Desde hace tres semanas circulaba una versión extraoficial que costaba trabajo creer: que en una reunión, en el puerto de Coatzacoalcos, el gobernador Cuitláhuac García les había llamado severamente la atención a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Isabel Romero Cruz, y a los tres miembros del Consejo de la Judicatura, a los que inclusive les habría pedido su renuncia –pese a pertenecer a otro poder autónomo– por su sospechoso interés personal en un millonario contrato para la construcción de una nueva Ciudad Judicial en Zongolica.
La reprimenda del mandatario estatal ocurrió el jueves 9 de este mes que está por concluir, día en que García Jiménez y los magistrados asistieron a la sesión solemne que la LXVI Legislatura local celebró en esa ocasión en el sur de Veracruz por la conmemoración de los 500 años de la fundación de Coatzacoalcos y para la entrega de la “Medalla al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2022” al biólogo y doctor en Gestión Ambiental, Manuel Guevara Huerta, quien a lo largo de 45 años de trayectoria académica ha contribuido en el perfeccionamiento de las políticas públicas en la materia, además de que ha formado generaciones de profesionistas conscientes de la necesidad de remediar el daño ambiental.
A esta sesión legislativa, a la que acudieron 46 de los 50 diputados locales, hubo otra invitada especial: la secretaria de Energía, Rocío Nahle, fuerte aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024, y a la que el martes 14 de septiembre de 2021 visitó Romero Cruz en su oficina de la Sener en la Ciudad de México.
En la fotografía que subió en aquella ocasión a su cuenta de Twitter, la magistrada presidenta del PJE sólo reveló que dicha reunión fue “con la finalidad de refrendar el trabajo coordinado, avanzar en la construcción del Estado de Derecho y generar bienestar a los veracruzanos”. Además, agradeció sus “atenciones y apertura al diálogo”.
Quizá por ese madrinazgo político de la senadora de Veracruz con licencia, el gobernador no presione más a Chabelita, a quien el Congreso local que lidera el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, muy apegado actualmente a Nahle, le concedió “una dispensa de ley” para que pudiera concluir hasta el 4 de noviembre próximo su periodo como presidenta del PJE, ya que desde el 19 de abril pasado debió retirarse al cumplir 70 años, edad límite que establece la Constitución Política del Estado para la jubilación forzosa de un magistrado.
Pero, antes de irse, Romero Cruz ha sido emplazada a implementar otro Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad similar al del pasado ejercicio fiscal obligado por el déficit presupuestario de 500 millones de pesos, cuya ejecución, por cierto, le acarreó a su directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, una serie de ataques mediáticos personales que ahora se han extendido a su familia, lastimando inclusive a sus pequeñas hijas, por lo que la funcionaria ha decidido proceder legalmente contra quienes resulten responsables.
Antes de irse, Romero ha sido emplazada a implementar otro Plan de Austeridad similar al pasado
