El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz confirmó que Guadalupe Romero Sánchez, presidenta municipal de Villa Aldama, es víctima de violencia política contra las mujeres ejercida por los ediles que integran el Cabildo del ayuntamiento que dirige.
La sentencia del TEV sobre el caso de la alcaldesa de Villa Aldama
En sesión de este lunes, el Pleno revisó la sentencia dictada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios ciudadanos federales 335 y 336 acumulados resueltos el pasado 8 de mayo en los que se ordenó revocar el juicio ciudadano 136 y el procedimiento especial sancionador 20, promovidos por la alcaldesa.
La presidenta municipal señaló al Tribunal federal que hubo actos y omisiones que, a su decir, obstaculizan el ejercicio del cargo para el que fue electa y le ocasionan violencia política en razón de género contra las mujeres.
Ante ello, se analizaron las pruebas presentadas y se determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida en su contra, ya que las conductas acreditadas estuvieron dirigidas a inhibir sus funciones como presidenta municipal.
Además, se determinó que las acciones lograron invisibilizarla y discriminarla por el hecho de ser mujer, "lo que recrea un imaginario colectivo negativo, y por tanto, es suficiente para considerar que se cometió violencia política en contra de la actora en razón de su género".
En el recurso, la alcaldesa señaló que se le ha afectado su derecho a ejercer el cargo para el que fue electa libre de toda violencia, ya que en varias ocasiones, diversas autoridades del ayuntamiento han expresado palabras agresivas e intimidantes hacia su persona, en especial por el hecho de ser mujer.
La alcaldesa denunció la existencia de una "cámara espía de vigilancia” dentro de una lámpara instalada en la oficina de la Presidencia Municipal, hecho que fue declarado infundado de parte del Pleno, pues aunque se acreditó la existencia del objeto mencionado, no se corroboró la autoría de la o las personas que la colocaron en las oficinas.
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Medidas cautelares
En octubre de 2023 la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral impuso a su favor medidas cautelares en la vertiente de tutela preventiva para evitar que las conductas de violencia política, simbólica y económica por parte de sus compañeros ediles se repitieran.
En ese entonces se determinó que la comunicación entre la alcaldesa y sus compañeros ediles sea por escrito.
La alcaldesa denunció que se le amenaza e intimida al personal que colabora con ella y se le obligaba a destituirlos, se realizaban reuniones de trabajo sin su consentimiento, en las sesiones de Cabildo se incluían puntos sin previa circulación, y sus compañeros ediles se tomaban atribuciones que no les competen.
Por ello, presentó un escrito de queja ante el organismo local, donde se determinó que en el ayuntamiento de Villa Aldama se "está ante esquemas patriarcales, misóginos y discriminatorios por razón de género".
