/ miércoles 5 de mayo de 2021

Suprema Corte emplaza al Congreso a restituir a integrantes del Cabildo de Mixtla de Altamirano

Dado que hubo un incumplimiento a la determinación que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron el pasado 23 de abril

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, solicitó al Congreso local a cumplir con la sentencia en la que de forma inmediata se deba restituir en sus cargos a los integrantes del Cabildo de Mixtla de Altamirano.

El ministro instó a la Cámara local para que en un plazo de 24 horas, que se vence hoy, envíe a la Suprema Corte el documento en el que se deja sin efectos la intervención de la Tesorería municipal y se disuelva la instalación del Concejo Municipal que se aprobó con la desaparición de poderes de dicha demarcación.

En un oficio signado por el representante del máximo tribunal del país, se establece que: Dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de las constancias que acrediten las acciones que haya tomado para garantizar que los integrantes del Ayuntamiento del municipio actor sean restituidos en sus funciones.

Lo anterior, dado que hubo un incumplimiento a la determinación que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron el pasado 23 de abril.

En dicha determinación se mencionó que el Congreso del Estado “manipuló la ley para justificar la suspensión de los miembros del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en el mes de julio de 2019, pues a su juicio más que acogerse a un fundamento legal, el Poder Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, tergiversando el contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”.

Ante ello, la determinación indica que la intervención de la Tesorería debe quedar sin efectos, dado que “esa facultad no puede ser ejercida ni arbitrariamente ni bajo cualquier supuesto; de lo contrario, se permitiría a las Legislaturas un grado tal de intervención en los municipios que prácticamente haría nugatorio el régimen de autonomía municipal”.

Se debe recordar que desde hace cinco meses la Suprema Corte consideró que la desaparición de poderes y la instalación de un Concejo Municipal fueron inconstitucionales, por lo que se tenía que restituir en sus cargos a los integrantes del Cabildo.

Sin embargo, esta determinación, derivada de la controversia constitucional 267/2019 promovida por el propio ayuntamiento, no fue atendida por el Congreso local, lo que motivó que la máxima tribuna exhibiera el tema nuevamente.

La resolución, en ese entonces, indicó que se debe restituir a los integrantes del ayuntamiento, pues de lo contrario se consideraría que el Congreso local actuó de manera ilegal y tomó “una decisión que resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”.

La decisión de los ministros señaló que los integrantes del Cabildo deberán regresar a sus funciones y con ello dejar sin validez al Concejo Municipal. Ello incluye al exsíndico, Ricardo “N”, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente ser el autor intelectual del homicidio de la exalcaldesa del municipio, Maricela Vallejo Orea.

Fue el 24 de abril de 2019 que la entonces alcaldesa Maricela Vallejo Orea, fue asesinada.

Tras ello, en junio, Hipólito Rodríguez Tlehuactle, director del DIF municipal; Erasmo Choncoa Hernández, auxiliar de Fomento Agropecuario, e Isauro Cuahua Tetlactle, tesorero, solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, argumentando ingobernabilidad, violencia y uso indebido de los recursos.

La solicitud fue enviada a la Comisión Instructora y como parte del proceso el 28 de junio, la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua; el síndico, Ricardo Pérez Marcos, y la regidora, Valentina Temoxtle Juárez, se presentaron a comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos con la que se determinó que había pruebas suficientes para dictaminar la desaparición de poderes del ayuntamiento.

El 9 de julio por mayoría calificada el pleno del Congreso local aprobó la suspensión provisional de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, por lo que se nombró un Concejo Municipal.

El Concejo Municipal quedó integrado por Crispín Hernández Sánchez como presidente y Socorro Alba Sandoval Cuevas, Xicoténcatl Atlahua Temoxtle, Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senoria Orea Méndez, así como Ángel Amador Cano como vocales.

También en julio ante la presencia del representante del gobierno estatal, Luis Arturo Santiago Martinez, y del delegado de política Regional en Zongolica, Armando Xicoténcatl, inició la intervención a la Tesorería municipal por parte del Congreso del Estado.

El proceso administrativo quedó a cargo de la Secretaria de Fiscalización del Congreso local, Diana Bellido Díaz; el secretario técnico de la Comisión Permanente de Vigilancia, Fernando Guzmán Ricaño, y los representantes del departamento de Auditoria y Rendición de Cuenta Pública, Mario Saldaña y José Alberto Aguirre.

Un mes después, el 20 de agosto, el exsíndico, Ricardo "N", fue detenido en el estado de Puebla, luego de ser identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto autor intelectual de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer.

La detención se realizó por el personal de la Policía Ministerial de la Fiscalía en un operativo conjunto por la Fiscalía General de Puebla.

Se debe mencionar que desde que se aprobó la desaparición de poderes no se especificó el tiempo por el que el Concejo Municipal estaría a cargo de la administración del municipio, ubicado en las Altas Montañas.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, solicitó al Congreso local a cumplir con la sentencia en la que de forma inmediata se deba restituir en sus cargos a los integrantes del Cabildo de Mixtla de Altamirano.

El ministro instó a la Cámara local para que en un plazo de 24 horas, que se vence hoy, envíe a la Suprema Corte el documento en el que se deja sin efectos la intervención de la Tesorería municipal y se disuelva la instalación del Concejo Municipal que se aprobó con la desaparición de poderes de dicha demarcación.

En un oficio signado por el representante del máximo tribunal del país, se establece que: Dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de las constancias que acrediten las acciones que haya tomado para garantizar que los integrantes del Ayuntamiento del municipio actor sean restituidos en sus funciones.

Lo anterior, dado que hubo un incumplimiento a la determinación que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron el pasado 23 de abril.

En dicha determinación se mencionó que el Congreso del Estado “manipuló la ley para justificar la suspensión de los miembros del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en el mes de julio de 2019, pues a su juicio más que acogerse a un fundamento legal, el Poder Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, tergiversando el contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”.

Ante ello, la determinación indica que la intervención de la Tesorería debe quedar sin efectos, dado que “esa facultad no puede ser ejercida ni arbitrariamente ni bajo cualquier supuesto; de lo contrario, se permitiría a las Legislaturas un grado tal de intervención en los municipios que prácticamente haría nugatorio el régimen de autonomía municipal”.

Se debe recordar que desde hace cinco meses la Suprema Corte consideró que la desaparición de poderes y la instalación de un Concejo Municipal fueron inconstitucionales, por lo que se tenía que restituir en sus cargos a los integrantes del Cabildo.

Sin embargo, esta determinación, derivada de la controversia constitucional 267/2019 promovida por el propio ayuntamiento, no fue atendida por el Congreso local, lo que motivó que la máxima tribuna exhibiera el tema nuevamente.

La resolución, en ese entonces, indicó que se debe restituir a los integrantes del ayuntamiento, pues de lo contrario se consideraría que el Congreso local actuó de manera ilegal y tomó “una decisión que resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”.

La decisión de los ministros señaló que los integrantes del Cabildo deberán regresar a sus funciones y con ello dejar sin validez al Concejo Municipal. Ello incluye al exsíndico, Ricardo “N”, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente ser el autor intelectual del homicidio de la exalcaldesa del municipio, Maricela Vallejo Orea.

Fue el 24 de abril de 2019 que la entonces alcaldesa Maricela Vallejo Orea, fue asesinada.

Tras ello, en junio, Hipólito Rodríguez Tlehuactle, director del DIF municipal; Erasmo Choncoa Hernández, auxiliar de Fomento Agropecuario, e Isauro Cuahua Tetlactle, tesorero, solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, argumentando ingobernabilidad, violencia y uso indebido de los recursos.

La solicitud fue enviada a la Comisión Instructora y como parte del proceso el 28 de junio, la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua; el síndico, Ricardo Pérez Marcos, y la regidora, Valentina Temoxtle Juárez, se presentaron a comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos con la que se determinó que había pruebas suficientes para dictaminar la desaparición de poderes del ayuntamiento.

El 9 de julio por mayoría calificada el pleno del Congreso local aprobó la suspensión provisional de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, por lo que se nombró un Concejo Municipal.

El Concejo Municipal quedó integrado por Crispín Hernández Sánchez como presidente y Socorro Alba Sandoval Cuevas, Xicoténcatl Atlahua Temoxtle, Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senoria Orea Méndez, así como Ángel Amador Cano como vocales.

También en julio ante la presencia del representante del gobierno estatal, Luis Arturo Santiago Martinez, y del delegado de política Regional en Zongolica, Armando Xicoténcatl, inició la intervención a la Tesorería municipal por parte del Congreso del Estado.

El proceso administrativo quedó a cargo de la Secretaria de Fiscalización del Congreso local, Diana Bellido Díaz; el secretario técnico de la Comisión Permanente de Vigilancia, Fernando Guzmán Ricaño, y los representantes del departamento de Auditoria y Rendición de Cuenta Pública, Mario Saldaña y José Alberto Aguirre.

Un mes después, el 20 de agosto, el exsíndico, Ricardo "N", fue detenido en el estado de Puebla, luego de ser identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto autor intelectual de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer.

La detención se realizó por el personal de la Policía Ministerial de la Fiscalía en un operativo conjunto por la Fiscalía General de Puebla.

Se debe mencionar que desde que se aprobó la desaparición de poderes no se especificó el tiempo por el que el Concejo Municipal estaría a cargo de la administración del municipio, ubicado en las Altas Montañas.

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