Xalapa, Ver.- La demanda por servicios de seguridad privada en el estado de Veracruz registró un crecimiento en la entidad en el periodo 2017- 2018, al pasar de 12 a 17 municipios donde actualmente operan empresas de seguridad de manera legal.
De acuerdo con información estatal, los municipios donde se ha registrado mayor operación de empresas de seguridad privada han sido Veracruz (19), Xalapa (12), Coatzacoalcos (8); Boca del Río (7), Poza Rica y Córdoba (6), Orizaba (4), Tuxpan (2).
Entre 2017 y 2018 la demanda de seguridad privada se extendió hasta municipios de Pánuco, Nogales, Ixtaczoquitlán, Tlapacoyan, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Emiliano Zapata, Perote y la zona de Tejería, hasta llegar a 74 sucursales de empresas de seguridad privada operando con permiso estatal en la entidad veracruzana.
Actualmente en Veracruz se encuentran registradas 51 empresas de seguridad privada con permisos estatales, otorgados por la SESCESP (Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública); en el nivel federal, la Dirección General de Seguridad Privada de la CNS (Comisión Nacional de Seguridad) de la Segob integra un padrón de 73 empresas con autorización federal, con matriz y sucursales en la entidad.
De acuerdo con los registros oficiales, con corte al 27 de marzo de 2018, se venció el permiso de operación de 12 empresas de seguridad privada: siete, en el sistema federal y nueve en el nivel local.
La SESCESP establece que las empresas con permisos vencidos pueden realizar el trámite de ratificación o revalidación para continuar prestando sus servicios de manera legal y otorga la vigencia de un año.
NUEVA LEY GENERAL
Con la aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Privada, se prevé que las empresas que operan en todo el país se integren bajo la modalidad de “Autorización Única”, expedida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada, y cumplan con la función de auxiliares a la función de seguridad pública en materia de prevención de delitos.
El pasado 25 de abril el Senado aprobó la nueva Ley que tiene como objetivo regular la seguridad privada como auxiliar de la función pública de seguridad, establecer un orden en la actividad, y “definir claramente las competencias y la base de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, con el fin de lograr la homologación a nivel nacional de los requisitos y modalidades”.
Esta ley aprobada, que es reglamentaria del artículo 21 constitucional, establece sanciones por incumplimiento de la ley, que puede alcanzar la revocación del permiso, además establece que los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo; en el uso de armamento, se conducirán bajo los lineamientos del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada, para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para portar armas de fuego en el desempeño de sus funciones.
Con el nuevo marco normativo, el personal operativo de las empresas autorizadas coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia o desastre.
