Dentro de las prioridades de solución en el corto y mediano plazo del actual gobierno estatal, es atender el déficit recurrente en las finanzas públicas.
El gasto corriente y el servicio de la deuda ahogan la prestación y asistencia de los servicios públicos a la sociedad y al sector vulnerable.
Para tener disponibilidad hay dos caminos; aumentar los ingresos o disminuir los egresos, este equilibrio se ha perdido en el tiempo, parte quizá por el aumento o demanda de la población, otra por mala administración que para suplir el déficit, lo más fácil es recurrir a la deuda.
Es cierto que el Convenio de Coordinación Fiscal al cual se adhirió el estado de Veracruz le ha dado satisfacciones, pero también es conocido que la educación y la salud siendo prioridades humanas han evolucionado en términos relativos y cualitativos menores a la demanda de la población.
Veracruz pasó de un millón 131 habitantes en 1910 a más de siete millones en 2017; aumento desproporcionado a los recursos disponibles, si le adicionamos la corrupción, tenemos déficit, que el estado ha compensado primero con otras partidas y finalmente recurriendo a los préstamos para dar viabilidad a la operación.
“Los últimos años simplemente ha flotado”.
Dentro de las alternativas que había mencionado anteriormente para dar estabilidad financiera, es entregar la educación básica a la Federación, así como el rescate por parte de la Federación de los préstamos por bonos cupón cero, FAFEF. (Cambio de Óptica Financiera).
Había referido que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció el 26 de noviembre que regresaría al gobierno federal los servicios de educación básica y normal en razón de la falta de recursos para seguir solventándoles, concluyendo que no tenía para pagar los aguinaldos de más de 2 mil millones de pesos.
Manifestó que habría que revisar el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las plazas transferidas suscrito en 2014, estimaba que había sido una imposición de la SHCP y la SEP. (Jessica Xantomila La Jornada 26.11.18)
Fundamenta su solicitud a la doble revisión salarial, a que la aportación estatal se incrementó 9.6% a 36.59% en 2012, el estado había pagado incrementos salariales autorizados por la Federación y los propios acordados localmente con el magisterio.
El desorden en el magisterio es grande, hay maestros que tienen multiplazas federales y estatales, no se ha hecho un censo para saber quién es quién, amén de que los trabajadores estatales reciben hasta 23 bonos durante el año.
No niega la obligación del estado de que con esta acción renuncie a de atender a la educación, se ocupara de la educación media y superior. Cita que la obligación es de la Federación, las entidades federales y los municipios son concurrentes.
La respuesta no se hizo esperar por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que apenas el jueves pasado 6 en su conferencia matutina manifestó que pretende regresar a la Federación la responsabilidad educativa y de salud, para que los recursos transferidos a las entidades federativas se utilicen para garantizar el acceso universal a estos derechos. (Annet López Ponce. Milenio 06.12.18)
Y pone de ejemplo a la CDMX que está federalizado y no tiene problema, pues hay veces que los estados lo ocupan para otras cosas, concluyó que la exigencia del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles es algo que ya tenía pensado aplicar. (La cancelación de la Reforma Educativa, va la semana entrante a la Cámara de Diputados.)
Con ello se concluye que todo amarra: ya había acuerdo para ello, entre el presidente y el gobernador; como citara el maestro Francisco Loyo Ramos: “En política, no hay sorpresas, hay sorprendidos”.
Veracruz en 2004 presentó una controversia constitucional a la metodología aplicada por la SEP derivada del Acuerdo de Modernización para la Educación, promovida por Miguel Alemán V., formulada por el maestro Juan Maldonado Pereda, precisamente por las diferencias pagadas por el estado al magisterio federal.
Diferencias por acuerdos tenidos en el DF con funcionarios federales y representantes sindicales, importes que adicionalmente incluían prestaciones pagadas localmente desde vacaciones hasta salarios por gravidez maternal, los conceptos fueron numerosos con base en la tabla de percepciones base y el porcentaje aumentado.
La reclamación fue por más de 5 mil millones de pesos, que la Suprema Corte no decidió, simplemente no la admitió; al año siguiente la administración de Fidel Herrera le dieron mil 20 millones en dos partidas como compensación.
Actualmente el Gobierno del Estado paga en materia educativa estatal más de 16 mil millones de pesos e incluye además de la educación básica, institutos, universidades, tecnológicos y hasta fideicomisos.
Se podría abrir la puerta para que Veracruz mejore su equilibrio presupuestal; constituye un reto para Cuitláhuac García y su equipo financiero.
