/ sábado 22 de agosto de 2020

Ya en abierto el pleito entre magistrados y diputados veracruzanos

Anuncian que recurrirán a la controversia constitucional ante la SCJN ya que los nombramientos realizados en el TSJE por el Congreso del Estado están fuera de la ley

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que sí se recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio,

En conferencia de prensa indicó que dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley.

Explicó que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo, lo que no se ha cumplido.

Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.

En ese sentido, la magistrada explicó que lo procedente sería que el Congreso local realizara una sesión en la que se revocara la determinación de incluir entre las vacancias los tres cargos de mencionados magistrados.

“Lo que procede es que, si legalmente el Congreso y el señor Gobernador quieren rectificar el error en el que incurrieron y no hacer presión política para no destituir a los compañeros es hacer una sesión del Congreso para revocar la determinación de incluir a las personas como vacantes”, expuso.

Ante ello, pidió a los magistrados que participaron en las sesiones del pleno del Tribunal el 13 de julio y 5 de agosto a firmar el documento con el que se presentará la controversia constitucional ante la Suprema Corte.

“Hago la convocatoria a los que estuvieron en la sesión a que no incurran en la irresponsabilidad y omisión de no hacer la controversia. A partir del 5 de agosto nos dimos a la tarea de integrar una comisión de la elaboración de la controversia y ya le presentamos el proyecto a la señora presidenta porque, en primer término, de acuerdo a la ley, ella representa al pleno, pero no es definitivo que si ella no la presenta no podamos hacer nada”, expresó.

El pasado 30 de julio el pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se realizó el nombramiento de seis magistrados.

Los nombres son: Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Alileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo.

El acto se llevó a cabo pese a que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituidos en el cargo.

Además, la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba.

En el acuerdo que se votó ese día en el pleno del Congreso local se estableció que Alma Rosa Flores Ceballos sería colocada en el cargo que ocupada Gladys Pérez Maldonado; María Lilia Viveros Ramírez estaría en el puesto de Marco Antonio Lezama Moo; y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre sustituirá a Roberto Dorantes Romero.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que sí se recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio,

En conferencia de prensa indicó que dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley.

Explicó que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo, lo que no se ha cumplido.

Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.

En ese sentido, la magistrada explicó que lo procedente sería que el Congreso local realizara una sesión en la que se revocara la determinación de incluir entre las vacancias los tres cargos de mencionados magistrados.

“Lo que procede es que, si legalmente el Congreso y el señor Gobernador quieren rectificar el error en el que incurrieron y no hacer presión política para no destituir a los compañeros es hacer una sesión del Congreso para revocar la determinación de incluir a las personas como vacantes”, expuso.

Ante ello, pidió a los magistrados que participaron en las sesiones del pleno del Tribunal el 13 de julio y 5 de agosto a firmar el documento con el que se presentará la controversia constitucional ante la Suprema Corte.

“Hago la convocatoria a los que estuvieron en la sesión a que no incurran en la irresponsabilidad y omisión de no hacer la controversia. A partir del 5 de agosto nos dimos a la tarea de integrar una comisión de la elaboración de la controversia y ya le presentamos el proyecto a la señora presidenta porque, en primer término, de acuerdo a la ley, ella representa al pleno, pero no es definitivo que si ella no la presenta no podamos hacer nada”, expresó.

El pasado 30 de julio el pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se realizó el nombramiento de seis magistrados.

Los nombres son: Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Alileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo.

El acto se llevó a cabo pese a que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituidos en el cargo.

Además, la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba.

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