Aunque lo más prudente será esperar que las autoridades ministeriales investiguen y esclarezcan el verdadero móvil del asesinato de Clemente Nagasaki Condado Escamilla, presidente del DIF municipal de Acayucan y miembro de una influyente familia perredista en esa región del sur de Veracruz, por lo mientras, ayer, la especulación prevaleciente en las redes sociales y corrillos políticos es que el trasfondo de la ejecución del exsubprocurador pudiera estar vinculada a la pugna política por las anticipadas sucesiones estatal y presidencial de 2024.
Y es que en el proceso electoral de 2021, la entidad veracruzana ocupó el deshonroso primer lugar nacional en violencia política –con 16 homicidios, 11 de los cuales fueron de opositores al partido en el poder–, sin que las autoridades estatales y federales hayan mostrado mayor interés y eficacia por proteger a las víctimas y combatir a los grupos criminales que, curiosamente, sólo se dedicaron a amenazar, golpear y asesinar a los aspirantes a las presidencias municipales, no a quienes contendían por las diputaciones locales o federales.
En un amplio texto titulado “Por qué Veracruz es el estado más peligroso de México en homicidios de políticos”, la agencia de investigación criminal InSight Crime analizó por qué nuestra entidad era especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por intimidar o asesinar políticos. Señalaba concretamente que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de Los Zetas Vieja Escuela se disputan el control del territorio veracruzano porque, “en primer lugar, tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales”, ya que “es largo y estrecho, y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados Unidos”, además de que “sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes”, y sus puertos marítimos “traen cargamentos internacionales de mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas sintéticas”.
En segundo lugar, apuntaban, “es corriente que grupos criminales y políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar”. El origen del problema lo remontaban a la administración del exgobernador Fidel Herrera (2004-2010), al permitir el ingreso al estado de un grupo criminal que posteriormente serían Los Zetas, “si estos acordaban hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos”.
Veracruz no es la única entidad con este grave problema. En 2021 también se hizo público cómo en la elección de gobernador de Sinaloa el cartel de Joaquín “El Chapo” Guzmán secuestró la estructura electoral del PRI para asegurar el triunfo del candidato morenista Rubén Rocha Moya.
Ahora, en la elección de Tamaulipas, existen graves señalamientos también en contra del abanderado de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, por sus presuntos nexos con Sergio Carmona Angulo, un empresario de Reynosa vinculado al negocio del huachicol que financió campañas de alcaldes y legisladores del partido obradorista hasta que fue ejecutado en noviembre del año pasado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
La especulación prevaleciente en las redes sociales y corrillos políticos es que el trasfondo de la ejecución del exsubprocurador pudiera estar vinculada a la pugna política por las anticipadas sucesiones estatal y presidencial de 2024