Autoridades de los poderes Legislativo y Judicial de Veracruz, activistas, defensoras de derechos humanos, servidoras y servidores públicos participaron en el Foro Violencia política por razón de género en los cargos por designación. Su análisis en la vía constitucional del Estado, que se llevó a cabo este día en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.
En el uso de la palabra, la diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez, organizadora y convocante de este encuentro, precisó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es una forma de violación de los derechos humanos y que busca impedir la participación de este sector social en la vida política del estado.
La también Presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto de esta LXVI Legislatura explicó que esta violencia puede manifestarse de diversas maneras, como acciones u omisiones, amenazas, intimidación, discriminación, calumnias, obstáculos o negación de recursos, información o justicia, no sólo en estereotipos de género.
Reconoció que la violencia política de género no está aún definida de manera explícita en el marco legal de la entidad, por lo que, consideró, deben sentarse las bases para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.
Esto, dijo, puede llegar a concretarse asegurando condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político y promoviendo un entorno libre de violencia para todas las mujeres, independientemente de su función pública o de elección popular.
- Te puede interesar: Diputados analizan y buscan soluciones para la legalización de documentos escolares
A su vez, el presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputado Paul Martínez Marie, dio a conocer que la Comisión Permanente de Gobernación, en la cual funge como secretario, ha recibido, en este 2023, 66 solicitudes de ediles de diversos ayuntamientos para intervenir en actos de obstaculización del cargo, violencia patrimonial, indebidas notificaciones a sesiones de cabildo, violación al derecho de petición e información.
Agregó que esta misma instancia ha asesorado a por lo menos 12 municipios en relación con las manifestaciones planteadas por ediles en contra de presidentes y presidentas, en su mayoría, por considerar la obstaculización de sus funciones, exhortándolos a regirse por lo establecido en la Ley y señalando que no puede serles negado su derecho a solicitar y recibir información, siempre en respeto a la autonomía de los cabildos y apego a la Ley.
Paul Martínez consideró “vital que los tribunales electorales construyan y establezcan precedentes y criterios jurisprudenciales, bajo la finalidad de generar una respuesta estructural que permita evitar, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, pues solo a través de una sentencia con estas características resulta posible aplicar su espectro protector a casos similares”.
El encuentro fue moderado por la magistrada integrante de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz Especializada en Materia Familiar, Lizbeth Hernández Ribbón, quien también presentó sus consideraciones y valoraciones al respecto, dando pauta a la reflexión y el diálogo en torno al tema.
Como invitadas y participantes del foro, expusieron sus puntos de vista destacadas autoridades y especialistas como la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Diana Aróstegui Carballo; la activista feminista y defensora de los derechos humanos en Veracruz, Monserrat Díaz y la activista creadora de contenido en redes sociales Pamela Ortega Medina.
