Xalapa, Ver.- Empresarios veracruzanos manifestaron su preocupación por las iniciativas que se han presentado en el Congreso con el fin de prohibir la comercialización y distribución de comida chatarra en el estado a menores de edad ya que aseguran, esta medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios.
A través de un comunicado firmado por 16 representantes de cámaras empresariales, los empresarios expusieron que la prohibición podría impactar directamente a más de 85 mil comercios, “en particular a micro y pequeñas empresas como misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías” y se pondrían en riesgo 429 mil 365 empleos directos.
Además, consideraron que la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, siendo Veracruz el principal productor de caña del país con más de 1,800 productores pequeños y medianos que se verían afectados por la medida, así como de productos tradicionales como el cacao y chocolate.
“En estos momentos en país y en particular el Estado de Veracruz, se encuentra en una crisis económica profunda, la cual afectará principalmente a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional, se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes”.
En ese sentido se pronunciaron a favor de esperar a la implementación de las políticas de carácter federal y valorar su efectividad con base en su ejecución, “previo a implementar medidas coercitivas que puedan dañar el patrimonio de miles de veracruzanos”. Y es que, recordaron que el próximo 1 de octubre se prevé la entrada en vigor de las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051- SCFI/SSA1-2010, en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual tendrá como objeto informar al consumidor sobre el contenido de los productos.
“Estamos convencidos que sumar y colaborar es especialmente importante en tiempos difíciles, por lo que nos ponemos a las órdenes del Gobernador y los Diputados Locales para colaborar y trabajar en conjunto en el desarrollo e implementación de soluciones que fomenten el desarrollo económico y social del Estado”.
