/ miércoles 19 de septiembre de 2018

Jueces deben acabar con los privilegios y la corrupción

Uno de los aspirantes a la presidencia de la Corte pidió política de austeridad real y no simbólica

Uno de los ministros aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, criticó la incapacidad de los juzgadores de ganarse la confianza de la sociedad y hacer una autocrítica porque el mensaje en las urnas el 1 de julio pasado, dijo, fue acabar con los privilegios y la corrupción.

“Lo primero a lo que estamos obligados es a diseñar programas y políticas de austeridad reales y no simbólicas, que no afecten la función jurisdiccional. Cada peso del presupuesto debe servir a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial”, convocó.

En un mensaje que leyó con motivo de la toma de protesta de diez jueces federales, el ministro Zaldívar expuso la urgencia de combatir los casos de corrupción que innegablemente existen en el Poder Judicial de la Federación.

Ello, dijo, ante el descontento social el hartazgo y frustración social que se dirigió a la corte y al Poder Judicial.

“La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo ante los nuevos impartidores de justicia.

Zaldívar recalcó que en el Poder Judicial deben operar eficazmente los procesos que permitan detectar y sancionar firmemente los actos de corrupción, en una política de cero tolerancia.

El ministro a quien se le identifica como liberal al interior de la Corte por presentar proyectos de sentencias que favorecen las libertades individuales, señaló que hacia afuera, los jueces deben aplicar con energía las leyes anticorrupción.

También, dijo, aquellos asuntos que se ventilen ante el Poder Judicial en contra de funcionarios públicos o de particulares, con pleno respeto a los derechos de los inculpados.

Se pronunció por una mayor cercanía con la sociedad a través del fortalecimiento de la transparencia, y la generación procesos de apertura que permitan a académicos y organizaciones de la sociedad civil, hacer un escrutinio constante de su labor.

Incluso, dijo, les debemos a las víctimas de la violencia un conocimiento de la verdad que ayude a sanar su dolor; y en una verdadera democracia, “la única vía en sede judicial para obtener esa justicia es a través del debido proceso, con procesos justos que sancionen a quienes sean hallados culpables, esa es la verdadera justicia a la que las víctimas aspiran y tienen derecho”.

Zaldívar consideró que este es el momento para dar un giro claro hacia la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque acabar con la injusticia social es una condición necesaria e indispensable para el ejercicio de todas las otras libertades.

A los jueces, les recalcó que tienen un compromiso con la sociedad. “Si bien los jueces no somos electos popularmente

—ni debemos serlo porque la imparcialidad y la objetividad de nuestra función se contrapone a la búsqueda de la aprobación de las mayorías— pero esto no implica que, como institución, debamos hacer oídos sordos a los reclamos sociales.


Uno de los ministros aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, criticó la incapacidad de los juzgadores de ganarse la confianza de la sociedad y hacer una autocrítica porque el mensaje en las urnas el 1 de julio pasado, dijo, fue acabar con los privilegios y la corrupción.

“Lo primero a lo que estamos obligados es a diseñar programas y políticas de austeridad reales y no simbólicas, que no afecten la función jurisdiccional. Cada peso del presupuesto debe servir a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial”, convocó.

En un mensaje que leyó con motivo de la toma de protesta de diez jueces federales, el ministro Zaldívar expuso la urgencia de combatir los casos de corrupción que innegablemente existen en el Poder Judicial de la Federación.

Ello, dijo, ante el descontento social el hartazgo y frustración social que se dirigió a la corte y al Poder Judicial.

“La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo ante los nuevos impartidores de justicia.

Zaldívar recalcó que en el Poder Judicial deben operar eficazmente los procesos que permitan detectar y sancionar firmemente los actos de corrupción, en una política de cero tolerancia.

El ministro a quien se le identifica como liberal al interior de la Corte por presentar proyectos de sentencias que favorecen las libertades individuales, señaló que hacia afuera, los jueces deben aplicar con energía las leyes anticorrupción.

También, dijo, aquellos asuntos que se ventilen ante el Poder Judicial en contra de funcionarios públicos o de particulares, con pleno respeto a los derechos de los inculpados.

Se pronunció por una mayor cercanía con la sociedad a través del fortalecimiento de la transparencia, y la generación procesos de apertura que permitan a académicos y organizaciones de la sociedad civil, hacer un escrutinio constante de su labor.

Incluso, dijo, les debemos a las víctimas de la violencia un conocimiento de la verdad que ayude a sanar su dolor; y en una verdadera democracia, “la única vía en sede judicial para obtener esa justicia es a través del debido proceso, con procesos justos que sancionen a quienes sean hallados culpables, esa es la verdadera justicia a la que las víctimas aspiran y tienen derecho”.

Zaldívar consideró que este es el momento para dar un giro claro hacia la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque acabar con la injusticia social es una condición necesaria e indispensable para el ejercicio de todas las otras libertades.

A los jueces, les recalcó que tienen un compromiso con la sociedad. “Si bien los jueces no somos electos popularmente

—ni debemos serlo porque la imparcialidad y la objetividad de nuestra función se contrapone a la búsqueda de la aprobación de las mayorías— pero esto no implica que, como institución, debamos hacer oídos sordos a los reclamos sociales.


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