/ lunes 8 de junio de 2020

Solicitan preliberación de 400 adultos mayores

Las peticiones son durante la panedemia de Covid-19, que ya causó seis muertes en las cárceles federales

El Gobierno federal busca acelerar la preliberación de 400 personas de más de 65 años y que hayan cumplido 70 por ciento de su condena en reclusorios federales, al considerarlos población de riesgo del Covid-19 (coronavirus), según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De igual forma, analiza la libertad de otro grupo de reos de más de 60 años de edad que no cometieron delitos graves como asesinato o contra la salud, ya que en los 17 penales federales del país hay 110 casos de sospechosos por coronavirus, y seis fallecimientos, indica el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la SSPC.

El Sol de México publicó el 25 de mayo que las solicitudes de preliberación habían aumentado desde el comienzo de la pandemia, ya que muchos reclusos buscaban este beneficio para evitar contagiarse. En abril pasado, cuando nuestro país ya había entrado en la época de confinamiento y aumentaban los casos de Covid-19, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, anunció que el Gobierno impulsaba la preliberación de presos de más de 65 años y que hayan cumplido 70 por ciento de su condena en reclusorios federales, pues es considerada población de riesgo del Covid-19. “Son personas de más de 65 años que han cumplido ya 70 por ciento de su condena y luego estamos viendo si ampliamos a otros preliberados que tengan hasta 60 años y que ya hayan cumplido gran parte de su condena”, dijo en Palacio Nacional.

Se trata, dijo, de reos que no cometieron “delitos de sangre o contra la salud, etcétera”, por lo que ya se buscan los canales legales para que salgan.

La ruta legal para otorgarles este beneficio comienza cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social hace la solicitud a la Fiscalía General de la República y luego directamente con los jueces de control. Los jueces de control son los únicos que, una vez que analizan el expediente tomando en consideración la edad, el porcentaje cumplido de condena, estado de salud y que el delito por el que purgan condena no es por asesinato o contra la salud, pueden otorgar la liberación condicionada. Esta preliberaciones, de acuerdo con lo dicho por Scherer, son aparte de la Ley de Amnistía, que busca sacar de prisión a personas indígenas que no pudieron defenderse, que de alguna forma fueron conculcados parte de sus derechos humanos por ignorancia o por incapacidad, ya cumplieron un tiempo determinado o que la edad ya les permitiría salir.

En el análisis de la población penitenciaria en los centros de reclusión federal, también se tomarán medidas de preliberación para mujeres embarazadas y personas pertenecientes a la población vulnerable, como son adultos mayores, diabéticos, hipertensos y con otras enfermedades, según lo que declaró el pasado 13 de mayo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

El reporte más reciente del Órgano señala que, desde mayo, en cada prisión federal se estableció un comité Covid-19 que está conformado por el Director General y personal de áreas médica, técnica, administrativa y de seguridad, entre otras.

En los 17 Centros Federales, hasta el pasado 2 de junio había 65 casos positivos a Covid-19, de ellos 28 son personas privadas de libertad y 37 son servidores públicos, asimismo existen 110 casos sospechosos a Covid-19, 15 personas privadas de la libertad y 95 servidores públicos, estos últimos en cuarentena en sus domicilios. Mientras que sólo 18 presos han requerido ser hospitalizadas en nosocomios, nueve de ellos se han recuperado y regresaron a sus respectivos Centros. De concretarse las preliberaciones, se sumarán a las 38 mil 37 que hasta marzo pasado tenía registrado el SSPC.

En comparación con la población penitenciaria que, a través de la modalidad de preliberación, libertad supervisada, condena condicional, tratamiento en semilibertad, jornadas de trabajo o medidas de seguridad alcanzaron su libertad en marzo de 2019, (38 mil 870), se aprecia una disminución de 833 presos menos en comparación con marzo de este año.

A través del cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional que elabora el Órgano administrativo, se informó que hasta marzo pasado había 17 mil 112 internos en las 17 prisiones federales. Destaca el penal de Durango con mil 862 internos como el más poblado, seguido del de Sonora con mil 800, Guanajuato con mil 626, “El Rincón” en Tepic, Nayarit con mil 538 y el de Villa Aldama, Veracruz con mil 666 permanecen internados y se registran seis decesos.

El Gobierno federal busca acelerar la preliberación de 400 personas de más de 65 años y que hayan cumplido 70 por ciento de su condena en reclusorios federales, al considerarlos población de riesgo del Covid-19 (coronavirus), según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De igual forma, analiza la libertad de otro grupo de reos de más de 60 años de edad que no cometieron delitos graves como asesinato o contra la salud, ya que en los 17 penales federales del país hay 110 casos de sospechosos por coronavirus, y seis fallecimientos, indica el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la SSPC.

El Sol de México publicó el 25 de mayo que las solicitudes de preliberación habían aumentado desde el comienzo de la pandemia, ya que muchos reclusos buscaban este beneficio para evitar contagiarse. En abril pasado, cuando nuestro país ya había entrado en la época de confinamiento y aumentaban los casos de Covid-19, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, anunció que el Gobierno impulsaba la preliberación de presos de más de 65 años y que hayan cumplido 70 por ciento de su condena en reclusorios federales, pues es considerada población de riesgo del Covid-19. “Son personas de más de 65 años que han cumplido ya 70 por ciento de su condena y luego estamos viendo si ampliamos a otros preliberados que tengan hasta 60 años y que ya hayan cumplido gran parte de su condena”, dijo en Palacio Nacional.

Se trata, dijo, de reos que no cometieron “delitos de sangre o contra la salud, etcétera”, por lo que ya se buscan los canales legales para que salgan.

La ruta legal para otorgarles este beneficio comienza cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social hace la solicitud a la Fiscalía General de la República y luego directamente con los jueces de control. Los jueces de control son los únicos que, una vez que analizan el expediente tomando en consideración la edad, el porcentaje cumplido de condena, estado de salud y que el delito por el que purgan condena no es por asesinato o contra la salud, pueden otorgar la liberación condicionada. Esta preliberaciones, de acuerdo con lo dicho por Scherer, son aparte de la Ley de Amnistía, que busca sacar de prisión a personas indígenas que no pudieron defenderse, que de alguna forma fueron conculcados parte de sus derechos humanos por ignorancia o por incapacidad, ya cumplieron un tiempo determinado o que la edad ya les permitiría salir.

En el análisis de la población penitenciaria en los centros de reclusión federal, también se tomarán medidas de preliberación para mujeres embarazadas y personas pertenecientes a la población vulnerable, como son adultos mayores, diabéticos, hipertensos y con otras enfermedades, según lo que declaró el pasado 13 de mayo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

El reporte más reciente del Órgano señala que, desde mayo, en cada prisión federal se estableció un comité Covid-19 que está conformado por el Director General y personal de áreas médica, técnica, administrativa y de seguridad, entre otras.

En los 17 Centros Federales, hasta el pasado 2 de junio había 65 casos positivos a Covid-19, de ellos 28 son personas privadas de libertad y 37 son servidores públicos, asimismo existen 110 casos sospechosos a Covid-19, 15 personas privadas de la libertad y 95 servidores públicos, estos últimos en cuarentena en sus domicilios. Mientras que sólo 18 presos han requerido ser hospitalizadas en nosocomios, nueve de ellos se han recuperado y regresaron a sus respectivos Centros. De concretarse las preliberaciones, se sumarán a las 38 mil 37 que hasta marzo pasado tenía registrado el SSPC.

En comparación con la población penitenciaria que, a través de la modalidad de preliberación, libertad supervisada, condena condicional, tratamiento en semilibertad, jornadas de trabajo o medidas de seguridad alcanzaron su libertad en marzo de 2019, (38 mil 870), se aprecia una disminución de 833 presos menos en comparación con marzo de este año.

A través del cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional que elabora el Órgano administrativo, se informó que hasta marzo pasado había 17 mil 112 internos en las 17 prisiones federales. Destaca el penal de Durango con mil 862 internos como el más poblado, seguido del de Sonora con mil 800, Guanajuato con mil 626, “El Rincón” en Tepic, Nayarit con mil 538 y el de Villa Aldama, Veracruz con mil 666 permanecen internados y se registran seis decesos.

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