Hace unos días las y los diputados federales aprobamos una serie de temas prioritarios para México y, por supuesto, para Veracruz. Como ejemplo de lo anterior está la adición al artículo segundo constitucional, con lo que se reconoce a las personas afrodescendientes como integrantes de la composición pluricultural de la nación.
Hace poco conmemoramos los primeros 500 años de la fundación del Puerto de Veracruz, el primer ayuntamiento del continente americano, uno de los pocos municipios que proviene orgullosamente de tres raíces: la indígena, la española y la africana.
Como veracruzana me llena de orgullo el que pudiéramos avanzar en su reconocimiento pues en nuestro estado aún hay algunas comunidades, como Coyolillo que año con año celebra un carnaval afromestizo conocido a nivel internacional, que han preservado su fusión de tradiciones. Poco más de 3 por ciento de veracruzanos se verán beneficiados con esta reforma.
Además, con su aprobación, sentamos un precedente jurídico para exigir sus derechos y una nueva percepción social de la conformación nacional, sumando así también a la erradicación de la discriminación en contra de nuestros pueblos y comunidades.
Otro punto prioritario para nosotros, que será sin duda de gran ayuda para nuestros pueblos originarios, son las reformas hechas a la Ley Federal de Derechos de Autor eliminan la figura de “libre utilización” aplicada a las obras de arte popular o artesanal, a fin de proteger las expresiones de las culturas tradicionales y que nadie venga a aprovecharse de estas.
En Veracruz, tenemos un claro ejemplo: el año pasado, la marca de ropa Zara plagió los bordados de Chicontepec, en el norte de la entidad, para poner un engomado en un diseño de “blusa étnica”; como este hay decenas de ejemplos, por eso apoyamos esta reforma.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), nos opusimos a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo: fueron 100 las razones que, literalmente presentamos, no incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución, ni contiene los elementos establecidos en la Ley de Planeación. Carece de una visión a largo plazo, de mínimo 20 años; de una verdadera política migratoria o de una estrategia para combatir la pobreza y la inseguridad. Le falta también obras para el desarrollo regional y una verdadera política de impulso y reforzamiento del Turismo, por citar otros cuantos ejemplos. Lo anterior resulta grave porque todas las políticas que no se miden no se pueden mejorar. Así difícilmente habrá un freno a la delincuencia, a los feminicidios o a la caída en picada de nuestra economía, por eso votaremos en contra.
Y alzamos la voz también para respaldar la recomendación 29/2019, que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto del Programa de Estancias Infantiles.
Las y los priistas no permitiremos que se vulneren los derechos de cientos de miles de madres y padres trabajadores y, sobre todo, de la niñez mexicana. La política social no puede estar, jamás, al servicio de un proyecto electoral y no del bienestar de las familias mexicanas
Así, con trabajo, en el Grupo Parlamentario del PRI, del cual soy vice coordinadora, actuamos con responsabilidad.
@AniluIngram
