/ miércoles 22 de julio de 2020

La periodista Maria Ressa se declara inocente de nuevos cargos en Filipinas

Los dos periodistas premiados defienden la libertad de expresión considerado por ellos una condición para la democracia y la paz duradera

La conocida periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores críticas con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se declaró el miércoles inocente de evasión fiscal, caso que considera una nueva forma de acoso contra ella.

"Estos cargos políticos me hacen reír. Es todo lo que puedes hacer cuando se usa la ley como arma contra periodistas", indicó Ressa antes de entrar al tribunal de Pasig, en Manila.

Foto: AFP

Ressa, persona del año para la revista Time en 2018 por su lucha contra la intimidación de los medios, se enfrenta a varias demandas gubernamentales que han generado preocupación internacional por el acoso a periodistas en Filipinas, un país considerado durante mucho tiempo como un abanderado de la libertad de prensa en Asia.

Ressa, directora del portal de noticias Rappler, fue declarada culpable de difamación el mes pasado, por lo que podría cumplir hasta seis años de prisión, un fallo que numerosas organizaciones defensoras de derechos consideraron un golpe a las libertades democráticas durante la administración Duterte.

La periodista, de 56 años, se encuentra en libertad bajo fianza tras esa condena a la espera de la apelación, mientras enfrenta otra decena de casos pendientes con la justicia, relacionados con la evasión de impuestos y por violar las leyes de propiedad de los medios filipinos.

Ressa ha insistido en que todos esos cargos son fabricados para castigar al medio que dirige por sus noticias críticas con el gobierno de Duterte, en particular su guerra contra las drogas y sus campañas de desinformación.

Duterte ha arremetido en varias ocasiones públicamente contra Rappler, acusándoles de publicar noticias falsas y de trabajar al servicio de la CIA, e incluso ha vetado el acceso al palacio presidencial de sus periodistas.

La comparecencia de hoy de Ressa ante el tribunal se debe a acusaciones de que el equipo directivo de Rappler falsificó declaraciones de impuestos para omitir una supuesta venta de recibos de depósito a inversores extranjeros, algo que violaría la ley de medios filipinos, que exige que sean 100 % filipinos.

Rappler defiende que los extranjeros nunca poseyeron acciones en la empresa, pero se les permitió invertir sin derecho a voto, una práctica generalmente aceptada en otros medios filipinos.

Un total de 78 organizaciones de prensa y de la sociedad civil han formado la Coalición #HoldTheLine para solidarizarse con Ressa y pedir que se retire el "aluvión de casos falsos" contra ella.

"El enjuiciamiento de cargos y casos financieros sin fundamento representa un intento de utilizar la ley como otra arma para criminalizar el periodismo y silenciar a Ressa y Rappler, mientras aumentan las amenazas a la libertad de prensa y la democracia en Filipinas", señaló el comité directivo de la coalición.

El Gobierno de Duterte también cerró definitivamente hace dos semanas el canal ABS-CBN, el mayor medio de comunicación del país, dejando en el limbo el futuro de 11.000 trabajadores.



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La conocida periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores críticas con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se declaró el miércoles inocente de evasión fiscal, caso que considera una nueva forma de acoso contra ella.

"Estos cargos políticos me hacen reír. Es todo lo que puedes hacer cuando se usa la ley como arma contra periodistas", indicó Ressa antes de entrar al tribunal de Pasig, en Manila.

Foto: AFP

Ressa, persona del año para la revista Time en 2018 por su lucha contra la intimidación de los medios, se enfrenta a varias demandas gubernamentales que han generado preocupación internacional por el acoso a periodistas en Filipinas, un país considerado durante mucho tiempo como un abanderado de la libertad de prensa en Asia.

Ressa, directora del portal de noticias Rappler, fue declarada culpable de difamación el mes pasado, por lo que podría cumplir hasta seis años de prisión, un fallo que numerosas organizaciones defensoras de derechos consideraron un golpe a las libertades democráticas durante la administración Duterte.

La periodista, de 56 años, se encuentra en libertad bajo fianza tras esa condena a la espera de la apelación, mientras enfrenta otra decena de casos pendientes con la justicia, relacionados con la evasión de impuestos y por violar las leyes de propiedad de los medios filipinos.

Ressa ha insistido en que todos esos cargos son fabricados para castigar al medio que dirige por sus noticias críticas con el gobierno de Duterte, en particular su guerra contra las drogas y sus campañas de desinformación.

Duterte ha arremetido en varias ocasiones públicamente contra Rappler, acusándoles de publicar noticias falsas y de trabajar al servicio de la CIA, e incluso ha vetado el acceso al palacio presidencial de sus periodistas.

La comparecencia de hoy de Ressa ante el tribunal se debe a acusaciones de que el equipo directivo de Rappler falsificó declaraciones de impuestos para omitir una supuesta venta de recibos de depósito a inversores extranjeros, algo que violaría la ley de medios filipinos, que exige que sean 100 % filipinos.

Rappler defiende que los extranjeros nunca poseyeron acciones en la empresa, pero se les permitió invertir sin derecho a voto, una práctica generalmente aceptada en otros medios filipinos.

Un total de 78 organizaciones de prensa y de la sociedad civil han formado la Coalición #HoldTheLine para solidarizarse con Ressa y pedir que se retire el "aluvión de casos falsos" contra ella.

"El enjuiciamiento de cargos y casos financieros sin fundamento representa un intento de utilizar la ley como otra arma para criminalizar el periodismo y silenciar a Ressa y Rappler, mientras aumentan las amenazas a la libertad de prensa y la democracia en Filipinas", señaló el comité directivo de la coalición.

El Gobierno de Duterte también cerró definitivamente hace dos semanas el canal ABS-CBN, el mayor medio de comunicación del país, dejando en el limbo el futuro de 11.000 trabajadores.



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