Justo cuando el día anterior, en la Ciudad de México, al inaugurar los foros regionales sobre la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmaba que es imprescindible su revisión porque, con 10 años de vigencia, todavía continúan las agresiones y prevalece la impunidad, este martes, en Veracruz, manos anónimas subían a YouTube un video en el que deslizan que el grupo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares estaría por derramar un baño de sangre en la entidad para desestabilizar al régimen de su sucesor Cuitláhuac García, enlistando entre las posibles víctimas a cinco columnistas y un editor periodístico que paradójicamente son críticos de la administración estatal de Morena.
La turbulencia política, derivada de la pugna anticipada por la sucesión presidencial y estatal de 2024 que ha comenzado a radicalizar la confrontación no sólo con los opositores más empoderados sino también entre los propios bandos internos del partido gobernante, estaría por pasar de la cacería judicial de operadores político-electorales adversarios a poner en riesgo la seguridad de estos comunicadores.
Quien haya sido el instigador de esta estupidez flaco favor le hizo al gobernador Cuitláhuac García, ya que dicho video difamador e intimidante descompone más aún el ambiente de civilidad política y atenta contra la estabilidad social de un estado que inició el año con estridentes ejecuciones masivas de un grupo criminal que implicó al secretario de Gobierno, Erick Cisneros, con un cártel rival.
Casualmente, este lunes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que no haya la suficiente colaboración de los gobiernos estatales y municipales, de donde, en muchos casos, provienen los ataques, con alto grado de impunidad, que supera 90 por ciento, según afirmó.
Encinas señaló que se requiere mayor énfasis en la prevención y que es necesario que el nuevo marco legal, que podría ser aprobado este año por el Congreso de la Unión, involucre más a los gobiernos estatales y municipales definiendo competencias y responsabilidades. Con ello, dijo, el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas dejaría de ser sólo una política federal, lo que posibilitaría construir un sistema nacional.
Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, sostuvo que ese organismo entregó un diagnóstico con más de 100 de recomendaciones para mejorar la protección.
También lamentó que muchas de las agresiones provengan de autoridades locales, por lo que destacó la necesidad de que las reformas a la ley permitan superar la paradoja de que un mecanismo del Estado mexicano defienda a personas agredidas por funcionarios de otras instancias del mismo Estado.
A su vez, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, igualmente reconoció la necesidad de revisar el funcionamiento del mecanismo para una mayor definición de responsabilidades de los órdenes de gobierno, particularmente cuando 70 por ciento de los casos de agresiones provienen de instancias de gobiernos municipales o estatales, coincidió.
