/ martes 5 de abril de 2022

¿Terminarán Ciudades Judiciales?; exhortan a revisar viabilidad de proyectos

Faltan 12 obras por las que se deberán de pagar más de 12 millones de pesos, dice la bancada de Morena

El grupo parlamentario de Morena exhortó al Poder Judicial del Estado, así como a las empresas responsables de la construcción de las ciudades judiciales a investigar, valorar y determinar la viabilidad de los proyectos.

En la sesión de la Diputación Permanente, se señaló la carga financiera que implica al Poder Judicial, tras llevar a cabo las concesiones para la construcción de 21 ciudades judiciales, de las cuales solo cuatro han sido concluidas.

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En el documento presentado por la diputada local Magaly Armenta Oliveros se exhortó a las empresas que conformaron las sociedades mercantiles de propósito específico “Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V.”, “Compañía Desarrolladora CJEV II, S.A.P.I. de C.V.”, “Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.” y “Compañía Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I. de C.V.” a valorar conjuntamente las condiciones actuales de los proyectos de Asociación Público-Privada para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales.

“Se busca garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y promover la seguridad pública del Estado, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del Poder Judicial”, expuso. La legisladora solicitó a los representantes de la empresa, propiedad de la familia Ruiz Anitua, a valorar ponderar el interés social y el de las obligaciones contraídas, así como buscar un esquema que favorezca de mejor manera a la ciudadanía veracruzana.

Refirió que a la fecha sólo existen cuatro obras terminadas y entregadas: Martínez de la Torre, Papantla, Medellín y Tuxpan. Otras cuatro, dijo, están en proceso de ejecución: Naolinco (con el 98.32% de avance), Las Choapas (65.70%), Isla (31.43%) y Pueblo Viejo (25.91%).

Las 12 obras restantes que fueron proyectadas no cuentan todavía con inicio de construcción. “De las cuatro ciudades judiciales ya terminadas, ha empezado ya la obligación de otorgar una contraprestación económica por el plazo de 300 meses, que arroja un monto mensual total, sin IVA, de más de 3 millones de pesos”, argumentó.

Destacó que al concluir las cuatro obras pendientes la cantidad total a erogar sería de alrededor de 2 millones de pesos.

Sin embargo, en caso de que se concluyan las 12 obras restantes se deberán pagar más de 8 millones 500 mil pesos, monto que debería cubrirse mes con mes, durante los próximos 25 años, periodo que se encuentra establecido en los contratos respectivos.

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“Hacemos un exhorto respetuoso para que el Poder Judicial del Estado realice una investigación minuciosa sobre la problemática ya expuesta, en virtud de que actualmente se van a erogar recursos por poco más de 6 millones de pesos mensuales en un plazo de casi 25 años por las ciudades que ya se encuentran construidas. Una vez que se consoliden las otras 12, se tendrían que pagar 16 millones y medio de pesos mensuales, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera del Poder Judicial”, agregó.

El grupo parlamentario de Morena exhortó al Poder Judicial del Estado, así como a las empresas responsables de la construcción de las ciudades judiciales a investigar, valorar y determinar la viabilidad de los proyectos.

En la sesión de la Diputación Permanente, se señaló la carga financiera que implica al Poder Judicial, tras llevar a cabo las concesiones para la construcción de 21 ciudades judiciales, de las cuales solo cuatro han sido concluidas.

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En el documento presentado por la diputada local Magaly Armenta Oliveros se exhortó a las empresas que conformaron las sociedades mercantiles de propósito específico “Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V.”, “Compañía Desarrolladora CJEV II, S.A.P.I. de C.V.”, “Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.” y “Compañía Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I. de C.V.” a valorar conjuntamente las condiciones actuales de los proyectos de Asociación Público-Privada para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales.

“Se busca garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y promover la seguridad pública del Estado, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del Poder Judicial”, expuso. La legisladora solicitó a los representantes de la empresa, propiedad de la familia Ruiz Anitua, a valorar ponderar el interés social y el de las obligaciones contraídas, así como buscar un esquema que favorezca de mejor manera a la ciudadanía veracruzana.

Refirió que a la fecha sólo existen cuatro obras terminadas y entregadas: Martínez de la Torre, Papantla, Medellín y Tuxpan. Otras cuatro, dijo, están en proceso de ejecución: Naolinco (con el 98.32% de avance), Las Choapas (65.70%), Isla (31.43%) y Pueblo Viejo (25.91%).

Las 12 obras restantes que fueron proyectadas no cuentan todavía con inicio de construcción. “De las cuatro ciudades judiciales ya terminadas, ha empezado ya la obligación de otorgar una contraprestación económica por el plazo de 300 meses, que arroja un monto mensual total, sin IVA, de más de 3 millones de pesos”, argumentó.

Destacó que al concluir las cuatro obras pendientes la cantidad total a erogar sería de alrededor de 2 millones de pesos.

Sin embargo, en caso de que se concluyan las 12 obras restantes se deberán pagar más de 8 millones 500 mil pesos, monto que debería cubrirse mes con mes, durante los próximos 25 años, periodo que se encuentra establecido en los contratos respectivos.

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“Hacemos un exhorto respetuoso para que el Poder Judicial del Estado realice una investigación minuciosa sobre la problemática ya expuesta, en virtud de que actualmente se van a erogar recursos por poco más de 6 millones de pesos mensuales en un plazo de casi 25 años por las ciudades que ya se encuentran construidas. Una vez que se consoliden las otras 12, se tendrían que pagar 16 millones y medio de pesos mensuales, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera del Poder Judicial”, agregó.

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