Xalapa, Ver.- Los hechos de violencia por acoso, hostigamiento, intimidación y asesinatos, registrados en los procesos electorales de 2006 a 2018, ha sumado en Veracruz un total de 135 víctimas y, en lo que va del proceso electoral 2018, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional con nueve casos de violencia política.
De 2006 a 2018, Veracruz registró 101 casos con grados de violencia “1”, que corresponde a hechos como acoso, hostigamiento, amenaza, intimidación, desplazamiento forzado; y en grado de violencia “2”, que contabiliza “casos de asesinatos, atentados, tortura y desaparición” sumó un total de 35 casos.
De acuerdo con la plataforma “Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral en México”, presentado por la ANAC (Asociación Nacional de Alcaldes), la entidad veracruzana ha sumado un total de nueve casos en “Grado 2” de violencia, en el presente año, hasta la primera semana de junio.
En este grupo se encuentran también los estados de Guerrero, con 14 casos; Oaxaca, 14; Chihuahua, 9; y el Estado de México, con 7 casos registrados.
Asimismo, dentro del conteo nacional, los partidos políticos con mayor número de ataques en el actual proceso electoral han sido el PRI, el PRD, el PAN, Morena y casos suscitados por “usos y costumbres”.
Los políticos con mayor número de ataques en este año han sido candidatos y precandidatos (17 casos); exfuncionarios (17), funcionarios (14), líderes políticos y sociales (9) y alcaldes en funciones (5).
El reciente informe nacional advierte que la violencia política debilita las estructuras del Estado, “debido a que un asesinato no sólo es la pérdida del individuo, sino que se va debilitando a las instituciones que representa”.
Los estados donde se ha registrado el mayor número de casos por violencia política comparten condiciones como marginación alta, así como baja cohesión social, es decir con un nivel de desigualdad en los diversos rubros económicos y sociales, los cuales los convierte en zonas vulnerables para la violencia.
En la entidad veracruzana, de 2012 a 2017, los municipios donde se registraron casos de violencia política, de acuerdo con la base de datos de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), fueron Villa Aldama (1), Orizaba (1), Xalapa (9) y Córdoba (2).
En los procesos electorales realizados en el periodo 2000-2015, el INE (Instituto Nacional Electoral), a través del SIJE (Sistema de Información de la Jornada Electoral) contabilizó un total de 30 casos de violencia política-electoral en Veracruz, siendo el proceso electoral 2012 en el que se registró el mayor número de reportes.
Durante este mismo periodo, los municipios veracruzanos donde se suscitaron casos de violencia fueron: Acultzingo, Camerino Z. Mendoza, Coatzacoalcos, Las Choapas, Espinal, Ilamatlán, Mecatlán, Naranjal, Orizaba, Pánuco, Las Vigas, Veracruz y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.
Como resultado del análisis —impulsado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la ANAC, así como diversas asociaciones civiles— se concluyó que principalmente los municipios con bajo desarrollo institucional, presencia del crimen organizado y la falta de recursos para seguridad pública (sin Fortaseg), son los de mayor riesgo para los alcaldes.
EL PANORAMA NACIONAL
En México, dentro del periodo 2006–2018 se registran 292 víctimas mortales por violencia política, de los cuales nueve fueron alcaldes electos; 59 alcaldes en funciones; dos alcaldes con licencia; 25 candidatos y precandidatos; nueve dirigentes de partidos; 41 periodistas que cubrían “la fuente de corrupción y política”; tres diputados en funciones; 47 funcionarios; un exlegislador; dos familiares de actores políticos; 25 líderes sociales y dos simpatizantes.
Hasta el 9 de junio de 2018 han ocurrido 130 asesinatos de políticos y candidatos.
De acuerdo con la presidenta de la ANAC, Yolanda Tellería Beltrán, en México se está haciendo costumbre escuchar, leer y ver noticias en los medios de comunicación sobre asesinatos de alcaldes, candidatos o periodistas, y lamentó que “las cifras siguen aumentando conforme se acerca el final del proceso electoral”.
Tellería Beltrán subraya “en la necesidad de la implementación de un protocolo de seguridad para los ediles y funcionarios ante la situación de amenazas”. Asimismo, considera que el presupuesto destinado a los municipios en materia de seguridad se debe incrementar y direccionar a los municipios que más lo necesitan.
“Es en los municipios donde los gobiernos federal y estatal deben enfocar recursos económicos que nos permitan tener policías mejor preparados, equipamiento de primer nivel, tecnología de punta y mejores condiciones laborales para los policías de México”, dijo.
Por otra parte, el informe nacional observa que el mayor número de casos se perpetran en exfuncionarios, “lo cual denotan que los poderes fácticos o el crimen organizado esperan que los funcionarios dejen sus cargos y cuando estos no tienen protección del Estado, el crimen organizado los ultima”.
Otro dato importante son los casos de asesinatos de los alcaldes en funciones y funcionarios en activo, con 59 casos para el primero y 47 casos para el segundo, “estos hechos van debilitando al poder público”, apunta el proyecto del Atlas de Riesgo Político-Electoral 2018.
Asimismo, existe otro fenómeno que se da de manera simultánea dentro de los hechos de violencia mencionados en el reporte nacional, y es que la cadena de violencia toca al ámbito del periodista; en el periodo 2016-2018 existen 41 periodistas asesinados que cubrían la fuente de “corrupción y política”, es decir, que investigaban actos de corrupción, desvíos de recursos de funcionarios públicos o exfuncionarios.
En el recuento de cifras, se concluyó que durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 48 muertos, en seis años; mientras que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en cinco años, se contabilizan 82 muertos.
