A pesar de que Veracruz avanzó en el ranking general del Índice de Estado de Derecho 2019-2020, elaborado por World Justice Project (WJP), al pasar del lugar 24 (en 2018) a la posición 22 (en 2019), presenta bajas calificaciones en rubros como la “Investigación penal eficaz”, “Justicia civil asequible y sin procesos burocráticos”, “Procuración e impartición de justicia eficiente” y “Organismos de control como contrapeso eficaz”.

En la última evaluación presentada por la organización WJP, que mide ocho factores esenciales (Límites al poder gubernamental, Derechos fundamentales, Justicia civil, Ausencia de corrupción, Orden y seguridad, Gobierno abierto, Cumplimiento regulatorio y Justicia penal), para la consolidación del estado de Derecho la entidad veracruzana presenta bajas calificaciones, particularmente en la efectividad y calidad del sistema de justicia penal.

De acuerdo con la metodología, los perfiles estatales presentan puntajes para cada uno de los factores y subfactores del Índice del Estado de Derecho en México. Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 significa el mayor respeto por el estado de derecho.

Para la organización WJP, contar con un sistema de justicia penal efectivo es esencial en un estado de derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios; sin embargo, en la entidad veracruzana la investigación eficaz de los delitos alcanzó una calificación de 0.13.

Ubicado dentro del factor “Justicia penal”, este subfactor mide si el sistema de procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, respetando el debido proceso, e incluye variables como recursos, equipo y tecnología, formación y capacitación de los agentes encargados de la investigación de delitos y suficiencia en sistemas de información delictiva, así como indicadores de resultados sobre la efectividad de las investigaciones.

Mientras que en la medición del sistema de procuración e impartición de justicia expeditos y eficaces, Veracruz obtuvo un puntaje de 0.23, lo cual se traduce en una falta de capacidad para resolver los casos de manera eficiente y sin retrasos.

En el factor “Justicia civil”, que evalúa si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil, los resultados más bajos obtenidos fueron en los subfactores “Justicia civil asequible y sin procesos burocráticos” (con un puntaje de 0.22) y “Justicia civil expedita (0.24).

Lo anterior significa que en Veracruz los ciudadanos perciben que no cuentan con acceso a asesoría legal adecuada, asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales en materia civil o laboral, incluyendo asistencia legal gratuita si carecen de medios para pagarla.

Además de considerar que en el sistema de justicia civil aún persisten retrasos injustificados durante el proceso de tramitación y resolución de controversias.

Asimismo, en la medición del factor “Límites al poder gubernamental”, la calificación más baja se otorgó a los organismos de control como contrapeso eficaz, con un puntaje de 0.23, con ello se advierten rezagos en la independencia y la capacidad de los órganos de fiscalización y auditoría superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás organismos autónomos que en la práctica deberían funcionar como contrapesos eficaces y capaces de fiscalizar la gestión del gobierno estatal y aplicar sanciones.

Por otra parte, en materia de “Ausencia de corrupción”, el Índice nacional revela retos en el ámbito legislativo, pues al calificarla con un puntaje de 0.27, la percepción sobre el Poder Legislativo en Veracruz apunta que aún no se abstiene de prácticas como solicitar y aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o en el sentido de su voto en otras decisiones fundamentales.

El informe nacional señala que el estado de derecho es un principio de gobernanza para garantizar la seguridad, justicia, derechos humanos, democracia efectiva y el desarrollo sostenible, no obstante en México su fortalecimiento sigue siendo un tema pendiente.

Para el jefe de Investigación de World Justice Project, Alejandro Ponce, los recientes cambios de gobierno en los niveles local, estatal y federal presentan una oportunidad para iniciar un proceso colectivo de consolidación institucional dirigido a fortalecer el Estado de derecho en México, y para ello es necesario avanzar en alianzas y políticas públicas para fortalecer las instituciones y garantizar el cumplimiento de la ley.