Esta modalidad de la educación básica es muy importante en su función de ofrecer oportunidades a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, o con aptitudes sobresalientes.
Es un concepto muy amplio más allá de las discapacidades físicas o mentales. Su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, orientado a eliminar o disminuir las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.
La inclusión es un desafío en la educación básica encaminado a integrar en todas las actividades escolares a las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón de tipo social, de salud, cultura, ideología, religión, género o economía, no tienen acceso al sistema educativo nacional o se encuentran en riesgo de exclusión, discriminación, o simplemente con menos oportunidades de aprender que sus demás compañeros.
Los antecedentes de la educación especial en México los encontramos desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crearon las escuelas para sordos y ciegos. Más tarde, en 1915, se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental, y posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades (“Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial”, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, SEP, 2006, México).
A fines de 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación especial y la formación de maestros especialistas para atender a una población de personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos y trastornos visuales. En los ochenta, los servicios se clasificaron en indispensables y complementarios. Los primeros funcionaban en espacios específicos, separados de la educación regular (Centros de Intervención Temprana, Escuelas de Educación Especial y Centros de Capacitación de Educación Especial) y los segundos atendían a alumnos inscritos en escuelas de educación básica y que presentaban dificultades de aprendizaje, aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta, así como alumnos con aptitudes sobresalientes (Ibid., p. 7-8).
Diversos convenios internacionales respaldan el sustento jurídico y normativo para promover este tipo de atención. A partir de 1993, con la promulgación de la Ley General de Educación, se impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios existentes de educación especial que transformó las concepciones acerca de su importante función y promovió la integración educativa, con los propósitos de combatir la discriminación, la segregación y el etiquetaje derivado de la atención a niños con alguna discapacidad, y la atención especializada en otras áreas del desarrollo como el aprendizaje de la lectura y las matemáticas.
Es un reconocimiento del derecho de las personas con capacidades especiales a la integración social y a una educación de calidad que propicie el máximo desarrollo posible de sus potencialidades. Y también un especio de orientación y consulta para padres y maestros.
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