Para evitar que las personas y menores de edad sean obligados a recibir una terapia de conversión o de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, desde el Congreso local se presentó una iniciativa que propone la aplicación de la pena máxima y continuar el proceso de oficio.
La diputada del PVEM, Tania Cruz Mejía, y el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción VI y penúltimo párrafo del artículo 196 del Código Penal local.
En este se establece que si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años, una persona que padezca alguna discapacidad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o persona que no tenga capacidad de resistir la conducta, se aplicará la pena máxima y se perseguirá de oficio.
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"Se entiende por terapias de conversión o de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana", señala la iniciativa.
En la exposición de motivos se menciona que a pesar de que no se cuenta con cifras oficiales sobre el numero de personas que son sometidos a las terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) en Veracruz, sí se tiene conocimiento que siguen vigentes y la evidencia indica que todas las personas que las han padecido sufren graves secuelas físicas y emocionales en su persona.
"El patrón común en estas personas es de presentar sentimientos de culpa, vergüenza, depresión y falta de autoestima, además de pensamientos suicidas", se detalla.
Existen tres categorías de estas terapias de conversión/ECOSIG: Las religiosas que conminan a la abstinencia y exorcismos; las médicas, con tratamientos hormonales, hipnosis y electrochoques; y las sociales, como los matrimonios heterosexuales forzados.
Como podemos apreciar, expone la iniciativa, los tabúes o falta de aceptación por parte de algunos sectores de nuestra sociedad, ha llevado a muchas familias a buscar cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas, lo que ha llegado consciente o inconscientemente a criminalizarlas.
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La iniciativa presentada busca prohibir éstas prácticas de Terapias de Conversión o también conocidas como ECO-SIG por ser crueles, inhumanas y degradables por parte de quienes son sometidos a estas o a tratamientos psiquiátricos, psicológicos o espirituales con el objetivo de cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de genero de aquellas personas diferentes a una hetero-sexualidad binaria cisgénero.
Además, lo que se pretende con esta iniciativa es representar y simbolizar la reparación del daño que se ha hecho a las personas que han padecido estas prácticas en contra de su voluntad por parte de la sociedad que no comulga con la diversidad.
