Cuando el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, terminaba su discurso en el marco de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, comenzaron las especulaciones con relación al destinatario de la amenaza de encarcelar a un diputado local señalado por corrupción.
Yunes fue suficientemente claro al asegurar que un legislador local sería llamado a cuentas, “sometido a proceso” una vez que pierda el fuero; es decir, después del 5 de noviembre. Lo que no aclaró es quién de los diputados es el próximo candidato a una celda en Pacho Viejo.
El actual ejecutivo estatal tendrá 26 días para cumplir dicha promesa, dado que el último día de noviembre termina su mandato en Veracruz, para dar paso al sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.
Por supuesto, todo apunta que a estas alturas el gobernador no sólo tiene claro el tema de las denuncias que implicarían a un diputado local, sino también los expedientes y pruebas contra el legislador.
En los pasillos de Palacio Legislativo, Xalapa, comenzaron de inmediato las especulaciones sobre el destinatario del mensaje del gobernador del estado.
Hubo quien se apresuró a circunscribir la amenaza de cárcel contra “un diputado” a un tema de auditorías sobre a pasada administración estatal; si fuera así, las opciones se reducirían a dos legisladores que ocuparon cargos importantes en el sexenio de Javier Duarte: Juan Manuel del Castillo González, PRI, representante del distrito de Córdoba; y Vicente Guillermo Benítez González, Panal, distrito de San Andrés Tuxtla.
En el caso de Juan Manuel del Castillo, desde hace un par de años se le ha mencionado con insistencia en el contexto de las investigaciones que se siguen sobre Javier Duarte, durante cuyo mandato el diputado cordobés fue subsecretario de Administración y Finanzas.
Incluso, en abril de 2017, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura del Estado, Sergio Hernández Hernández, rechazó que el Congreso de Veracruz tenga algún compromiso con Del Castillo para que el diputado duartista no pierda el fuero. De igual manera, ubicó al legislador señalado como “un elemento más en las investigaciones que se están realizando en contra del exgobernador”.
Sin embargo, Juan Manuel del Castillo no es el único legislador local que ocupó cargos en los que se manejan recursos públicos durante la pasada administración; en ese mismo caso se encuentra el diputado por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, quien pasó por la Sefiplan, donde fue tesorero, y también por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, una de las dependencias con mayor presupuesto.
A esos dos nombres se reduciría la amenaza lanzada por Yunes Linares, si ésta tuviera que ver con señalamientos contra la pasada administración estatal; sin embargo, si el ejecutivo veracruzano se hubiera referido a cualquier acto de violación a las leyes, entonces el abanico de destinatarios se abriría de forma considerable para alcanzar al menos a otros dos o tres legisladores.
Lo cierto es que hasta ahora, sólo los nombres de los dos diputados locales veracruzanos citados, el del PRI y el del Panal, circulan en los pasillos de Palacio Legislativo como candidatos al penal de Pacho Viejo.
La duda se despejará el 5 de noviembre, cuando los actuales legisladores pierdan el fuero; unos días después, si es que se gira y concreta una orden de aprehensión; o unos días antes, en el caso de que el o los aludidos pongan pies en polvorosa, lo que de ninguna manera puede descartarse.
@luisromero85
