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No obstante reformas, el sistema de pensiones de Veracruz sigue amenazado, asegura diagnóstico

  • Raymundo León
  • en Veracruz

Cuotas que resultan insuficientes, jubilaciones tempranas, procedimientos ineficaces para denunciar daños patrimoniales y acciones insuficientes para obligar a los deudores a que cumplan con sus compromisos financieros, han hecho que el sistema de pensiones en el estado siga amenazado, no obstante las reformas hechas a la Ley de Pensiones del Estado.

El “Diagnóstico sobre la situación del IPE”, elaborado por Arturo Méndez Montero y Manuel Reyna Muñoz, asesores de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, que preside la diputada local por Morena Daniela Griego Ceballos, establece, además de lo ya mencionado, que la excesiva injerencia del gobierno estatal cuestiona la autonomía de gestión del IPE. Indica asimismo que “los órganos de gobierno han permitido que algunas propiedades comerciales arrojen pérdidas económicas y no han realizado acciones contundentes para recuperar diez predios propiedad del IPE invadidos en su totalidad o parcialmente, por lo que ponerlos a la venta no es una solución tan sencilla”.

En el documento presentado ante dirigentes de organizaciones sindicales de trabajadores que cotizan en el IPE el 6 de julio pasado, los académicos recomiendan la necesidad que existe de transformar en retos los problemas que enfrenta el IPE si es que el objetivo que se busca es la mejora continua de su funcionamiento. “El principal reto que enfrenta el IPE es su sostenibilidad en el mediano y largo plazos. Ello implica revertir los déficit institucionales, de tal manera que los ingresos totales superen a los gastos totales; el logro de este propósito se reflejaría en la reconstitución de la Reserva Técnica”, se lee en el documento. También se lee que el IPE es un organismo descentralizado dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, pero que la integración, estructura y control de los órganos de gobierno se encuentran diseñados para que las decisiones importantes sean tomadas por la administración central del gobierno estatal.

El documento en mención refiere que el sistema de pensiones en el estado se encuentre amenazado porque las cuotas de trabajadores y las aportaciones de los patrones son insuficientes y que a ello se suma que las generaciones en transición (antes de la reforma de 2014) se jubilan con 53 y 60 años de edad. Sumado a esto, los procedimientos utilizados por los órganos de gobierno, de control y de vigilancia del IPE y del gobierno del estado son ineficaces para denunciarlos daños patrimoniales ocasionados a la institución. También se menciona que hay acciones que no son suficientes para obligar a los deudores del IPE a cumplir con sus compromisos financieros y que ello se puede advertir en el hecho de que al 31 de octubre de 2016 el adeudo por incumplimiento en la cobertura de las cuotas y las aportaciones por parte de los patrones ascendía a 930 millones de pesos.

El “Diagnóstico sobre la situación del IPE” se establece que aunque la administración de Miguel Ángel Yunes Linares ha avanzado en materia de transparencia es necesario realizar un mayor esfuerzo para que se pueda tener acceso a la información acerca del funcionamiento y operación del instituto pensionario, por ejemplo. “Se requiere de una serie de acciones para permitir la viabilidad financiera del IPE. Una vez detectadas las áreas susceptibles de mejoras, se debe determinar la estrategia a seguir para lograr el consenso sobre las acciones susceptibles de implementación”, se indica.

Entre los problemas que padece el IPE, manifiestan Arturo Méndez Montero y Manuel Reyna Muñoz, se encuentra que los fondos monetarios destinados a la inversión y a los préstamos que otorga el instituto han disminuido y con ello han descendido los ingresos complementarios. El documento menciona que hay un manejo inadecuado de las reservas del IPE por la falta de visión empresarial en el manejo de los fondos de la Reserva Técnica, la falta de un reglamento que establezca el manejo y funcionamiento de las actividades financieras del instituto, y la utilización de los fondos de la reserva técnica para un fin diferente al que fueron concebidos, la pasividad de los órganos de gobierno del IPE para presionar al gobierno estatal a que pague los recursos monetarios que adeuda al instituto, y la omisión y complicidad de las instituciones estatales responsables de la transparencia y de la rendición de cuentas.

“La inadecuada administración, seguimiento y control de los bienes inmuebles propiedad del IPE ha ocasionado que un importante número de ellos se encuentren invadidos y aquellos que actualmente se destinan a actividades comerciales, no resultan rentables. Este problema se debe a la falta de visión y compromiso de los diferentes directores generales que han ejercido la administración de estos bienes. La solución más sencilla es poner a la venta los bienes inmuebles que no están invadidos y aquellos que se pueden rescatar. Una decisión tan trascendental requeriría de un estudio a fondo sobre la situación legal y económica de cada uno de los bienes inmuebles, así como una discusión a fondo acerca del destino y uso de estos bienes inmuebles”, se lee en el documento.

La Reserva Técnica

El diagnóstico elaborado por la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado refiere que en el Informe del IPE 2016 se reconoce que “los retiros que se han realizado a los diferentes fondos de las reservas han sido utilizados para cubrir las obligaciones que el instituto tiene que cumplir por ley así como para otros fines relacionados con actividades de gobierno”. De esa forma, la Reserva Técnica del IPE ha disminuido de manera continua.

Para el año 2016, dice el diagnóstico, los saldos pendientes de transferir del gobierno estatal al IPE ascendían a 6 mil 305 millones de pesos en tanto que el saldo para la Reserva Técnica era de 967 millones de pesos.

Ante lo anterior, se determina que es incomprensible que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) supiera de la disminución irregular de los fondos de la Reserva Técnica y no determinara en su momento las posibles sanciones en contra de servidores públicos que violentaron el marco normativo. Actuando por acción de las críticas, el Orfis presentó denuncia ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado en contra de quienes resulten responsables de probable daño patrimonial contra el IPE por 284 millones 870 mil pesos.

El “Diagnóstico sobre la situación del IPE” recuerda que la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Primera de la Coordinación de Fiscales Especializados, bajo el número de Carpeta de Investigación C.I. FESP/595/2016/I-1214. “Además, el Órgano de Fiscalización Superior presentó ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos una nueva denuncia contra quien resulte responsable por el manejo indebido de 2 mil 709 millones 60 mil 306.03 pesos del IPE correspondientes al Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica F/745357 de la Cuenta Pública 2015. Dicha denuncia está relacionada con la observación número FP-033/2015/011 DAÑ del Informe del Resultado de la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio 2015, en la que se determinó un probable daño patrimonial por la cantidad de recursos ya mencionados.  La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Sexta de la citada Coordinación de Fiscales Especializados, bajo el número de Carpeta de Investigación C.I. FESP/004/2017/VI-1”, dice el documento.

En lo que respecta a la actual administración estatal, se indica que en los Estados Financieros del IPE correspondientes al primer trimestre de 2017, la cuenta relativa a los derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes y servicios a recibir ascendía a 9 mil 090.41 millones de pesos y que entre estos derechos se encuentra la subcuenta de derechos por cobrar a corto plazo, la cual asciende a 8 mil 095.96 millones de pesos. Esta cuenta, se lees en el diagnóstico, incluye el adeudo del gobierno del estado como responsable solidario por concepto de insuficiencia de recursos por pagar por el orden de 7 mil 948.52 millones de pesos.

Los asesores de la mencionada comisión legislativa revelan que en la actualidad, el Fideicomiso de la Reserva Técnica F/745357 del IPE tiene 993.3 millones de pesos, cantidad que fue invertida a 91 días en el Grupo Financiero Value con una tasa de 7.4 por ciento anual con un rendimiento de $18.58 millones de pesos y que una vez descontados los honorarios de usuario, se tendrá un total de mil 011.86 millones de pesos.

Con la intención de resolver los problemas financieros por los que atraviesa el IPE, se aprobaron reformas a la Ley del IPE en el año 2007 y se mantuvo el fondo que integra la Reserva Técnica Específica; sin embargo, se determinó que el 20 por ciento de las cuotas y aportaciones de los derechohabientes que ingresaron al servicio a partir del 1 de octubre de 1997 se destinarían a ese fondo y que se utilizarían para cubrir los beneficios que se generaran en favor de los derechohabientes.

Los adeudos

Al 31 de octubre de 2016, la deuda que los patrones de los trabajadores al servicio del estado mantenían con el IPE ascendía  a 930 millones de pesos. Ese adeudo es uno de los grandes problemas que tiene el instituto pensionario y a pesar de que se sabe nada se ha hecho para exigir a los patrones el pago de los adeudos violentando con ello el artículo 24 de la Ley de Pensiones del Estado Número 287 que establece: “…el Instituto, previo cumplimiento de la normatividad aplicable, podrá ordenar se retengan de las participaciones federales o de los recursos que le correspondan, la cantidad estimada tomando como base la cantidad mayor reportada en el último año regular de reporte, con independencia de que con posterioridad regularice los pagos en los términos previstos en esta ley”.

De no existir moratoria de pagos por parte de los patrones, el IPE debería recibir al año mil 540.8 millones de pesos; sin embargo, al 16 de junio de 2017 el adeudo reportado es de 606.4 millones de pesos, de los cuales el 78 por ciento correspondía al impago de las contribuciones y el 22 por ciento a recargos calculados a una tasa del 5 por ciento.

De acuerdo con el ya citado diagnóstico de la comisión legislativa, la deuda que los organismos públicos descentralizados y ayuntamientos mantienen con el IPE es la siguiente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación:

Tribunal Superior de Justicia, 167.1 millones de pesos. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 24.7 millones de pesos. Fiscalía General del Estado, 39.5 millones de pesos. Ciudad Asistencial Conecalli, 1.5 millones de pesos. Servicios de Salud de Veracruz, 6.3 millones de pesos. Maquinaria de Veracruz, 7 millones de pesos. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, 273.5 millones de pesos. Instituto Tecnológico Superior de San Andrés. 54.2 millones de pesos. Instituto Tecnológico superior de Misantla, 32.6 millones de pesos.

El diagnóstico presentado a los dirigentes de los sindicatos de trabajadores al servicio del estado el 6 de julio pasado, recuerda que la Reserva Técnica se constituye en una fuente adicional de ingresos mediante los rendimientos que generan la inversión y préstamos de los recursos que integran este fondo, que otra fuente adicional de ingresos proviene del usufructo de los bienes que son propiedad del IPE y que también están los subsidios anuales que transfiere el gobierno estatal a la institución. También se contemplan las cuotas y aportaciones contempladas en la Ley 287 del IPE, que se ubican entre las tasas de contribución más elevadas a nivel internacional.

Se establece que “el principal reto que enfrenta el IPE es el de asegurar y preservar su sostenibilidad financiera; es decir, asegurar su subsistencia en el mediano plazo, así como cumplir con el derecho a las prestaciones que otorga la ley a las nuevas generaciones. La situación deficitaria que ha mostrado la institución en algunos años refleja la incapacidad de los ingresos para cubrir las prestaciones de los pensionados de la institución. El instituto enfrenta problemas a partir del año 2007, los cuales se fueron agravando en los últimos años”.

El documento refiere que el gobierno del estado empezó a otorgar subsidios al IPE a partir de 2007 y que desde ese año hasta 2009 los subsidios otorgados fueron superiores a los requeridos por el instituto; sin embargo, a partir de 2010 el subsidio estatal presupuestado ha resultado insuficiente.

En lo que se refiere a la diferencia entre el pago de cuotas y aportaciones y los gastos por pago de pensiones, ésta refleja un déficit total que en 2016 representó el 17 por ciento de lo recibido por el instituto.

La relación de trabajadores activos y pensionados va en aumento, puesto que el número de trabajadores activos se incrementó de 53 mil 637 a 96 mil 778 durante el período de 1994 a 2016 en tanto que  el número de pensionados lo hizo de 8 mil 643 a 29 mil 563. De acuerdo a esta información la tasa de crecimiento promedio anual del número de jubilados resultó el doble (5.75 por ciento) respecto de la tasa de crecimiento medio anual de los trabajadores activos (2.72 por ciento).

La relación del número de trabajadores activos que son derechohabientes del IPE respecto del  número de pensionados, dice el diagnóstico de los académicos Arturo Méndez Montero y Manuel Reyna Muñoz, ha mostrado una tendencia al descenso. “La relación de trabajadores activos a jubilados ha disminuido de 6.6 en 1993 a 3.2 en 2016. La relación actual entre trabajadores activos y jubilados se traduce en un monto de cuotas y aportaciones que resultan insuficientes para proporcionar las prestaciones que se establecen en la legislación vigente. La situación resulta complicada porque existe una mayor cantidad de trabajadores activos que se incorporan a las filas de los pensionados.  Se observa que desde 2001 a 2009, la cifra de trabajadores que se jubilaban anualmente no rebasaba los mil pensionados; a partir de 2010, existen años en los que se ha duplicado el total anual de jubilados que se tenían en 2001”, concluye el diagnóstico.

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