En 160 países (80 por ciento de las naciones del mundo) existe un “mal uso” del sistema judicial contra la libertad de expresión, lo que se ha traducido en leyes para supuestamente combatir la desinformación que en realidad incentivan al acoso contra periodistas, denunció la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Unesco presentó el informe Tendencias Mundiales en materia de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación en el que lamentó siga persistiendo un hostigamiento en contra del gremio a través de demandas penales y acusaciones civiles que generan un estigma y daños desproporcionados a los periodistas.
“Varios países han endurecido o reintroducido las disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria al declarar nuevas leyes que pretenden abordar la ciberseguridad, las ‘fake news’ y la incitación al odio (pero) además de la difamación penal, se ha incrementado el uso de la difamación civil, que a menudo da lugar a daños desproporcionados y tiene un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, dice el documento.
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De acuerdo con el desglose de datos presentado por la agencia de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de prácticas conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) se mantienen principalmente en las constituciones de América Latina y el Caribe, incluido nuestro país.
En México, por ejemplo, este tipo de faltas son contempladas en el Artículo 1916 del Código Civil Federal, el cual establece que el responsable deberá indemnizar económicamente al afectado con una cantidad que será determinada por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. Aunque en el propio Código mexicano se contempla que la reproducción “fiel” de la información no amerita ser tipificada como daño moral incluso cuando sea incorrecta siempre y cuando se cite a la fuente.
En esa región son 29 de 33 países los que tienen en sus leyes dichas prácticas, las cuales son utilizadas principalmente por empresarios y actores políticos que buscan disuadir a los periodistas de cubrir ciertos temas de interés.
La Unesco advierte que por lo regular estas demandas en realidad no tienen como objetivo resultar exitosas en los tribunales, sino abrumar a los comunicadores con procesos judiciales largos y costosos que incluso pueden significar la quiebra.
Aunque no es sólo Latinoamérica y el Caribe, la Unesco ha identificado este comportamiento en 80 por ciento de los países del mundo, donde en regiones como Europa Occidental y América del Norte hay 20 de 25 países que las mantienen con sanciones que incluso pueden ameritar la privación de la libertad. Similar ocurre en 15 de los 25 Estados de Europa Central y del Este.
En África, aunque con castigos “menores”, la difamación sigue siendo un delito en 39 de los 47 países, mientras que en Asia y el Pacífico son 38 de las 44 naciones. Además de solicitar que los países miembros de la ONU deroguen las leyes de difamación penal y las sustituyan por una legislación de difamación civil, la Unesco instó a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios periodistas a generar campañas de sensibilización hacia los lectores para evitar este tipo de acciones en contra de los comunicadores.
CASOS
En México, uno de los casos más destacados en este sentido fue la disputa legal que emprendió el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el periodista y académico Sergio Aguayo, a quien acusó de daño moral tras la publicación de una columna en 2006 en la que denunció de corrupción al exmandatario priista.
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En un primer momento Aguayo fue condenado por un juez civil a pagar 10 millones de pesos por la supuesta falta, sin embargo, al interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste fue absuelto y liberado de pagar la suma, no sin antes librar una batalla legal por más de seis años.
Casos similares han sido denunciados por colegas de Nicaragua y El Salvador, algunos tuvieron que abandonar su país para no pisar la cárcel por las acusaciones de terrorismo y sedición que vertieron sobre ellos los gobiernos de sus países.
