El ahorro presupuestal que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para cubrir sus proyectos asistencialistas orientados al rescate de los mexicanos que viven en estado de pobreza, encuentra sus primeros escollos al tiempo que comienza a surgir una franca oposición de grupos políticos que al perder la elección presidencial, se quedaron fuera de la nómina.
Desde la dirigencia nacional y su representación en el Congreso, el PAN y sus partidos satélites, así como las asociaciones “civiles” sin aparente filiación partidista, todos identificados por el interés de disponer de dinero, de una parte del presupuesto público, con el pretexto de financiar sus actividades “políticas o de asistencia social”, simplemente para mantener en la nómina su “base social” creando cotos de poder y grupos de presión, pagados con presupuesto público que a su vez se nutre de nuestros impuestos.
Ya salió a la prensa una señora de nombre Loretta Ortiz, a comprometer en nombre de AMLO, las “fiscalías especiales para atender las demandas expresadas en los Foros por La Paz”, como si no bastara con la PGR, las fiscalías estatales y la CNDH y las de las entidades federativas, para su atención. La ineficacia no se corrige con más burocracia y el adelgazamiento de las nóminas en todo el gobierno permite ampliar sus acciones y desarrollar programas en favor de los que menos tienen.
Ahora lo que faltaba, senadores del PAN proponen la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana y en su planteamiento establecen como ejes rectores de esa nueva dependencia del gobierno federal: “la protección de las personas, garantizar los derechos humanos, y fortalecer la participación ciudadana”. O sea duplicar y triplicar las dependencias oficiales que ya existen desde hace tantos años, que quizá por esa razón no las conozcan.
Para las sesudas senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, quienes por ignorar que lo que solicitan ya existe, lo único que merecen es obligarlos a cursar el ABC de los derechos y obligaciones de los integrantes del Senado, o tal vez comprometerlos a llevar un curso de Administración Pública, Derechos Humanos, Amparo, y Derecho parlamentario.
A ver si así evitan presentar propuestas aberrantes y notoriamente improcedentes. Don Damián Zepeda todavía está en edad de estudiar, aunque sea por línea, si es que sus compromisos senatoriales no le permiten asistir a una universidad que no sea “patito”.
