Este abril fue un mes de modificaciones significativas en el ámbito legislativo, ya que se dieron tres reformas importantes, la primera en términos de los amparos, la segunda con respecto a las amnistías y la tercera, y que es de la que hablaremos, esta enfocada en las pensiones.
El tema de pensiones es muy sensible dado que es la forma económica de subsistencia de los adultos mayores, y en muchos casos no solo de ellos, sino de sus familias. El tema de pensiones, además de ser sensible en términos sociales, es muy sensible en términos financieros, ya que representa un gran costo para el gasto público, además del costo de oportunidad que representa y sobre todo, que es algo que no solo aumentará en términos de monto individual, sino agregados, ya que año con año las personas envejecerán y la esperanza de vida aumenta, lo que se traduce en un problema financiero fuerte siempre y cuando no se sustente el ingreso para financiar esta transferencia.
La modificación busca la creación del “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, con el cual se busca, si bien no dotar de unas nuevas pensiones, si se busca complementar a las personas que tengan asignaciones bajas, con lo cual puedan conseguir un monto equilibrado que se estima pueda oscilar en los $16,777 pesos, esto al pensionarse y habiendo disponibilidad del recurso, por lo cual, este tendrá una composición de diferentes rubros para garantizar su fondeo.
La capitalización para este fondo se estima provenga de diferentes rubros y segmentos, esto para no ser susceptibles a cambios en algún sector, para ello, se tiene contemplado provenga del 25% de los dividendos generados de entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, como por ejemplo el tren maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, así como otros aeropuertos y puertos. Además de los recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el cobro de adeudos de entidades públicas con IMSS, ISSSTE y Servicio de Administración Tributaria.
La parte controversial es la utilización pensiones y fondos de vivienda que no hayan sido reclamados por trabajadores del sector privado de 70 años o más y del público de 75 años, ahora bien, se estructura que para que esto aplique, antes se les avisará a las personas un año antes de que se realice la transferencia, además de que no aplicará a trabajadores en activo, por lo cual, en teoría no generará ninguna alteración sobre los beneficios de alguna persona, y ese recurso, se quede en manos de empresas privadas o se genere corrupción en el entorno público.
La población que se verá beneficiada con este recurso extra, serán trabajadores del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 (cuando entró en vigor el ahorro en cuentas individuales gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro), y a los del sector público que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007.
@EdgarSandovalP
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