La modificación, por decreto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz deja abierta la posibilidad de incrementar el número de magistrados en este organismo.
Y es que, de acuerdo al Decreto número 582 que reforma, deroga y adiciona disposiciones a diversos ordenamientos del estado de Veracruz, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia “excepcionalmente podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o magistradas o Salas para la integración del Tribunal Superior de Justicia”.
El decreto, enviado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Congreso Local, tuvo como objetivo reformar diversas leyes y disposiciones en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.
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No obstante, también se añadió una modificación al artículo 11 de la normativa que rige al Poder Judicial en el que se establece el número de magistradas y magistrados.
Así, de acuerdo a lo publicado el pasado martes en la Gaceta Oficial, aunque el Tribunal Superior de Justicia se integrará con treinta y tres magistradas y magistrados, electos bajo el principio de paridad de género, el número podría cambiar “siempre que exista una causa justificada y de acuerdo a las necesidades del servicio”.
La Constitución Política del Estado de Veracruz establece en el artículo 57 que el Tribunal Superior de Justicia se compondrá “por el número de magistrados que determine la ley”.
Cabe recordar que el pasado 30 de julio, el Congreso local aprobó las modificaciones al Decreto número 582.
No obstante, dicho decreto fue devuelto por el gobernador con observaciones parciales y vuelto a aprobar el 2 de septiembre pasado.
Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz se dan cuando esta institución se encuentra en medio de una polémica debido a que magistrados presentaron la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio, esperan que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y obligue a las autoridades a cumplir con las acciones de ley.
