La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso local.
Aprovechó para arremeter en contra de “chantajistas profesionales, políticos con antecedentes penales, personajes rechazados en las urnas por el pueblo veracruzano” que “hoy se inscriben en la defensa mediática”, que descalifican y “buscan interferir em los procesos, autonombrándose figuras supraestatales”.
Si Hernández Giadáns encabezara una de las Fiscalías más eficaces del país tendría toda la razón para reclamar que nadie se entrometiera en su labor de procurar justicia pronta y expedita, pero lamentablemente para los veracruzanos no es así.
En la edición del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 –creado hace cuatro años por la organización civil Impunidad Cero– la de Veracruz figura en el antepenúltimo lugar con 36.2 puntos, sólo por encima de las de Puebla (36) y Morelos (36.1). En cambio, las Fiscalías de Nuevo León (68.6), Yucatán (68.4), Chihuahua (65.6), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5), son las mejor evaluadas.
Aparte de analizar la autonomía existente en los procesos de selección de las y los fiscales y procuradores del país, para calcular los indicadores que componen este Índice la organización no gubernamental utilizó fuentes de información públicas, como la que genera el INEGI a través de los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Estatales y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, así como el Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, publicado por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También envió 128 solicitudes de información a las 32 fiscalías y procuradurías del país y a los poderes judiciales estatales.
Por supuesto que a Hernández Giadáns le asiste la razón cuando afirma que “es inevitable hablar del pasado porque esa oscura etapa nos precedió y heredamos ese drenaje judicial”, pero precisamente por ello es que no debe desoír los reclamos que en ocasiones se hacen para exigir justicia o para evitar injusticias.
Ahí está el caso, por ejemplo, de los seis jóvenes xalapeños detenidos en septiembre pasado por policías estatales que los acusaron falsamente de “ultrajes a la autoridad”, por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal. Pero de no haber sido por la presión política y mediática del senador zacatecano Ricardo Monreal, seguramente todavía seguirían presos en el reclusorio de Pacho Viejo.
Ahora, la bancada de Morena en el Senado se ha dividido por el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, por cuya detención Monreal, el exgobernador Dante Delgado y otros senadores crearon una comisión especial investigadora porque aseguran que el expediente armado por la Fiscalía veracruzana no tiene sustento jurídico para imputarle la autoría intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado en junio pasado.