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“Excesiva” injerencia del gobierno cuestiona autonomía del IPE, señalan

  • Raymundo León
  • en Veracruz

Xalapa, Ver.- Cuotas que resultan insuficientes, jubilaciones tempranas, procedimientos ineficaces para denunciar daños patrimoniales y acciones insuficientes para obligar a los deudores a que cumplan con sus compromisos financieros han hecho que el sistema de pensiones en el estado siga amenazado, no obstante las reformas hechas a la Ley de Pensiones del Estado.

El “Diagnóstico sobre la situación del IPE”, elaborado por Arturo Méndez Montero y Manuel Reyna Muñoz, asesores de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, que preside la diputada local por Morena Daniela Griego Ceballos, establece, además de lo ya mencionado, que la excesiva injerencia del gobierno estatal cuestiona la autonomía de gestión del IPE.

Indica que “los órganos de gobierno han permitido que algunas propiedades comerciales arrojen pérdidas económicas y no han realizado acciones contundentes para recuperar diez predios propiedad del IPE invadidos en su totalidad o parcialmente, por lo que ponerlos a la venta no es una solución tan sencilla”.

En el documento presentado ante dirigentes de organizaciones sindicales de trabajadores que cotizan en el IPE el 6 de julio pasado, los académicos recomiendan la necesidad que existe de transformar en retos los problemas que enfrenta el IPE si es que el objetivo que se busca es la mejora continua de su funcionamiento. “El principal reto que enfrenta el IPE es su sostenibilidad en el mediano y largo plazos. Ello implica revertir los déficit institucionales, de tal manera que los ingresos totales superen a los gastos totales; el logro de este propósito se reflejaría en la reconstitución de la Reserva Técnica”, se lee en el documento. También se lee que el IPE es un organismo descentralizado dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, pero que la integración, estructura y control de los órganos de gobierno se encuentran diseñados para que las decisiones importantes sean tomadas por la administración central del gobierno estatal.

El documento en mención refiere que el sistema de pensiones en el estado se encuentra amenazado porque las cuotas de trabajadores y las aportaciones de los patrones son insuficientes, a ello se suma que las generaciones en transición (antes de la reforma de 2014) se jubilan con 53 y 60 años de edad. Aunado a esto, los procedimientos utilizados por los órganos de gobierno, de control y de vigilancia del IPE y del Gobierno del Estado son ineficaces para denunciar los daños patrimoniales ocasionados a la institución. También se menciona que hay acciones que no son suficientes para obligar a los deudores del IPE a cumplir con sus compromisos financieros y ello se puede advertir en el hecho de que al 31 de octubre de 2016 el adeudo por incumplimiento en la cobertura de las cuotas y las aportaciones por parte de los patrones ascendía a 930 millones de pesos.

Entre los problemas que padece el IPE, manifiestan Arturo Méndez Montero y Manuel Reyna Muñoz, se encuentra que los fondos monetarios destinados a la inversión y a los préstamos que otorga el instituto han disminuido y con ello han descendido los ingresos complementarios. El documento menciona que hay un manejo inadecuado de las reservas del IPE por la falta de visión empresarial en el manejo de los fondos de la Reserva Técnica, la falta de un reglamento que establezca el manejo y funcionamiento de las actividades financieras del instituto, y la utilización de los fondos de la reserva técnica para un fin diferente al que fueron concebidos, la pasividad de los órganos de gobierno del IPE para presionar al gobierno estatal a que pague los recursos monetarios que adeuda al instituto, y la omisión y complicidad de las instituciones estatales responsables de la transparencia y de la rendición de cuentas.

“La inadecuada administración, seguimiento y control de los bienes inmuebles propiedad del IPE ha ocasionado que un importante número de ellos se encuentren invadidos y aquellos que actualmente se destinan a actividades comerciales no resultan rentables. Este problema se debe a la falta de visión y compromiso de los diferentes directores generales que han ejercido la administración de estos bienes. La solución más sencilla es poner a la venta los bienes inmuebles que no están invadidos y aquellos que se pueden rescatar. Una decisión tan trascendental requeriría de un estudio a fondo sobre la situación legal y económica de cada uno de los bienes inmuebles, así como una discusión a fondo acerca del destino y uso de estos bienes inmuebles”, se lee en el documento.

LA RESERVA TÉCNICA

El diagnóstico elaborado por la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado refiere que en el Informe del IPE 2016 se reconoce que “los retiros que se han realizado a los diferentes fondos de las reservas han sido utilizados para cubrir las obligaciones que el instituto tiene que cumplir por ley, así como para otros fines relacionados con actividades de gobierno”. De esa forma, la Reserva Técnica del IPE ha disminuido de manera continua.

Para 2016, dice el diagnóstico, los saldos pendientes de transferir del gobierno estatal al IPE ascendían a 6 mil 305 millones de pesos, en tanto que el saldo para la Reserva Técnica era de 967 millones de pesos.

Ante lo anterior, se determina que es incomprensible que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) supiera de la disminución irregular de los fondos de la Reserva Técnica y no determinara en su momento las posibles sanciones en contra de servidores públicos que violentaron el marco normativo. Actuando por acción de las críticas, el Orfis presentó denuncia ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado en contra de quienes resulten responsables de probable daño patrimonial contra el IPE por 284 millones 870 mil pesos.

LOS ADEUDOS

Al 31 de octubre de 2016 la deuda que los patrones de los trabajadores al servicio del estado mantenían con el IPE ascendía  a 930 millones de pesos. Ese adeudo es uno de los grandes problemas que tiene el instituto pensionario y a pesar de que se conoce nada se ha hecho para exigir a los patrones el pago de los adeudos, violentando con ello el artículo 24 de la Ley de Pensiones del Estado Número 287 que establece: “… el Instituto, previo cumplimiento de la normatividad aplicable, podrá ordenar se retenga de las participaciones federales o de los recursos que le correspondan la cantidad estimada, tomando como base la cantidad mayor reportada en el último año regular de reporte, con independencia de que con posterioridad regularice los pagos en los términos previstos en esta ley”.

De no existir moratoria de pagos por parte de los patrones, el IPE debería recibir al año mil 540.8 millones de pesos; sin embargo, al 16 de junio de 2017 el adeudo reportado es de 606.4 millones de pesos, de los cuales 78% correspondía al impago de las contribuciones y el 22% a recargos calculados a una tasa de 5%.

De acuerdo con el citado diagnóstico de la comisión legislativa, la deuda que los organismos públicos descentralizados y ayuntamientos mantienen con el IPE es la siguiente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación:

Tribunal Superior de Justicia, 167.1 millones de pesos; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 24.7 millones de pesos; Fiscalía General del Estado, 39.5 millones de pesos; Ciudad Asistencial Conecalli, 1.5 millones de pesos; Servicios de Salud de Veracruz, 6.3 millones de pesos; Maquinaria de Veracruz, 7 millones de pesos; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, 273.5 millones de pesos; Instituto Tecnológico Superior de San Andrés, 54.2 millones de pesos; Instituto Tecnológico superior de Misantla, 32.6 millones de pesos.

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