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Endurecen sanciones a funcionarios que retarden investigación de delitos contra la familia

  • Raymundo León
  • en Veracruz

Este miércoles entra en vigor el decreto número 320 que reforma el segundo párrafo del artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz. La finalidad es sancionar con prisión e inhabilitación a servidores públicos que retarden u obstaculicen la prevención, investigación, sanción y reparación de los delitos contra la familia y violencia de género.

Dicho decreto es publicado en el número extraordinario 324 del martes 15 de agosto. En él se establece que los servidores públicos que retarden la acción de la justicia en los casos ya mencionados mediando discriminación o que incurran en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión de estos delitos, se les impondrán de cinco a 15 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones hasta por el mismo tiempo.
Se indica que en la aplicación del presente decreto de reforma se empleará el principio de sucesión de normas penales sustantivas.

En las consideraciones del decreto se recuerda que los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa y que en ella indican que a partir de la reforma en materia de derechos humanos, se colocó a la persona como el elemento más importante del sistema jurídico mexicano, otorgándole la más amplia protección de sus derechos; a pesar de esto, no se deben pasar por alto las obligaciones que tiene el Estado, y menos cuando se trata de temas referentes a la familia.

“De acuerdo con la actual corriente sobre los derechos humanos, éstos se entienden de una manera dual; es decir, como derecho-obligación, por lo que por un lado los entendemos como prerrogativas de las personas y, por el otro extremo, los concebimos como la obligación del Estado de reconocerlos y respetarlos, sin embargo nuestra Constitución federal va más allá, al señalar también la obligación de garantizarlos. Lo anterior trae como consecuencia que de la adminiculación (ayudar) de lo previsto por los artículos 1º y 4º de nuestra Carta Magna concluyamos que el Estado Mexicano tiene la obligación de crear los mecanismos para que todas las personas puedan tener acceso a los medio idóneos para que puedan ejercer su derechos fundamentales de protección a la familia”, indican en el proyecto de decreto los diputados integrantes de las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Derechos de la Niñez y la Familia.

Los legisladores manifiestan que se consideró adecuada la propuesta de analizar el texto del Código Penal y buscar las herramientas para allanar el camino que una víctima de los delitos contra la familia debe vivir, toda vez que actualmente dicho andar es tortuoso y tardado; por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con una aplicación malversada de la ley y, en el peor de los escenarios, por la actuación dolosa de las autoridades encargadas de la prevención, investigación, sanción y reparación de este tipo penal, siendo necesario, hacer previsiones para sancionar estas conductas de los servidores públicos.

“De este modo, las autoridades que incumplan la observación de sus obligaciones que les fija las leyes y, con esto provoquen, se entorpezca un procedimiento en donde versen delitos contra la familia, serán sancionadas de una manera más severa que si incumplieran otro tipo de deberes legales. Es de considerarse más grave este tipo de incumplimiento de parte de un servidor público, ya que la familia al ser considerada el núcleo social del Estado, debe ser protegida con sanciones ejemplares, es por ello, que al cometer este tipo de ilícito, el funcionario ya no ha de recibir una sanción máxima de ocho años de prisión, sino que podrá ser condenado hasta por 15 años, con esto de igual forma se satisface el principio de lesividad proporcional”, se indica.

Las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Derechos de la Niñez y la Familia están integradas, respectivamente, por los diputados Bingen Rementería Molina (PAN), Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) y Gregorio Murillo Uscanga (PAN); por Teresita Zuccolotto Feito (PAN), Janeth García Cruz (PRI) y Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), y por Nicolás de la Cruz de la Cruz (Morena), Zenyazen Roberto García Escobar (Morena) y Sergio Rodríguez Cortés (PRD).

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