/ jueves 14 de marzo de 2019

Veracruz, foco rojo por alta incidencia de conflictos ecológicos

Megraproyectos de minería, hidrocarburos, gasoductos e hidroeléctricas, que afectan el medio ambiente, generan inconformidad en poblaciones

En los últimos 12 años Veracruz se ha ubicado como una de las entidades que concentra más reportes de conflictos socioambientales en el país, generados por proyectos de hidrocarburos y mineros, aunque los hechos con más violencia están relacionados con la instalación de plantas hidroeléctricas.

De acuerdo con la investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), Montfort University Leicester y The British Academy, la extracción de hidrocarburos en la entidad registra focos rojos por la alta incidencia en conflictos, con un registro que va entre los 36 a 59 casos reportados.

Desde 2006 la resistencia social frente a la actividad de empresas mineras en territorio veracruzano ha propiciado entre 14 a 25 conflictos, mientras que la instalación de plantas hidroeléctricas acumula entre 12 a 21 conflictos.

Cabe mencionar que en la actividad hidroeléctrica es donde se registran más casos de violencia (de ocho a 15 reportes), seguida de los campos petroleros, con uno a cinco casos violentos.

En el mapeo de conflictos socioambientales, presentado a finales de febrero, como parte del proyecto “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, también se localizaron hechos relacionados con gasoductos, con la cifra de uno a seis conflictos ocurridos en la entidad veracruzana.

LAS DENUNCIAS

Dentro de las principales demandas por parte de las comunidades frente a los megaproyectos de minería, hidrocarburos, hidroeléctrica y gasoducto en el estado, se encuentra la protección al medio ambiente, así como la denuncia de prácticas ilegales y corrupción, con casos violentos marcados por la inseguridad y el crimen organizado.

Uno de los casos registrados es el proyecto de hidroeléctrica localizado en la sierra de Zongolica, con la participación de las empresas Electricidad del Golfo de S.L, Asergen S.C., Comexhidro S.A de C.V., Conduit Capital Partners LLC, donde las comunidades denunciaron la falta de consulta, la realización de prácticas ilegales, autorización de licencias irregulares o inexistentes, así como sobornos.

En Altotonga también se demandó la protección al ambiente frente al proyecto denominado Ingeniero Pablo Herrán Savattit 1, a cargo de la empresa Inco Renovables S.A. P. I de C. V., en donde no se implementaron mecanismos de participación ni consultas a las comunidades.

En el conocido proyecto minero “El Cobre”, localizado en Actopan, a cargo de la empresa Almaden Minerals, con su filial Minera Gavilán, se identificaron demandas sociales que van desde la protección del medio ambiente, la falta o falla en la consulta, ordenamiento territorial, así como denuncias por corrupción.

Las comunidades en cambio han realizado acciones que van desde las manifestaciones, denuncias ante medios de comunicación, demandas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la firma de actas con la presencia de la autoridad municipal y representantes de la Semarnat.

Las denuncias contra la empresa se han realizado por irregularidades en el trabajo de la minera, por trabajar sin permiso, así como por omisión de la debida diligencia, sin que ello haya dado por resultado la clausura o suspensión definitiva.

En el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, en el municipio de Alto Lucero, la empresa Candelaria Mining Corp ha sido denunciada por prácticas ilegales y corrupción.

La demanda de protección al ambiente en la entidad ha registrado movilización socio-legal, como en el caso del proyecto de la presa hidroeléctrica en el municipio de Jalcomulco, donde la resistencia social activó no sólo reclamos en medios, también la implementación de campamento de defensa, bloqueos en contra de la empresa Odebrecht, lo cual generó enfrentamientos dentro la comunidad, criminalización de defensores y líderes, así como hostigamiento.

La investigación nacional reporta hechos del crimen organizado por industria: en el caso de la mineras se registraron 28 hechos del crimen organizado en 14 proyectos mineros localizados en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

En los campos petroleros se contabilizaron seis hechos de la delincuencia organizada en proyectos ubicados en los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco.

Como en el caso del proyecto petrolero “Horcón”, localizado en el municipio de Tihuatlán, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde se registraron denuncias por inseguridad y crimen organizado, así como el homicidio de líderes y defensores.

También en el proyecto “Tajín”, localizado en la zona Tihuatlán-Coatzintla-Papantla, también se reportó la presencia del crimen organizado.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Contrario a la tesis de que las comunidades utilizan repertorios violentos, la investigación señala que éstas utilizan en mayor medida acciones institucionalizadas; paradójicamente, los actores estatales –en alianza con las empresas– son los que protagonizan acciones de informalidad, no debido proceso e ilegalidad.

Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones “no institucionalizadas”, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios.

Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades.

Ambos sectores consideran que la consulta pública, incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sirve muy poco para informar a las comunidades.

Mientras que para los representantes del sector público las asambleas ejidales resultan el medio más efectivo para comunidades que buscan impedir la instalación de megaproyectos, los expertos del sector privado consideran que el factor más efectivo reside en que las comunidades tengan capacidad de movilización para la protesta, donde las organizaciones de la sociedad civil son consideradas una amenaza.

Los escenarios que más se asocian con probabilidad de aumento de violencia son aquellos en el que la comunidad está dividida entre sí, en el que hay presencia del Ejército u otras organizaciones armadas del gobierno y presencia del crimen organizado.

El informe reporta que ambos grupos señalaron que la probabilidad de violencia es mayor cuando hay empresas que no cumplen con los estándares internacionales de responsabilidad y de derechos humanos.

En México, a la par del aumento de los megaproyectos, el marco legislativo se ha ido modificando para facilitar la inversión privada, en medio de la descoordinación entre los niveles federal, estatal y municipal.

LAS EMPRESAS

Dentro de los conflictos relacionados con el sector minero, las empresas que suman más reportes en el nivel nacional son Grupo México, Ternium, GoldcorpInc., Grupo Fisco, Almaden Minerals Ltd, Minera Autlán, First Majestic SilverCorp, Excellon Resources Inc., Continuum Resources, Torex Gold Resources Inc., Fortuna Silver Mines Inc., y New Gold Inc.

En hechos reportados de empresas en hidroeléctricas: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comexhidro, Odebrecht, Generadora Fénix, Deselec, Grupo México, entre otras.

En campos petroleros, destacan Petróleos Mexicanos (Pemex), Diavaz, Oleorey, Grupo R Exploración y Producción.

En gasoductos: la Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos S.A de C.V., Elecnor, Enagás, Bonatti, así como la Transportadora de Gas Natural delNoroeste.

En los últimos 12 años Veracruz se ha ubicado como una de las entidades que concentra más reportes de conflictos socioambientales en el país, generados por proyectos de hidrocarburos y mineros, aunque los hechos con más violencia están relacionados con la instalación de plantas hidroeléctricas.

De acuerdo con la investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), Montfort University Leicester y The British Academy, la extracción de hidrocarburos en la entidad registra focos rojos por la alta incidencia en conflictos, con un registro que va entre los 36 a 59 casos reportados.

Desde 2006 la resistencia social frente a la actividad de empresas mineras en territorio veracruzano ha propiciado entre 14 a 25 conflictos, mientras que la instalación de plantas hidroeléctricas acumula entre 12 a 21 conflictos.

Cabe mencionar que en la actividad hidroeléctrica es donde se registran más casos de violencia (de ocho a 15 reportes), seguida de los campos petroleros, con uno a cinco casos violentos.

En el mapeo de conflictos socioambientales, presentado a finales de febrero, como parte del proyecto “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, también se localizaron hechos relacionados con gasoductos, con la cifra de uno a seis conflictos ocurridos en la entidad veracruzana.

LAS DENUNCIAS

Dentro de las principales demandas por parte de las comunidades frente a los megaproyectos de minería, hidrocarburos, hidroeléctrica y gasoducto en el estado, se encuentra la protección al medio ambiente, así como la denuncia de prácticas ilegales y corrupción, con casos violentos marcados por la inseguridad y el crimen organizado.

Uno de los casos registrados es el proyecto de hidroeléctrica localizado en la sierra de Zongolica, con la participación de las empresas Electricidad del Golfo de S.L, Asergen S.C., Comexhidro S.A de C.V., Conduit Capital Partners LLC, donde las comunidades denunciaron la falta de consulta, la realización de prácticas ilegales, autorización de licencias irregulares o inexistentes, así como sobornos.

En Altotonga también se demandó la protección al ambiente frente al proyecto denominado Ingeniero Pablo Herrán Savattit 1, a cargo de la empresa Inco Renovables S.A. P. I de C. V., en donde no se implementaron mecanismos de participación ni consultas a las comunidades.

En el conocido proyecto minero “El Cobre”, localizado en Actopan, a cargo de la empresa Almaden Minerals, con su filial Minera Gavilán, se identificaron demandas sociales que van desde la protección del medio ambiente, la falta o falla en la consulta, ordenamiento territorial, así como denuncias por corrupción.

Las comunidades en cambio han realizado acciones que van desde las manifestaciones, denuncias ante medios de comunicación, demandas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la firma de actas con la presencia de la autoridad municipal y representantes de la Semarnat.

Las denuncias contra la empresa se han realizado por irregularidades en el trabajo de la minera, por trabajar sin permiso, así como por omisión de la debida diligencia, sin que ello haya dado por resultado la clausura o suspensión definitiva.

En el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, en el municipio de Alto Lucero, la empresa Candelaria Mining Corp ha sido denunciada por prácticas ilegales y corrupción.

La demanda de protección al ambiente en la entidad ha registrado movilización socio-legal, como en el caso del proyecto de la presa hidroeléctrica en el municipio de Jalcomulco, donde la resistencia social activó no sólo reclamos en medios, también la implementación de campamento de defensa, bloqueos en contra de la empresa Odebrecht, lo cual generó enfrentamientos dentro la comunidad, criminalización de defensores y líderes, así como hostigamiento.

La investigación nacional reporta hechos del crimen organizado por industria: en el caso de la mineras se registraron 28 hechos del crimen organizado en 14 proyectos mineros localizados en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

En los campos petroleros se contabilizaron seis hechos de la delincuencia organizada en proyectos ubicados en los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco.

Como en el caso del proyecto petrolero “Horcón”, localizado en el municipio de Tihuatlán, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde se registraron denuncias por inseguridad y crimen organizado, así como el homicidio de líderes y defensores.

También en el proyecto “Tajín”, localizado en la zona Tihuatlán-Coatzintla-Papantla, también se reportó la presencia del crimen organizado.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Contrario a la tesis de que las comunidades utilizan repertorios violentos, la investigación señala que éstas utilizan en mayor medida acciones institucionalizadas; paradójicamente, los actores estatales –en alianza con las empresas– son los que protagonizan acciones de informalidad, no debido proceso e ilegalidad.

Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones “no institucionalizadas”, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios.

Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades.

Ambos sectores consideran que la consulta pública, incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sirve muy poco para informar a las comunidades.

Mientras que para los representantes del sector público las asambleas ejidales resultan el medio más efectivo para comunidades que buscan impedir la instalación de megaproyectos, los expertos del sector privado consideran que el factor más efectivo reside en que las comunidades tengan capacidad de movilización para la protesta, donde las organizaciones de la sociedad civil son consideradas una amenaza.

Los escenarios que más se asocian con probabilidad de aumento de violencia son aquellos en el que la comunidad está dividida entre sí, en el que hay presencia del Ejército u otras organizaciones armadas del gobierno y presencia del crimen organizado.

El informe reporta que ambos grupos señalaron que la probabilidad de violencia es mayor cuando hay empresas que no cumplen con los estándares internacionales de responsabilidad y de derechos humanos.

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