/ martes 1 de marzo de 2022

Viene otra ley para sustituir a la inconstitucional de ultrajes a la autoridad

Tras la decisión de ministros, Gobernador prepara nueva iniciativa

Las modificaciones que hicieron los diputados locales sobre ultrajes a la autoridad fueron insuficientes, por lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional este delito en Veracruz.

En la sesión realizada ayer se pusieron a discusión las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La primera relacionada con el delito de ultrajes a la autoridad y la segunda con delitos contra la Seguridad Pública.En el caso de la primera acción se declaró inconstitucional el artículo 331 del Código Penal del Estado. Mientras que en el segundo se determinó que hoy será puesto a discusión un nuevo proyecto relacionado con el artículo 371 Quinquies.


Por mayoría de votos, la Corte determinó que el delito de ultrajes a la autoridad, tal y como se encuentra tipificado en el Código Penal vulnera derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad, pues no describe con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán.

La inconstitucionalidad se determinó por mayoría de votos. Siete de los ministros consideraron que hubo violación de taxitividad y libertad de expresión, y tres emitieron su voto solo por taxitividad.

Enviaré iniciativa de ley para proteger constitución: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, le está "corrigiendo la plana" pero a quien realizó la reforma al Código Penal en el 2003 en el Congreso Local.

En conferencia de prensa, anuncia que esta misma semana enviará una nueva iniciativa al Congreso de Veracruz relacionada con la agresión con armas hacia las autoridades y que esta figura penal podría ser considerada como “agresión violenta”.

Lo anterior, de acuerdo con el mandatario estatal, a fin de mantener la prisión preventiva a quien incurra en este delito. “Voy a enviar una iniciativa de ley, la estaré presentando al Congreso para proteger lo que mandata la Constitución, que es quien agreda con violencia como con armas, vamos a cambiar el tipo, ya no es ultrajes a la autoridad, para que se siga protegiendo a la sociedad, no podemos quedar en un impasse, puede ser agresión violenta”.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que "tenemos que observar la sentencia porque es muy importante, hice una carta pública para que tomaran nuestra consideración, yo debo cumplir mi función de gobernador".

Insiste en que es importante señalar que "no creo el delito sino que resolvieron una problemática que se agravaba en Veracruz, pues remarca que al incrementar el número de policías incrementaron las agresiones violentas e incluso se tuvo el deceso de 47 elementos".

Expone que esto deriva del artículo 19 Constitucional que señala que cualquiera que agrede con armas, la pena debe considerar prisión preventiva oficiosa.

Precisa que son alrededor de 200 los detenidos por este delito de ultrajes a la autoridad, pues de los mil 1 mil 033 a quienes se les relacionó con él, no se quedaron recluídos todos.

Insostenible el delito de ultrajes a la autoridad

Boca del Río, Ver.- Era insostenible mantener vigente el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, afirma el abogado constitucionalista, académico e investigador Miguel Carbonell, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo declaró inconstitucional.

El especialista asevera que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz se encontraba tipificado bajo una norma que no era precisa, ya que su redacción era muy abierta y sujeta a la interpretación.

Del mismo modo, coincide con otros abogados que advertían que existían otros tipos penales que podrían aplicarse en caso de que alguna autoridad o elemento policíaco fueran agredidos en el cumplimiento de su deber.

Cabe mencionar que el delito de ultrajes a la autoridad fue declarado inconstitucional en una sesión que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes 28 de febrero, como parte del seguimiento a dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y diputados locales de oposición.

Miguel Carbonell señala que el resolutivo de los magistrados no sorprende porque ya en el mismo Poder Judicial se habían dado otros casos, en otros estados de la República, que intentaron implementar el delito de ultrajes en sus códigos penales.

Sin embargo, solo en Veracruz se había dado una reforma al código penal que se mantenía vigente con tal punitividad en dicho delito.

“Cuando se había intentado en otras entidades federativas con redacciones parecidas, también se había llevado el caso a la Corte y la Corte había mantenido el mismo criterio (…), realmente la Corte lo que hoy decidió es congruente con otros casos que había ejercido”.

El especialista destaca que en adelante, con la sentencia de la SCJN las personas que se encuentran detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad podrán salir libres sin enfrentar ningún proceso penal.

“Si la norma no existe ya no hay base jurídica para que estas personas sigan privadas de la libertad y se les tiene que poner en libertad, a menos que estén también vinculadas por otro delito, habría que revisar, caso por caso”.

Sobre el anuncio del gobernador de que podría presentar una nueva reforma con una figura similar al delito de ultrajes a la autoridad, indica que no estaría impedido, solo que se deberá analizar la redacción para que sea distinta al artículo que se declaró inconstitucional.

“No podría enviar una iniciativa con el mismo texto, con el texto porque le dijeron que eso ya no se puede, pero si él eventualmente pudiera buscar otra redacción, habría que ver cómo se presentaría”.

Miguel Carbonell se encuentra en Veracruz como parte de una gira de trabajo que realiza a nivel nacional en diversas ciudades del país, en donde ofrece detalles e información sobre la función de la justicia federal.

Sobre ello, detalla que se busca dar a conocer a la población en general y las personas inmersas en la impartición de justicia, los alcances del Poder Judicial de la Federación en la defensa de sus derechos.

Ultrajes a la autoridad, tema polémico

El delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido uno de los temas más polémicos en Veracruz, ya que ha generado opiniones en Contra y a favor del mismo.

Este delito fue reformado a petición del Ejecutivo en marzo de 2020 y establecido en el artículo 331 del Código Penal del Estado, a fin de, conforme a la propuesta, de salvaguardar la integridad de los elementos policiales que participaran en una detención.

Bajo la figura de este delito se han realizado diversas detenciones en la entidad, algunas de ellas de políticos; sin embargo, la detención de seis jóvenes en la plaza El Tejar en Xalapa, registrada en septiembre de 2021, motivo por el que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses, fue el detonante de la polémica.

Los jóvenes fueron defendidos por el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien argumentó que hubo una violación a sus derechos humanos de dichos jóvenes.

Tras la defensa de los jóvenes, se aplicó la detención del secretario técnico del Senado de la República, José Manuel “N”, por su presunta participación en el asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Con ello, se buscó crear la Comisión Especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, misma que fue apoyada por varios senadores, pero no aprobada por el pleno del Senado de la República, por lo que se echó abajo. La creación de dicha Comisión fue criticada por el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, quien la denominó como “patito”.

En todo momento el Gobernador defendió el delito, argumentando que con este se detendría a los delincuentes y se protegería a los policías que son agredidos en las detenciones e incluso han perdido la vida en el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, el delito no fue aceptado por algunas bancadas del Congreso local, así como por barras de abogados y asociaciones civiles que buscaron derogarlo. El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila; el diputado del PAN, Jaime de la Garza; representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos, presentaron recursos ante para echar abajo el delito.

Además, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 dirigida al Ejecutivo para solicitar la derogación del delito, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q relacionado con la detención de los seis jóvenes de Xalapa.

El Gobernador aceptó la recomendación y envió al Congreso local una propuesta para derogarlo; sin embargo, argumentó que se dejaría un vacío legal para tipificar las agresiones hacia los policías y elementos de seguridad pública al momento de hacer su deber.

Con el propósito de que fuera derogado del Código Penal de Veracruz el delito y se liberara a las personas que se encuentran en prisión por esta causa, los partidos Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, con el apoyo de barras de abogados, grupos de académicos y otras organizaciones civiles se creó el Movimiento por la Justicia.

El pasado domingo, por mayoría de votos el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal, pero se dejó en firme el delito; sin embargo, la SCJN lo declaró inconstitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores locales.

Las modificaciones que hicieron los diputados locales sobre ultrajes a la autoridad fueron insuficientes, por lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional este delito en Veracruz.

En la sesión realizada ayer se pusieron a discusión las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La primera relacionada con el delito de ultrajes a la autoridad y la segunda con delitos contra la Seguridad Pública.En el caso de la primera acción se declaró inconstitucional el artículo 331 del Código Penal del Estado. Mientras que en el segundo se determinó que hoy será puesto a discusión un nuevo proyecto relacionado con el artículo 371 Quinquies.


Por mayoría de votos, la Corte determinó que el delito de ultrajes a la autoridad, tal y como se encuentra tipificado en el Código Penal vulnera derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad, pues no describe con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán.

La inconstitucionalidad se determinó por mayoría de votos. Siete de los ministros consideraron que hubo violación de taxitividad y libertad de expresión, y tres emitieron su voto solo por taxitividad.

Enviaré iniciativa de ley para proteger constitución: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, le está "corrigiendo la plana" pero a quien realizó la reforma al Código Penal en el 2003 en el Congreso Local.

En conferencia de prensa, anuncia que esta misma semana enviará una nueva iniciativa al Congreso de Veracruz relacionada con la agresión con armas hacia las autoridades y que esta figura penal podría ser considerada como “agresión violenta”.

Lo anterior, de acuerdo con el mandatario estatal, a fin de mantener la prisión preventiva a quien incurra en este delito. “Voy a enviar una iniciativa de ley, la estaré presentando al Congreso para proteger lo que mandata la Constitución, que es quien agreda con violencia como con armas, vamos a cambiar el tipo, ya no es ultrajes a la autoridad, para que se siga protegiendo a la sociedad, no podemos quedar en un impasse, puede ser agresión violenta”.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que "tenemos que observar la sentencia porque es muy importante, hice una carta pública para que tomaran nuestra consideración, yo debo cumplir mi función de gobernador".

Insiste en que es importante señalar que "no creo el delito sino que resolvieron una problemática que se agravaba en Veracruz, pues remarca que al incrementar el número de policías incrementaron las agresiones violentas e incluso se tuvo el deceso de 47 elementos".

Expone que esto deriva del artículo 19 Constitucional que señala que cualquiera que agrede con armas, la pena debe considerar prisión preventiva oficiosa.

Precisa que son alrededor de 200 los detenidos por este delito de ultrajes a la autoridad, pues de los mil 1 mil 033 a quienes se les relacionó con él, no se quedaron recluídos todos.

Insostenible el delito de ultrajes a la autoridad

Boca del Río, Ver.- Era insostenible mantener vigente el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, afirma el abogado constitucionalista, académico e investigador Miguel Carbonell, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo declaró inconstitucional.

El especialista asevera que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz se encontraba tipificado bajo una norma que no era precisa, ya que su redacción era muy abierta y sujeta a la interpretación.

Del mismo modo, coincide con otros abogados que advertían que existían otros tipos penales que podrían aplicarse en caso de que alguna autoridad o elemento policíaco fueran agredidos en el cumplimiento de su deber.

Cabe mencionar que el delito de ultrajes a la autoridad fue declarado inconstitucional en una sesión que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes 28 de febrero, como parte del seguimiento a dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y diputados locales de oposición.

Miguel Carbonell señala que el resolutivo de los magistrados no sorprende porque ya en el mismo Poder Judicial se habían dado otros casos, en otros estados de la República, que intentaron implementar el delito de ultrajes en sus códigos penales.

Sin embargo, solo en Veracruz se había dado una reforma al código penal que se mantenía vigente con tal punitividad en dicho delito.

“Cuando se había intentado en otras entidades federativas con redacciones parecidas, también se había llevado el caso a la Corte y la Corte había mantenido el mismo criterio (…), realmente la Corte lo que hoy decidió es congruente con otros casos que había ejercido”.

El especialista destaca que en adelante, con la sentencia de la SCJN las personas que se encuentran detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad podrán salir libres sin enfrentar ningún proceso penal.

“Si la norma no existe ya no hay base jurídica para que estas personas sigan privadas de la libertad y se les tiene que poner en libertad, a menos que estén también vinculadas por otro delito, habría que revisar, caso por caso”.

Sobre el anuncio del gobernador de que podría presentar una nueva reforma con una figura similar al delito de ultrajes a la autoridad, indica que no estaría impedido, solo que se deberá analizar la redacción para que sea distinta al artículo que se declaró inconstitucional.

“No podría enviar una iniciativa con el mismo texto, con el texto porque le dijeron que eso ya no se puede, pero si él eventualmente pudiera buscar otra redacción, habría que ver cómo se presentaría”.

Miguel Carbonell se encuentra en Veracruz como parte de una gira de trabajo que realiza a nivel nacional en diversas ciudades del país, en donde ofrece detalles e información sobre la función de la justicia federal.

Sobre ello, detalla que se busca dar a conocer a la población en general y las personas inmersas en la impartición de justicia, los alcances del Poder Judicial de la Federación en la defensa de sus derechos.

Ultrajes a la autoridad, tema polémico

El delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido uno de los temas más polémicos en Veracruz, ya que ha generado opiniones en Contra y a favor del mismo.

Este delito fue reformado a petición del Ejecutivo en marzo de 2020 y establecido en el artículo 331 del Código Penal del Estado, a fin de, conforme a la propuesta, de salvaguardar la integridad de los elementos policiales que participaran en una detención.

Bajo la figura de este delito se han realizado diversas detenciones en la entidad, algunas de ellas de políticos; sin embargo, la detención de seis jóvenes en la plaza El Tejar en Xalapa, registrada en septiembre de 2021, motivo por el que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses, fue el detonante de la polémica.

Los jóvenes fueron defendidos por el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien argumentó que hubo una violación a sus derechos humanos de dichos jóvenes.

Tras la defensa de los jóvenes, se aplicó la detención del secretario técnico del Senado de la República, José Manuel “N”, por su presunta participación en el asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Con ello, se buscó crear la Comisión Especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, misma que fue apoyada por varios senadores, pero no aprobada por el pleno del Senado de la República, por lo que se echó abajo. La creación de dicha Comisión fue criticada por el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, quien la denominó como “patito”.

En todo momento el Gobernador defendió el delito, argumentando que con este se detendría a los delincuentes y se protegería a los policías que son agredidos en las detenciones e incluso han perdido la vida en el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, el delito no fue aceptado por algunas bancadas del Congreso local, así como por barras de abogados y asociaciones civiles que buscaron derogarlo. El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila; el diputado del PAN, Jaime de la Garza; representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos, presentaron recursos ante para echar abajo el delito.

Además, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 dirigida al Ejecutivo para solicitar la derogación del delito, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q relacionado con la detención de los seis jóvenes de Xalapa.

El Gobernador aceptó la recomendación y envió al Congreso local una propuesta para derogarlo; sin embargo, argumentó que se dejaría un vacío legal para tipificar las agresiones hacia los policías y elementos de seguridad pública al momento de hacer su deber.

Con el propósito de que fuera derogado del Código Penal de Veracruz el delito y se liberara a las personas que se encuentran en prisión por esta causa, los partidos Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, con el apoyo de barras de abogados, grupos de académicos y otras organizaciones civiles se creó el Movimiento por la Justicia.

El pasado domingo, por mayoría de votos el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal, pero se dejó en firme el delito; sin embargo, la SCJN lo declaró inconstitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores locales.

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