/ martes 9 de febrero de 2021

Militares imponen ley marcial en Birmania por protestas

Aumenta presión contra la junta que perpetró el golpe; amenaza con represalias a la población

RANGÚN. Miles de ciudadanos salieron de nuevo a las calles de Birmania para protestar contra el golpe de Estado que depuso a Aung San Suu Kyi, pese a que las nuevas autoridades lanzaron una advertencia contra los manifestantes y decretaron la ley marcial en varias ciudades del país.

El comandante en jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, se expresó por primera vez en público ayer y justificó el golpe de Estado por los “fraudes electorales” durante las legislativas de noviembre.

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El militar también se comprometió a “celebrar elecciones libres y justas” al término del estado de urgencia en un año y prometió un régimen militar “diferente” que el pasado, en declaraciones a la cadena de televisión Myawaddy TV.

Birmania vivió bajo el yugo de los militares durante cerca de 50 años desde su independencia en 1948 y el golpe del 1 de febrero puso fin a un paréntesis democrático de diez años.

Horas antes, las autoridades militares ya habían advertido a los manifestantes de posibles represalias.

“Deben tomarse acciones en virtud de la ley (...) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado, la seguridad pública y el Estado de derecho”, dijo la cadena de televisión MRTV.

Se trata de la primera advertencia lanzada por las autoridades desde que comenzaron las manifestaciones masivas el sábado, pero la presión va en aumento: la policía utilizó cañones de agua en las protestas de Naipyidó, la capital.

“Apoyamos al pueblo de Burma y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, inclusive para protestar pacíficamente en apoyo al gobierno electo dramáticamente”, dijo el vocero del departamento de Estado, Ned Price, utilizando el anterior nombre en inglés de Birmania.

“Ciertamente estamos muy preocupados por los recientes anuncios de los militares de restringir las reuniones públicas”, dijo a periodistas.

El Reino Unido, la Unión Europea y 19 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron una reunión urgente sobre la situación en Birmania.

Este pedido “es una respuesta al estado de emergencia impuesto en Birmania, la detención arbitraria de responsables políticos elegidos democráticamente y de miembros de la sociedad civil”, declaró el embajador del Reino Unido en Naciones Unidas en Ginebra, Julian Braithwaite.

La indignación de la población va creciendo. Ayer, cientos de miles de personas, según diversas estimaciones, se congregaron en Rangún, la capital económica.

En las marchas, se podían ver monjes con hábitos color azafrán, enfermeras y estudiantes portando banderas con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, detenida desde el lunes pasado.

“Antes vivíamos con miedo, pero hemos tenido un gobierno democrático durante cinco años. Ya no tenemos miedo. No nos vamos a dar por vencidos”, dijo Kyaw Zin Tun, un ingeniero de 29 años.

Hubo manifestaciones en numerosas ciudades de todo el país, del extremo norte en el estado Kachin hasta el sur.

Las autoridades decretaron ley marcial en varios barrios de Rangún y de Mandalay (centro), la segunda ciudad birmana.

Las manifestaciones y las concentraciones de más de cinco personas están prohibidas y se instaura un toque de queda de 20:00 a 04:00 horas locales.

Estas protestas son las más importantes en Birmania desde la revuelta de 2007, la “Revolución del Azafrán”, liderada por los monjes y violentamente reprimida por el ejército.

El 1 de febrero, los generales golpistas pusieron fin a una frágil transición democrática con la instauración del estado de urgencia de un año y detuvieron a Aung San Suu Kyi, así como a otros dirigentes de la LND.

Asimismo, al menos 150 personas -diputados, responsables locales, activistas- siguen encarcelados, según ONG y portavoces de la LND.

Ayer, el papa Francisco pidió la “pronta liberación” de todos los detenidos.

La semana pasada, la ONU también instó a la liberación de todos los detenidos aunque no condenó formalmente el golpe de Estado. China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, se oponen.

Las conexiones de internet fueron restablecidas parcialmente el domingo después de haber estado fuertemente perturbadas durante más de 24 horas.

El acceso a Facebook, la herramienta de comunicación más utilizada por los birmanos, seguía, en cambio, con restricciones el lunes.

La LND ganó por mayoría aplastante las legislativas de noviembre, en unos comicios que los militares califican de fraudulentos pese a que los observadores internacionales no constataron problemas mayores.

RANGÚN. Miles de ciudadanos salieron de nuevo a las calles de Birmania para protestar contra el golpe de Estado que depuso a Aung San Suu Kyi, pese a que las nuevas autoridades lanzaron una advertencia contra los manifestantes y decretaron la ley marcial en varias ciudades del país.

El comandante en jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, se expresó por primera vez en público ayer y justificó el golpe de Estado por los “fraudes electorales” durante las legislativas de noviembre.

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El militar también se comprometió a “celebrar elecciones libres y justas” al término del estado de urgencia en un año y prometió un régimen militar “diferente” que el pasado, en declaraciones a la cadena de televisión Myawaddy TV.

Birmania vivió bajo el yugo de los militares durante cerca de 50 años desde su independencia en 1948 y el golpe del 1 de febrero puso fin a un paréntesis democrático de diez años.

Horas antes, las autoridades militares ya habían advertido a los manifestantes de posibles represalias.

“Deben tomarse acciones en virtud de la ley (...) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado, la seguridad pública y el Estado de derecho”, dijo la cadena de televisión MRTV.

Se trata de la primera advertencia lanzada por las autoridades desde que comenzaron las manifestaciones masivas el sábado, pero la presión va en aumento: la policía utilizó cañones de agua en las protestas de Naipyidó, la capital.

“Apoyamos al pueblo de Burma y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, inclusive para protestar pacíficamente en apoyo al gobierno electo dramáticamente”, dijo el vocero del departamento de Estado, Ned Price, utilizando el anterior nombre en inglés de Birmania.

“Ciertamente estamos muy preocupados por los recientes anuncios de los militares de restringir las reuniones públicas”, dijo a periodistas.

El Reino Unido, la Unión Europea y 19 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron una reunión urgente sobre la situación en Birmania.

Este pedido “es una respuesta al estado de emergencia impuesto en Birmania, la detención arbitraria de responsables políticos elegidos democráticamente y de miembros de la sociedad civil”, declaró el embajador del Reino Unido en Naciones Unidas en Ginebra, Julian Braithwaite.

La indignación de la población va creciendo. Ayer, cientos de miles de personas, según diversas estimaciones, se congregaron en Rangún, la capital económica.

En las marchas, se podían ver monjes con hábitos color azafrán, enfermeras y estudiantes portando banderas con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, detenida desde el lunes pasado.

“Antes vivíamos con miedo, pero hemos tenido un gobierno democrático durante cinco años. Ya no tenemos miedo. No nos vamos a dar por vencidos”, dijo Kyaw Zin Tun, un ingeniero de 29 años.

Hubo manifestaciones en numerosas ciudades de todo el país, del extremo norte en el estado Kachin hasta el sur.

Las autoridades decretaron ley marcial en varios barrios de Rangún y de Mandalay (centro), la segunda ciudad birmana.

Las manifestaciones y las concentraciones de más de cinco personas están prohibidas y se instaura un toque de queda de 20:00 a 04:00 horas locales.

Estas protestas son las más importantes en Birmania desde la revuelta de 2007, la “Revolución del Azafrán”, liderada por los monjes y violentamente reprimida por el ejército.

El 1 de febrero, los generales golpistas pusieron fin a una frágil transición democrática con la instauración del estado de urgencia de un año y detuvieron a Aung San Suu Kyi, así como a otros dirigentes de la LND.

Asimismo, al menos 150 personas -diputados, responsables locales, activistas- siguen encarcelados, según ONG y portavoces de la LND.

Ayer, el papa Francisco pidió la “pronta liberación” de todos los detenidos.

La semana pasada, la ONU también instó a la liberación de todos los detenidos aunque no condenó formalmente el golpe de Estado. China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, se oponen.

Las conexiones de internet fueron restablecidas parcialmente el domingo después de haber estado fuertemente perturbadas durante más de 24 horas.

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