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A distintas velocidades avanzan sistemas locales para combatir corrupción

En distintas entidades los sistemas locales para combatir la corrupción están avanzando, pero el proceso de dictaminación de avanza en un ritmo diferente.

Ejemplo de ello son estados como Zacatecas, que sería de los primeros en implementarlo, o Tabasco, donde se lograron los consensos entre las fracciones del PRD, PRI, PVEM, Morena, PAN, PT y MC y ayer se aprobó por unanimidad de votos el nuevo paquete de normas locales del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización, y se hicieron modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En Michoacán, el miércoles pasado, entre cuestionamientos por debilidades en lo que ve a las atribuciones en materia del Tribunal de Justicia Administrativa y de Fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el Congreso local aprobó reformas a las tres leyes que faltaban para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En sesión ordinaria, aprobó por mayoría de votos, sin oposiciones ni discusiones, y sólo con algunas reservas de artículos que cuestionaron aspectos de forma y redacción, más que de contenido, las reformas a la Ley de Fiscalización Superior, a la Ley Orgánica de la Administración y al Código de Justicia Administrativa.

A menor ritmo marcha Jalisco, por ejemplo, donde luego de muchos debates la reforma se aprobó en comisiones y se encuentra a la espera de que pase al pleno, lo cual al cierre de la edición no sucedía.

En el Estado de México, el lunes pasado el fiscal general, Alejandro Gómez, emitió un acuerdo para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se encargará de investigar y perseguir delitos por hechos de corrupción en la entidad.

Enseguida, los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local dieron hace un par de días su voto de confianza al fiscal anticorrupción, José de la Luz Viñas, pues consideran que ofrece garantías de imparcialidad y realizará una buena labor, aunque acordaron dar seguimiento a su trabajo.

En esa entidad falta aún nombrar a los integrantes del comité de participación ciudadana y a los cinco magistrados anticorrupción, que serán propuestos del Ejecutivo a más tardar el 29 de agosto.