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Apercibe IVAI a Hilario Barcelata por no actuar contra uso indebido de datos personales

  • Itzel Molina
  • en Veracruz

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) apercibió al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para que en un plazo de 30 días hábiles se genere un documento que contenga un protocolo de seguridad en el tratamiento de los datos personales de pensionados y trabajadores del instituto.

El apercibimiento directo es para el director general del IPE, Hilario Barcelata Chávez, y la subdirectora de Prestaciones Institucionales, Blanca Azucena Rojas Cruz, quienes están obligados a proteger los datos personales tanto de pensionados como de sus trabajadores.
El apercibimiento se dio al resolver el Instructivo de Responsabilidad 2/2017 por la presunta violación a la protección de datos personales de un particular.
El particular señaló que en septiembre del año pasado el IPE violó su derecho a la privacidad por haber permitido que sus datos personales fueran publicados cuando todavía no era pensionada.
El Consejo General del IVAI determinó que hubo culpa y omisión de parte del director general, el Consejo Directivo, y la Secretaría de Prestaciones Institucionales al dar a conocer nombre, monto, domicilio y otros datos personales de la persona que inició su trámite de jubilación.
La comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez, puntualizó que en caso de que los servidores públicos del IPE no cumplan con este apercibimiento y la revisión de cómo ocurrió la filtración de los datos personales en medios de comunicación, podrán ser sancionados con una multa de 50 a 10 mil salarios mínimos.
La resolución corresponde al acuerdo del IPE 88366, mediante el cual se determinó la pensión que recibiría Clementina Guerrero García, titular a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por su labor en la Universidad Veracruzana (UV).
El documento se filtró a los medios de comunicación, dando a conocer que Guerrero García recibiría el pago de 76 mil 101 pesos como pensión.
Ante ello la titular de Sefiplan acusó la vulneración de sus derechos, ya que el IPE cedió sus datos personales sin autorización y sin que estos fueran públicos porque el proceso de jubilación está pendiente.
García Álvarez explicó que el IPE no tenía por qué publicar los datos personales porque la quejosa aún no tiene la calidad de pensionista, debido a que el pago lo recibirá hasta que concluya su cargo de servidora pública.
Recordó que el nombre y monto que reciben los pensionados del estado son datos públicos porque la población debe conocer el uso que se le da a los recursos; sin embargo, cuando una persona no ha recibido algún pago del IPE sus datos son privados.
Ante ello se dio vista a la Contraloría interna para que se acredite la responsabilidad de un inadecuado tratamiento de datos personales, además de considerar que Barcelata Chávez y Rojas Cruz no han tomado acción para tratar adecuadamente los datos de pensionados y trabajadores.