/ sábado 22 de febrero de 2020

Veracruz, con años de rezago en límites al poder gubernamental

En contraparte, la organización World Justice Project indica que registró una mejoría en los puntajes del Índice de Estado de Derecho, al pasar del lugar 24 a la posición 22

Xalapa, Ver.- Veracruz presenta rezagos en materia de límites al poder gubernamental, derechos fundamentales, justicia civil y penal.

El Índice de Estado de Derecho 2019-2020, elaborado por la organización World Justice Project (WJP) –presentado el pasado jueves 13 de febrero– señala que la entidad veracruzana fue mal evaluada en materia de límites al poder gubernamental, al ubicarla en la posición 31 en derechos fundamentales y el lugar 29 en justicia civil y penal.

Los resultados de la evaluación presentada por WJP indican que en Veracruz no se ha logrado abatir de manera significativa los rezagos con respecto al Estado de Derecho.

Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020 la entidad veracruzana registró una mejoría en los puntajes del Índice de Estado de Derecho, al pasar del lugar 24 a la posición 22, en el último año hubo retrocesos en materia de límites al poder gubernamental al descender del lugar 30 a la posición 32.

Este indicador mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales –como los poderes Legislativo y Judicial, los organismos de fiscalización y control, por ejemplo– limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de “gobernadores, alcaldes y demás autoridades del Poder Ejecutivo Estatal”, y los responsabilizan de sus actos.

En Derechos Fundamentales no se registran cambios, pues tanto en 2018 como en el último año, la entidad veracruzana se mantiene en el lugar 31, esto como resultado de las experiencias cotidianas y percepciones de las personas que no han visto garantizados el derecho a la vida y a la seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, derechos laborales, la ausencia de discriminación, entre otros.

También en el indicador “Cumplimiento Regulatorio” –que mide los procedimientos administrativos eficientes, el debido proceso administrativo y el cumplimiento regulatorio eficaz– presenta retrocesos, al descender del lugar 11 a la posición 15.

Mientras tanto, en Justicia Civil, Veracruz pasó del lugar 30 al 29, con respecto a los resultados de 2018, no obstante, aún falta fortalecer las tareas para que la ciudadanía conozca sus derechos, que la ejecución de las resoluciones en materia civil se realice de manera efectiva, asequible y sin procesos burocráticos y cuente con acceso a información y asesoría legal; en resumen, que la justicia civil sea de calidad y expedita.

En materia de Justicia Penal, que integra rubros como la realización de investigación penal y procuración e impartición de justicia eficaz, derechos de las víctimas, debido proceso legal, justicia imparcial independiente y libre de corrupción, así como un sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, Veracruz pasó del lugar 31 a la posición 29.

En contraparte, en el rubro de Orden y Seguridad, que analiza aspectos como ausencia de homicidios y delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares, la evaluación nacional sitúa a la entidad veracruzana en la posición 8; mientras que en 2018, la ubicó en el lugar 9, lo que representa un avance; en “Ausencia de corrupción”, actualmente ocupa el lugar 19, mientras que en 2018, se encontraba en el lugar 27.

Finalmente, en “Gobierno Abierto” se mantiene en la misma posición al ocupar el lugar 12.

Cabe mencionar que para la elaboración del índice nacional, la organización World Justice Project se basó en encuestas aplicadas a la población general, a expertos y abogados que ejercen en cada uno de los 32 estados del país, además de las estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones.

El panorama nacional

En México ninguna entidad federativa alcanza una calificación perfecta; sin embargo, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas son los estados que alcanzaron las puntuaciones positivas más altas, por lo que, apunta WJP, todos tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.

En el comunicado de prensa titulado “Los mexicanos demandan hacer del Estado de Derecho una prioridad”, Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, señala que “México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal. Por consiguiente, es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley. Tal transformación requiere de la participación y compromiso de todos”.

Por su parte, Layda Negrete, investigadora de la WJP, en entrevista con medios nacionales, afirmó que, de acuerdo con el Índice, los contrapesos del poder que conserva México, son la prensa crítica y la sociedad civil.

Xalapa, Ver.- Veracruz presenta rezagos en materia de límites al poder gubernamental, derechos fundamentales, justicia civil y penal.

El Índice de Estado de Derecho 2019-2020, elaborado por la organización World Justice Project (WJP) –presentado el pasado jueves 13 de febrero– señala que la entidad veracruzana fue mal evaluada en materia de límites al poder gubernamental, al ubicarla en la posición 31 en derechos fundamentales y el lugar 29 en justicia civil y penal.

Los resultados de la evaluación presentada por WJP indican que en Veracruz no se ha logrado abatir de manera significativa los rezagos con respecto al Estado de Derecho.

Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020 la entidad veracruzana registró una mejoría en los puntajes del Índice de Estado de Derecho, al pasar del lugar 24 a la posición 22, en el último año hubo retrocesos en materia de límites al poder gubernamental al descender del lugar 30 a la posición 32.

Este indicador mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales –como los poderes Legislativo y Judicial, los organismos de fiscalización y control, por ejemplo– limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de “gobernadores, alcaldes y demás autoridades del Poder Ejecutivo Estatal”, y los responsabilizan de sus actos.

En Derechos Fundamentales no se registran cambios, pues tanto en 2018 como en el último año, la entidad veracruzana se mantiene en el lugar 31, esto como resultado de las experiencias cotidianas y percepciones de las personas que no han visto garantizados el derecho a la vida y a la seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, derechos laborales, la ausencia de discriminación, entre otros.

También en el indicador “Cumplimiento Regulatorio” –que mide los procedimientos administrativos eficientes, el debido proceso administrativo y el cumplimiento regulatorio eficaz– presenta retrocesos, al descender del lugar 11 a la posición 15.

Mientras tanto, en Justicia Civil, Veracruz pasó del lugar 30 al 29, con respecto a los resultados de 2018, no obstante, aún falta fortalecer las tareas para que la ciudadanía conozca sus derechos, que la ejecución de las resoluciones en materia civil se realice de manera efectiva, asequible y sin procesos burocráticos y cuente con acceso a información y asesoría legal; en resumen, que la justicia civil sea de calidad y expedita.

En materia de Justicia Penal, que integra rubros como la realización de investigación penal y procuración e impartición de justicia eficaz, derechos de las víctimas, debido proceso legal, justicia imparcial independiente y libre de corrupción, así como un sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, Veracruz pasó del lugar 31 a la posición 29.

En contraparte, en el rubro de Orden y Seguridad, que analiza aspectos como ausencia de homicidios y delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares, la evaluación nacional sitúa a la entidad veracruzana en la posición 8; mientras que en 2018, la ubicó en el lugar 9, lo que representa un avance; en “Ausencia de corrupción”, actualmente ocupa el lugar 19, mientras que en 2018, se encontraba en el lugar 27.

Finalmente, en “Gobierno Abierto” se mantiene en la misma posición al ocupar el lugar 12.

Cabe mencionar que para la elaboración del índice nacional, la organización World Justice Project se basó en encuestas aplicadas a la población general, a expertos y abogados que ejercen en cada uno de los 32 estados del país, además de las estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones.

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