La última vez que el Gobierno del Estado autorizó tarifas en el servicio de transporte de taxis fue en 2002, en el tramo final del gobierno de Miguel Alemán.
Desde entonces, por intereses políticos, dejaron de hacerlo Fidel Herrera, quien únicamente sobresaturó de concesiones el estado de Veracruz; Javier Duarte que hizo lo mismo que su mentor entregando placas a diestra y siniestra a familiares y afines; Flavino Ríos que en su efímero paso por ese cargo apenas tuvo tiempo para afrontar los difíciles problemas que le heredó JDO, y Miguel Ángel Yunes, en su revanchista bienio en el que también fracasó en su llamado reordenamiento del transporte público que sólo utilizó como estrategia para el control y conversión del priismo al panismo de esas agrupaciones.
Ellos, como gobernantes, incumplieron su obligación de actualizar dicho tarifario y al permitir ‘bateo libre’ a los transportistas de esa modalidad de fijar los cobros a su capricho y conveniencia, como prevalece hasta ahora, dejaron en la indefensión a los usuarios.
No sólo eso, el abandono y permisividad ha sido en tal grado, que miles de autos viejos e inseguros están autorizados para prestar este servicio, lo que sólo tiene una explicación: la corrupción sigue ahí con sus profundas raíces, de tal suerte que las revistas vehiculares son sólo mera simulación o, en todo caso, de carácter recaudatorio para las arcas estatales y los bolsillos de algunos funcionarios, a juzgar por el irregular funcionamiento de autos con hasta diez años de antigüedad.
Hace unos días, el dirigente de una organización de ruleteros señaló que no debe esperarse la actualización de las referidas tarifas este año, por la sencilla razón de que hay elecciones en el siguiente y el gobierno no se arriesgará a quedar mal con los taxistas que, como ha sucedido en todos los gobiernos anteriores, utilizan esta enorme estructura en beneficio de sus intereses, principalmente para el acarreo de gente a votar en las elecciones por el partido en el poder, bajo el riesgo de perder sus privilegios a los que no se someten a sus dictados.
Esa labor la realizan a través de los dirigentes y, a cambio, éstos reciben el respaldo oficial para mantenerse en sus cargos.
En este mar de manipulación, corrupción y desorden, por falta de una adecuada regulación, los únicos afectados son los miles o millones de usuarios que están a merced de los abusos de los transportistas del servicio particular de transporte, y el actual gobierno, por lo visto, va a seguir la misma práctica de priistas y panistas, y lo hará sin problema, mientras los ciudadanos siguen permitiendo tales abusos en tarifas y utilizar taxis viejos e inseguros.
¿Habrá algún diputado que le ponga el cascabel al gato? Esperemos que sí, por el bien de la población.
MOTOCICLISTAS ASALTANTES
En el anterior gobierno estatal panista hubo la intención de modificar la ley para hacer obligatorio con los motociclistas la portación de chalecos con las placas impresas de la unidad, con el fin de detectar aquellas que circulan irregularmente o robadas, y en algún momento identificar a responsables de un delito, debido a la alta incidencia de asaltos a transeúntes, sobre todo a personas que retiran dinero de bancos, incluso, asesinatos. Para los delincuentes es fácil escapar en este tipo de automotor en las ciudades.
La idea se desechó cuando miembros de clubes de élite protestaron contra ésta y las autoridades en torno evitaron enfrentarse a esa presión.
Es necesario retomar esa propuesta. Las motos, no en todos los casos, están ocupándose para delinquir.
Además, también debe prohibirse que sean ocupadas por más de una persona, por representar un riesgo potencial de accidente. La decisión corresponde a quienes tienen a su cargo la prevención de delitos.
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