El Congreso del Estado pedirá un informe al Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad, derogado el pasado 28 de febrero.
El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó un anteproyecto dirigido a la magistrada presidenta del Tribunal, Isabel Inés Romero Cruz, a fin de que informe la situación legal en la que se encuentran las personas que fueron señaladas por presuntamente cometer este delito.
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Al subir a tribuna, refirió que se deben salvaguardar las garantías individuales de quienes permanecen privados de su libertad por este delito en Veracruz, además de cerrar el paso a la impunidad y exigir con la Ley en la mano la rendición de cuentas a aquellos que están al servicio de la administración de la justicia.
Recordó que el pasado 28 de febrero de este año el delito de ultrajes a la autoridad fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es necesario que la sociedad conozca la situación jurídica de las personas procesadas por este delito.
“Sería, además de irresponsable, una falta de ética pensar que los jueces hayan variado el tipo penal por el que fueron procesados con el propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron acusadas y recluidas, cuando este delito ya no existe en Veracruz”, expuso.
Comentó que si los Jueces de Control, quienes dependen del Poder Judicial del Estado, siguen sin acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caen en desacato de un mandamiento del máximo tribunal del país, omisión que los lleva a una responsabilidad penal.
Mencionó que la prisión preventiva es una medida excepcional, pero “tal parece que los jueces la aplican como regla, lo que los lleva a incurrir a una artera violación al artículo 16 Constitucional respecto al principio de debido proceso, lo que nos lleva a pensar que las autoridades judiciales están actuando en forma tendenciosa y facciosa”.
“Si bien es cierto que existe la discrecionalidad por parte del Juez de Control para dictar la prisión preventiva, la falta de debida motivación en estos casos los ha llevado a incurrir en actos ilegales. Hay que recordar que la justicia tardía también es injusticia. Por eso hoy, a nombre de los miles de personas recluidas en los penales del estado, alzo la voz para que el Tribunal Superior de Justicia informe por qué hay lentitud para atender los casos específicos de personas procesadas en el delito de ultrajes a la autoridad, así como la situación jurídica actual de cada uno de ellos”, agregó.
