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La Fiscalía sujetó a la acción de la justicia a José Óscar “N”

  • Diario de Xalapa
  • en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), sujetó a la acción de la justicia al exdirector general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), José Óscar “N”, quien tuviera bajo su mando todas las prisiones del Estado de Veracruz y fungiera también como director de Agrupamientos Operativos de la misma Secretaría, ambos cargos durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La Fiscalía General del Estado obtuvo las órdenes de aprehensión que posibilitaron su captura, al contar con datos de prueba suficientes para vincularlo a la comisión del delito de desaparición forzada de personas, en agravio de C.D.B.L., quien desapareciera en la ciudad de Xalapa, el 15 de septiembre del 2015.

A través de operativos policiales simultáneos, desplegados en las ciudades de Mazatlán, Sinaloa; Xalapa y Veracruz, fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial tanto José Óscar “N”, como su pareja sentimental Olga “N” y seis de sus ex escoltas identificados como Abraham “N”, Rafael “N”, Jorge Alfredo “N”, Carlos “N”, Jaime “N” y Abel “N”.

Los hechos delictivos sucedieron de la siguiente manera: durante la madrugada del 15 de septiembre de 2015, el joven C.D.B.L., se trasladó hasta el domicilio de Olga “N”, con quien había sostenido una relación sentimental. Sin embargo, aquella madrugada, Olga “N”, se encontraba con su nueva pareja, José Óscar “N”.

Alrededor de las 7 a.m., Olga “N” volvió a su domicilio, encontrándose con el ahora desaparecido, con quien sostuvo una discusión, después de la cual, se comunicó con el entonces Director General de Prevención y Readaptación Social José Oscar “N” quien en compañía de sus escoltas acudió hasta el domicilio de Olga “N”, en donde privaron de la libertad a la víctima, para trasladarlo hasta un domicilio propiedad de José Óscar “N”, ubicado en el municipio de Actopan, Veracruz. Desde aquél día, C.D.B.L. se encuentra desaparecido.

A partir de entonces, su madre, M.J.L.J., inició una búsqueda incansable, motivada, al igual que muchas otras madres veracruzanas, por un profundo amor hacia su familiar. Durante mucho tiempo ha exigido justicia, formando parte de manera activa del Colectivo por la Paz.

Durante el primer año de su investigación, M.J.L.J. tuvo que enfrentarse a la falta de respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, a punto de cumplirse dos años desde el inicio de la denuncia, los probables responsables de la desaparición de su hijo fueron detenidos y llevados ante la Jueza de Control en turno, quien legalizó las detenciones realizadas.

El mismo día de ayer, el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, formuló la imputación en contra de los probables responsables y solicitó la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por el término de un año, lo cual fue concedido por la Jueza de Control.

En los próximos días, la Fiscalía General del Estado solicitará la vinculación a proceso de los probables responsables, a partir de los datos de prueba que recabados durante la investigación que dio pie al Proceso Penal 214/2017. Cabe resaltar, que José Óscar “N” es el servidor público de mayor jerarquía en el país en ser procesado por el delito de desaparición forzada de personas.

La FGE reconoce como justas e ineludibles las exigencias de los familiares de personas desaparecidas y refrenda su compromiso de identificar y procesar a los responsables, así como de tomar las acciones necesarias para la búsqueda y localización de sus seres queridos, resaltando el importante rol desempeñado por los Colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas, con quienes se seguirá colaborando estrechamente para garantizar sus derechos a la verdad y la justicia.

La desaparición forzada de personas, es considerada como un delito de lesa humanidad, así como una de las formas más graves de violación a los derechos humanos, que consiste en la privación de la libertad ejecutada por servidores públicos de la cual nunca existe registro, sin que vuelva a saberse del paradero y destino de las víctimas.

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