/ miércoles 2 de octubre de 2019

Arbitrariedad y uso faccioso del poder público

El despotismo, la falta de atención a los denunciantes y querellantes de hechos y actos tipificados como delitos por la ley penal, más el gran rezago que según declaraciones de la encargada de la Fiscalía Verónica Hernández Giadáns, alcanzan la cifra escandalosa de 50 mil carpetas, fueron razones más que suficientes para que los miembros de la diputación local veracruzana determinaran la suspensión del cargo de Jorge Winckler.

Lo anterior no va a resarcir el daño causado a las partes agraviadas en esas 50 mil acusaciones rezagadas en los archivos del exfiscal y es por ello que sus omisiones que causaron perjuicio al interés público que tutela los derechos humanos y sus garantías, quedarán sin reparación de los daños ocasionados por el fiscal Winckler, quien con su tácita negación de procurar justicia dañó los intereses públicos fundamentales.

Y aún con todo el viciado procedimiento en que incurrió el Congreso del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió sobre los inoperantes e improcedentes argumentos del exfuncionario, porque importa más impartir justicia a los miles de agraviados por Winckler y sus colaboradores, que atender los caprichos y endebles argumentos jurídicos expuestos en su demanda de amparo por el quejoso.

A la Cámara local de Diputados esperan tareas importantes que en su labor de fiscalización tiene que cuidar, como la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno estatal y de los 212 municipios, más la revisión y actualización de las leyes locales como para distraer sus funciones, haciendo suyos los pleitos “de casa” donde un alcalde ha resultado ineficaz para conciliar el trabajo de los ediles y de manera injustificada pretenda separarlos de sus cargos, para demostrar que tiene todo el poder, con el padrinazgo del más alto nivel.

Hoy que se sabe de toda la fuerza política del presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza y sus parientes cercanos que fungen como secretario y director jurídico del Ayuntamiento, fuerza que por encima de la ley caerá sobre la síndica, recurriendo a la infundada y temeraria solicitud para que se le suspenda en sus funciones, pues no existen causas graves para su remoción y en este año de defensa de la mujer, considerado por el Congreso federal de la “Paridad de Género”, seguramente AMLO reprobará a los diputados de Morena por su injusto proceder.

El despotismo, la falta de atención a los denunciantes y querellantes de hechos y actos tipificados como delitos por la ley penal, más el gran rezago que según declaraciones de la encargada de la Fiscalía Verónica Hernández Giadáns, alcanzan la cifra escandalosa de 50 mil carpetas, fueron razones más que suficientes para que los miembros de la diputación local veracruzana determinaran la suspensión del cargo de Jorge Winckler.

Lo anterior no va a resarcir el daño causado a las partes agraviadas en esas 50 mil acusaciones rezagadas en los archivos del exfiscal y es por ello que sus omisiones que causaron perjuicio al interés público que tutela los derechos humanos y sus garantías, quedarán sin reparación de los daños ocasionados por el fiscal Winckler, quien con su tácita negación de procurar justicia dañó los intereses públicos fundamentales.

Y aún con todo el viciado procedimiento en que incurrió el Congreso del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió sobre los inoperantes e improcedentes argumentos del exfuncionario, porque importa más impartir justicia a los miles de agraviados por Winckler y sus colaboradores, que atender los caprichos y endebles argumentos jurídicos expuestos en su demanda de amparo por el quejoso.

A la Cámara local de Diputados esperan tareas importantes que en su labor de fiscalización tiene que cuidar, como la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno estatal y de los 212 municipios, más la revisión y actualización de las leyes locales como para distraer sus funciones, haciendo suyos los pleitos “de casa” donde un alcalde ha resultado ineficaz para conciliar el trabajo de los ediles y de manera injustificada pretenda separarlos de sus cargos, para demostrar que tiene todo el poder, con el padrinazgo del más alto nivel.

Hoy que se sabe de toda la fuerza política del presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza y sus parientes cercanos que fungen como secretario y director jurídico del Ayuntamiento, fuerza que por encima de la ley caerá sobre la síndica, recurriendo a la infundada y temeraria solicitud para que se le suspenda en sus funciones, pues no existen causas graves para su remoción y en este año de defensa de la mujer, considerado por el Congreso federal de la “Paridad de Género”, seguramente AMLO reprobará a los diputados de Morena por su injusto proceder.