidenta del Poder Judicial reinstalara a Dorantes Romero en la magistratura, hecho que no sucedió.

En dicha resolución se estableció que en caso de incumplir con la sentencia se le aplicaría una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 962 pesos.

Ante el incumplimiento de mencionada determinación, el juez federal confirmó el amparo solicitado por el magistrado y en el que se establece que: “Se deje insubsistente el acto de remoción del quejoso de su cargo como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz vigente a partir del 27 de diciembre de 2017”.

Asimismo, se determinó que en caso de haber sido removido materialmente se provea lo conducente para que se reinstale al quejoso en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrirse desde que fue separado.

La determinación del juzgador indicó que se debería cumplir su nombramiento hasta el 2025 y establecía que todo acto realizado por la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien lo suplió en el espacio que ocupaba en la Octava Sala, tendría validez.

El acuerdo, además, señaló que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz debían abstenerse de nombrar a un nuevo magistrado, ya que Roberto Dorantes tenía un amparo que limitaba sustituirlo en el cargo.

Sin embargo, el Poder Judicial se negó a acatar el anterior amparo con el argumento de que ya había una persona que lo sustituye, por lo que se ordenó tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo actuar en el ámbito de su competencia.

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicarle el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años de edad.

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución por cumplir 70 años de edad era violatoria a sus derechos.

Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.

Pese a ello, el 5 de agosto del 2020 el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero. Ese día se adscribió a María Lilia Viveros Ramírez a la Octava Sala en el espacio que ocupaba Dorantes Romero.

Su actividad laboral

El primero de noviembre de 1987 fue designado Secretario de Trámite y Proyectista, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa; ascendió a secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Coatzacoalcos; impartiendo cursos de capacitación para los empleados del Juzgado que era de nueva creación.

En 1990, por acuerdo Plenario se le otorgó el cargo de juez de Primera Instancia, donde se desempeñó en Juzgados Mixtos y de Primera Instancia, hasta en repetidas ocasiones, en los distritos judiciales de Huayacocotla, Chicontepec, Misantla, Coatepec, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan, Jalacingo, Acayucan, Xalapa y Huatusco.

A partir del 11 de mayo de 2013, con el inicio del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, se le designó juez de Control y de Juicio Oral, para aplicarlo en el Distrito Judicial de Córdoba.

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